Para el Consejo Nacional de la Magistratura otorgar un puntaje adicional a quienes tengan formación en género es «dar un trato desigual frente a otros postulantes»

Durante el II Diálogo Ciudadano Nacional, realizado ayer en la Defensoría del Pueblo, se tuvo como tema central el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual. En este contexto, se reunieron las organizaciones de mujeres junto a distintas autoridades.

La invitación a las y los magistrados e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura tuvo como objetivo visibilizar y dialogar en torno a las prácticas machistas en las que muchos de ellos incurren al momento de evaluar a jueces, juezas y fiscales.

Por ello, la propuesta de Demus es que se incorpore una bonificación del 5% por formación en cuestiones de género en los procedimientos de selección y ascenso de jueces y fiscales titulares. Además, que se incluya el enfoque de género en la evaluación de Magistrados y Magistradas.

Sin embargo, este propósito aún no se cumple. Además, según una carta enviada a Demus, firmada por Mario Álvarez Quispe, Secretario general del CNM, «otorgar un puntaje adicional conllevaría a dar un trato desigual frente a otros postulantes, lo que no encuentra sustento en el Art. 2.1 de la Constitución Política del Perú».

Yulianna Valencia, abogada de Demus, aseveró que esta afirmación no es precisa, pues actualmente se otorga una bonificación especial de 5% a favor de las y los postulantes que dominen el quechua o el aymara.

¿Esto también significa un trato desigual frente a los demás postulantes? Evidentemente, no.

«La idea es facilitar el acceso de las mujeres a la justicia. La Constitución, en el Art. 2.2 reconoce el derecho a la igualdad ante la ley. El tratamiento diferenciado no puede ser considerado como discriminación negativa, cuando se trata de alcanzar los mismos derechos ante la ley, prevaleciendo el principio de razonabilidad», refirió Valencia.

Otra afirmación brindada por el representante del CNM es que «el enfoque de género es objeto de evaluación especialmente en las plazas relacionadas al derecho de familia y materias conexas». Para la abogada de Demus, el enfoque de género debe de ser «parte del perfil idóneo de un/a operador/a de justicia y debe de entenderse como la formación y aplicación de los derechos humanos de las mujeres. Justamente esta es una deficiencia en muchos de estos operadores, que evidencian su nefasta actuación, como en los casos de violencia de Ayacucho y Piura».

«El Consejo Nacional de la Magistratura debe de impulsar cambios culturales en los operadores del sistema de justicia a fin de evitar prejuicios, estereotipos y discriminación, por ello la necesidad de que exista un incentivo, como es la bonificación especial del 5% a magistrados que cuenten con formación en género», finalizó.