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OCMA investiga a jueces de Sala Penal Nacional por conducta en juicio Manta y Vilca

13 SEP 2017

Abogados de DEMUS y el IDL sustentaron pedido para que magistrados se aparten del proceso. Fiscal también apoyó la recusación

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió investigación de oficio contra los tres jueces/as del colegiado B de la Sala Penal Nacional que tienen a su cargo el juicio Manta y Vilca contra 14 integrantes de las Fuerzas Armadas por violación sexual en la modalidad de crimen de lesa humanidad, durante el conflicto armado interno, en agravio de las mujeres de las comunidades de Huancavelica.

Emperatriz Pérez Castillo, Otto Verapinto Velásquez y Carlos Payano Baronason los tres magistrados que tienen a su cargo el juicio Manta y Vilca y que ahora son investigados por OCMA. La información fue proporcionada a los abogados/as de DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocinan a las nueve denunciantes de este proceso, durante la audiencia en la que ambas instituciones sustentaron el pedido de recusación de los/as magistrados.

“Nos parece positivo que la OCMA investigue al tribunal por su actuación revictimizadora contra las agraviadas durante la toma de sus testimonios. Y queremos denunciar la indignante actitud de la defensa de los acusados que señala que no puede haber críticas a los jueces y nos tildan de “caprichosas”. Creemos que ya no estamos en los años de los jueces sin rostro, sino que de la mano con lo que señala la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional hay un derecho a que los juicios sean públicos porque de lo contrario se vulnera el derecho al debido proceso”, sostuvo Rossy Salazar, abogada de DEMUS.

“Que un juicio sea público permite que la sociedad observe irregularidades que se cometen a puerta cerrada. Se ha recusado a la Sala porque además de declarar el juicio en reserva, se ha revictimizado a las denunciantes cuestionando sus reacciones tras la violencia sexual de la que fueron objeto y se buscan limitar la declaración de los testigos, impidiendo conocer el contexto de violencia sexual en el conflicto armando, lo que cierra la posibilidad de calificar estos delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad y prescriban”, comentó Cynthia Silva, abogada de Demus.

Durante la audiencia el Fiscal Superior Pedro Orihuela recogió los argumentos de la recusación de los abogados de las víctimas.

“El fiscal señaló enfáticamente que el tribunal no tiene imparcialidad objetiva ni subjetiva y que también se ha violado el derecho a probar de la Fiscalía, más aún si es caso emblemático investigado por la CVR y constituye un delito de lesa humanidad, agregó Juan José Quispe, abogado de IDL.

“Denunciamos parcialización de los jueces con los acusados y llamamos a la opinión pública a exigir justicia para las mujeres de Manta y Vilca que han esperado más de 30 años por un juicio. Que exista peligro de impunidad es transgredir su derecho a verdad y acceso justicia”, puntualizó Rossy Salazar.

La Sala Penal Nacional resolverá el próximo miércoles 19 de setiembre a las 8:30 a. m. el pedido de apartamiento del proceso de los/as magistrados.

 

DATOS ADICIONALES
• El 21 de marzo de 1984 se instalan en Huancavelica las bases militares en las comunidades de Manta y Vilca. Los militares implantaron detenciones arbitrarias, saqueos, castigos, torturas y amenazas de muerte. El informe de la CVR documenta que mandos militares toleraron y fomentaron una política sistemática y generalizada de violaciones sexuales a mujeres para ejercer control en las comunidades. La mayoría de víctimas eran niñas y adolescentes. Después de 33 años se inició el juicio oral contra las FF.AA.
• Según el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones hubo 5048 Víctimas de violación sexual (4910 fueron mujeres) durante el conflicto armado. 1445 en el gobierno de Fernando Belaunde, 2183 en el de Alan García, y 1420 en el de Alberto Fujimori.
• A la fecha han fallecido sin justicia 330 víctimas de violación y 143 de otras formas de violencia. Las regiones más afectadas fueron Ayacucho, Huancavelica y Apurímac

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