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Perú se compromete a reunirse con sociedad civil y organizaciones de víctimas para dialogar sobre reparaciones integrales en caso de esterilización forzada

07 DIC 2016

Ciudad de Panamá, 5 de diciembre del 2016.-

 
El Estado peruano asumió diversos compromisos con las víctimas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Alberto Fujimori, durante el 159 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras sostener una reunión de trabajo con Demus, CEJIL, el Centro de Derechos Reproductivos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La reunión de trabajo tuvo como objetivo supervisar el cumplimiento del Acuerdo a través del cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Mamérita Mestanza y su familia, a raíz de su esterilización forzada.

Mamérita Mestanza es una de las 2089 víctimas denunciantes de esterilización forzada en una investigación penal preliminar que ha sido archivada parcialmente y que ha recogido más de 1700 nuevas denuncias. Asimismo, en audiencia previa a la Reunión de Trabajo, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta el momento existen más de 2000 personas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).

En el marco de la Reunión de Trabajo, el Estado, las copeticionarias del caso Mamérita Mestanza y la Comisión Interamericana llegaron a importantes acuerdos:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comprometió a remitir al Estado, al más breve plazo, una sistematización de estándares internacional sobre el derecho de acceso a la información y al consentimiento informado, en el contexto de la protección de los derechos reproductivos y casos de esterilizaciones forzadas, a fin de que los mismos sean tomados en cuenta por todas las instituciones estatales encargadas de garantizar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de esterilización forzada. Las peticionarias reiteraron su preocupación por el modo en que la resolución fiscal de julio de 2016, que archivó parcialmente las investigaciones, desconoció por completo estos estándares, considerando que la existencia de actas firmadas por las víctimas eran suficientes para acreditar su consentimiento válido, desconociendo sus declaraciones sobre engaño y violencia para firmar estos.

2. La Procuraduría Especializada Supranacional se compromete a trasladar la documentación referida a la Procuraduría Especializada en delitos de corrupción, a la brevedad, y con el pedido de ser entregado al Ministerio Público, en particular, a las fiscalías a cargo de las investigaciones de esterilizaciones forzadas.

3. El Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se comprometió a convocar a una reunión exploratoria a los representantes legales de la familia de Mamérita Mestanza, representantes de las asociaciones de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil, para abordar la propuesta de creación de un Grupo de Trabajo sobre reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas. La invitación se hará en un plazo no mayor de 15 días.

4. El Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se comprometió a dar respuesta en un plazo no mayor a 30 días, a la solicitud de registro de Mamérita Mestanza en el REVIESFO (que fue solicitado en febrero de este año).

5. El Estado se comprometió a dar, en un plazo no mayor de 60 días, una respuesta oficial del Ministerio de Educación con relación a que se concrete una beca integral de estudios superiores (pendiente de ejecución), sin condicionar esta medida de reparación del Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Estado en el 2003, para Almanzor Salazar Mestanza, hijo de Mamérita Mestanza.

6. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Ministerio de Justicia la elaboración de un protocolo de actuación de los defensores públicos y las fiscalías, que incorpore estándares y jurisprudencia relativa a las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas.

EL DATO
Según informó el Ministerio de Justicia, la fiscal Marcelita Gutiérrez concluirá su investigación el 6 de diciembre del 2016. A partir de esa fecha se pronunciará sobre los 72 casos pendientes que le solicitó el fiscal superior Luis Landa. La Fiscalía deberá entonces abocarse al estudio de los recursos de queja interpuestos por los representantes de las víctimas y la Procuraduría Anticorrupción

*En la foto de portada : Procurador Iván Bazán, Paulo Vannuchi, comisionado de la CIDH, María Ysabel Cedano, directora de Demus, Ana María Vidal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

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