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Organizaciones de mujeres exigen al TC hacer justicia a favor de más de 1300 víctimas de esterilizaciones forzadas

03 AGO 2020

Más de 1,300 víctimas de esterilizaciones forzadas podrían quedarse sin justicia si el Tribunal Constitucional falla a favor del proceso de amparo interpuesto por Marino Costa Bauer, exministro de salud durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Diversas organizaciones de mujeres como “Somos 2074 y Muchas Más”, “Colectiva Collera”, el grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas-GREF y Demus se unieron para exigir al Tribunal Constitucional (TC) declarar infundado el proceso de amparo interpuesto por el exministro de Salud, Marino Costa Bauer, uno de los gestores de las miles de esterilizaciones forzadas en el Gobierno de Alberto Fujimori.
En el taller “Resistiendo por Justicia y Memoria: Jornada de Costura y Diálogo” se resaltó la importancia de continuar con la lucha por las más de 1,300 mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, que podrían quedarse sin justicia si el TC admite el pedido de Costa Bauer.

Durante la jornada, María Ysabel Cedano, abogada y especialista en género de Demus, manifestó que es necesario que el TC dicte un fallo porque ha pasado más de un año y aún no existe respuesta al respecto. “El magistrado Manuel Miranda es el encargado de sustentar y proponer el fallo del tribunal ante el pleno. Nos dijo que iba a resolver, pero hasta la fecha no lo ha hecho”, sostuvo.
También acotó que existe el riesgo de que el caso se anule si el máximo órgano constitucional no emite un pronunciamiento. “Dieciocho años han pasado desde que se abrió el caso de las esterilizaciones forzadas y aún estamos lejos del juicio”, añadió la abogada.
Por su parte, la congresista de la República por el Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, consideró a las esterilizaciones forzadas como un acto atroz de violaciones a los derechos humanos dentro de una “democracia de baja intensidad”.
Argumentó también que, si la campaña de esterilizaciones forzadas hubiera sido a mujeres urbanas de clase media, hubiera sido escandaloso. Pero, como se aplicó a mujeres “triplemente subalternas”, es un tema que no despega en el ámbito de lo público. “Por ello es nuestra tarea fundamental pronunciarnos al respecto, tener esa tarea de exigir justicia”, dictó.
En otro momento, Silva Santisteban mencionó que en la comisión de la mujer del Congreso se ha formado un grupo de trabajo de violaciones sexuales en el conflicto armado interno y de esterilizaciones forzadas.
“El objetivo de este grupo es escuchar a las víctimas y especialistas que nos puedan informar sobre la situación y conversar con el Ministerio de Justicia sobre las reparaciones”, dijo. Añadió que en estos momentos de pandemia verán también la posibilidad de brindar un bono para mujeres esterilizadas y otro para aquellas que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado interno.

Siguen esperando respuesta del Ministerio de Justicia sobre bonos universales
“Como GREF hemos apoyado las cartas que la asociación de mujeres peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas ha enviado al Ministerio de Justicia y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS por los bonos”, se pronunció María Esther Mogollón, Co Coordinadora del GREF, quien consideró que el MINJUS debería tener una respuesta más solidaria con las víctimas que hoy padecen por salud y falta de apoyo.
Asimismo, la presidenta del ONAMIAP, Melania Canales, informó que los bonos universales no han llegado a las víctimas que se encuentran en situación vulnerable. “Las mujeres víctimas de esterilización forzada, la gran mayoría mujeres indígenas, han sido olvidadas en esta pandemia”, pormenorizó.
Detalló que en el año 2015 se logó crear el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – REVIESFO, mediante el cual se les debería brindar atención prioritaria en salud, pero muchas de ellas que tienen síntomas de Covid-19 no han sido atendidas. “Dos hermanas han fallecido y otras se encuentran graves. Muchas, incluso, no pueden recibir el bono”, indicó.

Memoria por Celia Ramos Durand
En el evento también participaron Marcia y Marisela Monzón Ramos, dos de las tres hijas de Celia Ramos Durand que falleció un 22 de julio de 1997 en Piura, después de haber pasado 19 días en la unidad de cuidados intensivos. 23 años después aún no obtiene justicia ni reparación.
Marisela Monzón Ramos contó que perdió a su madre a los 10 años y que no recibió una información clara de lo que pasó con ella. “Solo nos dijeron que mamá murió por sobredosis de anestesia. Pero durante el proceso nos enteramos que fue un crimen, lo cual fue muy doloroso. Ello nos dado fuerza para seguir y es allí donde decimos que las memorias no deben quedar en silencio”, sostuvo.
Asimismo, manifestó que su lucha no se basará en el rencor, sino en el amor. “El mensaje es que nos sigan ayudando. Vamos a seguir en esta lucha, seguir y seguir. Juntas podemos hacer un montón de cosas. Siempre dando un mensaje guiado por el amor, más que por rencor o resentimiento.
En tanto, Marcia Monzón Ramos sostuvo que hablar de su mamá le cuesta muchísimo y que el dolor solo se puede cubrir con la búsqueda de justicia. “No estemos con un sentimiento de rencor, de cólera, por el contrario, con el amor del mundo se pueden hacer cosas increíbles”, destacó.
Así como el de Celia, hay otros casos que podrían quedarse sin justicia, como el de Mamérita Mestanza Chávez, Alejandrina Aguirre Auccapina, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espinola Otiniano y muchas más, si el Tribunal Constitucional no declara infundado el pedido del exministro de Salud de Alberto Fujimori, Marino Costa Bauer, siendo el magistrado Manuel Miranda responsable de agilizar este trámite.

DATO:
Hasta la fecha, el Ministerio Público ha registrado 1,321 víctimas en una investigación de Lima y existen otras miles en investigaciones fiscales. Marino Costa Bauer se encuentra denunciado junto a Fujimori y los exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta por delitos contra la vida y violación a los derechos humanos.

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