*Abogado de Sabino Valentín Rutti, militar procesado, presentó recusación contra el presidente Marco Cerna Bazán del Colegiado B de la Sala Penal, alegando supuesta parcialidad en juicio por Manta y Vilca.
Cuestiones y preguntas del Comité CEDAW al Estado Peruano
Sabino Valentín Rutti, uno de los 14 militares enjuiciados por violencia sexual, como crimen de lesa humanidad, en las comunidades de Manta y Vilca, en Huancavelica, durante el conflicto armado interno, presentó una recusación contra el presidente del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, Marco Cerna Bazán, por presunta parcialidad.
Según el acusado, el hermano de Cerna Bazán, «trabaja para el Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocina a un grupo de denunciantes”. No es el único motivo, la estrategia de la defensa del militar acusado también intenta descartar a la testigo experta Matilde Ureta de Caplansky, reconocida psicoanalista que ha sido propuesta para explicar las consecuencias psicológicas en las víctimas de las violaciones sexuales en el conflicto armado interno.
Asimismo, el procesado pretende anular el requerimiento del tribunal para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), así como el Ministerio de Salud (MINSA), designen un grupo de psicólogos y psicólogas que acompañen a las mujeres denunciantes durante el desarrollo del juicio.
En presidente del Colegiado B, Marco Cerna Bazán, rechazó los cargos aclarando que su hermano es periodista, pero nunca trabajó para el IDL.
Asimismo, aclaro que la designación de psicólogos/as para que acompañen a las denunciantes en el proceso judicial, es un mandato legal estipulado en la ‘Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-LEY-N° 30364’.
Rossy Salazar, abogada de DEMUS, que patrocina a tres de las sobrevivientes de violencia sexual en Manta y Vilca, señaló que es desconcertante que se intente anular la propuesta de la testigo del IDL debido a que «la testigo experta es una persona que aporta conocimientos más no define nada, y ellos tienen la misma oportunidad que nosotros de presentar a sus testigos”, precisó.
«Este nuevo recurso lo único que hace es dilatar más el proceso. Pudieron interponerlo desde el inicio y no lo hicieron, han esperado hasta ahora para perjudicar el juicio. De declararse fundado la solicitud todo volvería a fojas cero y habríamos perdido dos meses del caso, perjudicando a las patrocinadas que siguen esperando por justicia hace 30 años.», sentenció Salazar.
La próxima sesión será el miércoles 7 de setiembre de 2:30 a 4:30 p.m. en el Colegiado B de la Sala Penal Nacional. (Av. Uruguay cdra. 1).
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