MINJUS rechaza brindar reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas

Entre las razones utilizadas por el MINJUS para intentar deslegitimar la demanda de amparo presentada por la asociación de mujeres víctimas este 14 de abril en el Poder Judicial, se mencionó que las esterilizaciones fueron responsabilidad del sector salud en la década del noventa y no por parte del presente ministerio.
Según la abogada de DEMUS, Ana María Vidal, con ello no solo está desconociendo los alcances del derecho a la reparación, sino también el mandato y las propias competencias del MINJUS: “Entre las competencias del MINJUSDH se encuentra formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política en materia de derechos humanos. Siendo las esterilizaciones un caso comprobado de violación a los derechos fundamentales durante el Gobierno de Alberto Fujimori, le corresponde a esta institución del Ejecutivo garantizar a las víctimas el acceso a las reparaciones integrales”, señaló la abogada.
Además, entre los múltiples argumentos que buscan desconocer este derecho, el MINJUS señala que las demandantes, entre ellas, Inés Condori presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas no se encuentran en la capacidad de demandar por esta violación; o que las víctimas no habrían recurrido antes al recurso de petición, desconociendo así las múltiples ocasiones en las que las víctimas por todos estos años vienen pidiendo de manera oral o escrita al MINJUS que les reconozca este derecho; o que el plazo para interponer la demanda ya habría prescrito. Del mismo modo, plantearon que en todo caso las víctimas podrían acudir a otros procesos como el proceso penal o el de inconstitucionalidad, o acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esta respuesta del MUNJUS, que niega la protección de miles de víctimas registradas en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF), respondieron al Poder Judicial y reafirmaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación por los derechos vulnerados de todas las víctimas producto de una política pública que violentó sus derechos humanos y que constituiría incluso un crimen de lesa humanidad.
La Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada de Chumbivilcas y el GREF reiteran que el Estado peruano tiene “la obligación internacional de cumplir con el derecho a la reparación integral de todas las víctimas de esterilizaciones forzadas a través de una política pública por haber cometido, de manera masiva graves violaciones a los derechos humanos que como crímenes de lesa humidad”.
“Desde el GREF esperamos la programación de la audiencia de la demanda de amparo a fin de que una representante de las miles de víctimas exponga ante el Juzgado cómo el Estado Peruano sigue negando sus derechos fundamentales”, agregó María Esther Mogollón, coordinadora del GREF.