María Ysabel Cedano en la CIDH: «Es obligación de la Academia de la Magistratura impartir cursos sobre género y justicia»

«Ante el informe sobre el Consejo Nacional contra la Discriminación (CONACOD) presentado por el Estado peruano y conforme a lo expuesto en nuestro caso, solicitamos que Estado peruano tome en cuenta la adopción de las siguientes medidas:

1. En primer lugar, modificar el Decreto de creación de la CONACOD para que se incluyan a la totalidad de los sectores del Poder Ejecutivo. La participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es fundamental para compatibilizar la política económica y fiscal con la política de derechos humanos, igualdad de género y anti discriminación.
2. En segundo lugar, revisar la regla establecida, mediante la que los acuerdos de la CONACOD sólo vinculan a quienes votan a favor. Ante todo, las decisiones de la CONACOD deben estar enmarcadas dentro de las normas y compromisos internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos y que son vinculantes para todos los estamentos del Estado. Los sectores que no votan a favor de un acuerdo amparado por ello, no puede negarse a cumplir.
3. En tercer lugar, la CONACOD debe emitir opiniones técnicas y asesorar a todo el Poder Ejecutivo para que las políticas del Estado en materia de igualdad y no discriminación estén acorde con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

En ese sentido: 

• Es urgente que emita una opinión técnica y asesore para que se revise el proceso de construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos con participación de la sociedad civil, con el fin que se reconozcan como sujetos de derecho a las ciudadan@s LGBTIQ.
• Emita opinión técnica y asesore a las instituciones del sistema de justicia a fin que adopten medidas para evitar la re victimización por discriminación. Entre ellas, dar seguimiento a la obligación de la Academia de la Magistratura (AMAG) de impartir cursos sobre género y justicia, lo que implica modificar la malla curricular actual y asignar presupuesto en concordancia con su reglamento y Acuerdo de entendimiento en el caso M.M vs. Estado peruano.
• Y con relación al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), asesorar y opinar técnicamente para que se bonifique la formación en género y apruebe Guía de evaluación a magistradas/os con perspectiva de género e interculturalidad como medidas antidiscriminatorias y compatibles con Ley y Plan que apuntan a la igualdad de género.
• De seguimiento y fiscalice el cumplimiento de metas del Plan Nacional sobre Derechos Humanos, relacionadas con el acceso al AOE y a un aborto terapéutico libre de discriminación».

Foto: CIDH.

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