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“Se habría atentado contra la casa de Máxima y contra su cuerpo, y el Estado no hace nada”

24 JUN 2016

Luchar por la tierra contra un gigante minero, contra el Estado, contra una sociedad indiferente ocasiona daños en la salud mental. Campesinas e indígenas que se enfrentan al poder económico sufren acoso, hostigamiento, maltrato físico y emocional; en una sola palabra: violencia. Jennifer Villodas, psicóloga de Demus, integra el equipo que lleva adelante junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el CMP Flora Tristán y las españolas AIETI y Entre Pueblos una serie de acciones con las mujeres defensoras de la tierra, el agua y otros derechos humanos; su misión es lograr que estas lideresas nombren y denuncien la violencia de género de la que son víctimas, y encontrar mecanismos de participación política basadas en la igualdad.

* Por Amanda Meza Ruiz

– Muy poco se habla de la salud mental asociada a los conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales cargan violencia y mucho dolor. Si bien son problemas que se generan por territorio, lo cierto es que no solo son parcelas, no son 20 litros de agua por los que se lucha; ése es un enfoque que a veces podría partir desde la ciudad. Para las campesinas y campesinos, el sol, las plantas y el agua son parte de sus propios cuerpos. El agua que beben fluye por su cuerpo y es como un círculo: me alimento, siembro, cosecho y me vuelvo a alimentar. Entonces un conflicto por la tierra es un conflicto de cuerpos, vivencias, se vive desde su propia carne.

–  No es una cuestión de posesión de un objeto, de algo físico…

Claro. Sienten que su cuerpo es violentado, pero también el de sus hijos, sus hermanos, sus vecinos, su comunidad. Y es que en la lógica de la tierra como una extensión del cuerpo les están expropiando algo. Este acompañamiento de Demus pretende que se elabore personal y colectivamente este proceso de expropiación en ellos mismos y poder organizarse para defender su territorio. No es luchar por su agua, su tierra solamente, sino luchar por ellos mismos. Entonces lo territorial es personal.

– Con cuántas mujeres están trabajando este reconocimiento de violencia de género ocasionada por la empresa minera y el Estado

Son mujeres de Cajamarca, Bambamarca y Celendín que pertenecen a rondas campesinas mixtas (mujeres y hombres), así como a colectivos organizados por la defensa del agua y la tierra. También estamos acompañando a Máxima y Mirtha Vásquez, su abogada, frente a una violencia de género que se presenta de manera particular en contextos de conflicto socioambiental, actos que lamentablemente podrían estar siendo perpetrados desde el Estado y de las empresas extractivas.

– ¿Qué afectaciones han encontrado en estas mujeres lideresas?

Encontramos que son mujeres muy fuertes con liderazgo para mantener la lucha y ‘poner el cuerpo’ en la primera línea de una manifestación. En las movilizaciones cobran una posición importante, no obstante, corren riesgos también. Muchas mujeres cuentan que durante las movilizaciones sufren acoso sexual de la policía que les manifiesta insinuaciones como: “No estés haciendo esto, yo te puedo hacer feliz’ y otro tipo de sugerencias de corte claramente sexual.

– Y cómo reaccionan sobre esas situaciones

Durante el trabajo con las compañeras, van reconociendo que no solo los golpes sino que los insultos o frases de insinuación sexual también son actos de violencia contra ellas. Saben que les molesta, sin embargo, no hay espacios para que elaboren la violencia sufrida, lo debatan y admitan que viven en una cultura completamente machista.

– Reconocer la violencia debe ser difícil en un contexto en que se ve a diario en la casa o la calle

Después de mucho trabajo, más de un año, muchas reconocen acciones violentas como expresión de machismo en la casa, en la calle o en la lucha. Por ejemplo, entienden que cuando van en la primera fila de las protestas sus cuerpos son utilizados como herramienta de protección de los otros, y ya lo reconocen. Sin embargo, aún son víctimas de violencia en los espacios de decisión de su comunidad cuando, por ejemplo, en sus reuniones les dicen ‘no grites’ ‘habla bajito, por qué gritas’; y en sus organizaciones los hombres intentarían imponerse sobre las voces de las mujeres.

– El ataque a las dirigentes o lideresas siempre se manifiesta de forma sexual de parte de una empresa o una autoridad

Supimos de un conflicto en Celendín en el cual llegaron muchos policías y luego de terminada la injerencia policial, se encontró a muchas mujeres embarazadas de dichos policías. Es muy curioso este escenario, como lo que pasó durante el conflicto armado, en el que se usaba la violación sexual como una forma de depositar su poder en la mujer y en la comunidad, y recordar a los varones quién es el más fuerte.

– Y en el caso de Máxima Acuña, ¿cómo se ejecuta la violencia de género?

En el caso de Máxima Acuña, la violencia que ejercería la empresa minera Yanacocha involucra a toda su familia, promoviendo disputas, desconfianza y alejamientos. El acoso permanente, la vigilancia, la destrucción de sus chacras han minado su posibilidad de sentirse libres, libres de caminar, de conversar, de demostrarse afecto, de comunicarse con otras personas. Inmediatamente piensan que la empresa minera sabe lo que están haciendo. La empresa minera se ha encargado de introducir chismes y engaños a través de terceros. Esta sensación de no poder confiar en nadie hace que la familia se perciba aislada, con mínimas redes de apoyo.

– ¿Cuál es el desafío en este caso?

Como Demus, queremos construir con Máxima el reconocimiento y verbalización de la violencia de género que sufre. En principio, ella tiene un proceso judicial por su territorio que camina con tropiezos y con claros indicios de corrupción, con fiscales y jueces que no estarían actuando con la debida diligencia. Ese proceso judicial también es personal porque hay que hacer frente a todo lo que la empresa minera Yanacocha representa y evaluar cómo se afrontarán los siguientes pasos.

– Pero, la violencia también proviene de un Estado que no le brinda protección

Hay un mensaje de impunidad y de poca humanidad ante el caso, porque se conoce de la violencia que sufre Máxima con su familia más allá del proceso judicial. Se habría atentado contra la casa de Máxima y contra su cuerpo, y el Estado no hace nada. Hasta los fiscales le preguntan “¿por qué cree que los balazos fueron en su casa y no en otra?”, cuando no vive nadie a más de una hora de camino.

– ¿Cómo afecta la violencia de género la salud física y mental de los Chaupe Acuña?

Máxima lleva en su cuerpo todos los problemas con la empresa minera. Sufre muchos dolores. Siempre que le pregunto cómo está, me dice que tiene malestares. No vive tranquila y su esposo sufre dolores de cabeza también a raíz de que escuchó disparos cerca de su casa. Debemos ser muy cuidadosas porque ha pasado en otros casos de violencia que cuando cuesta mucho más verbalizar el dolor sufrido, somatizan sus malestares y pueden derivar en el debilitamiento del cuerpo, haciendo posible la aparición de dolencias y enfermedades, incluso degenerativas en el peor de los casos. Por eso, es importante acompañar su caso, brindar un acompañamiento psicológico que permita elaborar el impacto de la violencia y les permita seguir adelante con su lucha.

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