PODER JUDICIAL ORDENA AL EJECUTIVO CUMPLIR CON REPARACIONES INTEGRALES A LAS VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS

02 DIC 2022

El Poder Judicial ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos implementar una política de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzada inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada – Reviesfo

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima emitió sentencia y reconoció el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas de esterilización forzada registradas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada –REVIESFO, creado en el 2015 por el gobierno de Ollanta Humala tras una larga lucha para que cumpliera con sus promesas electorales de justicia para las víctimas, conforme a derechos humanos.

A través del Reviesfo, el Estado debe identificar y registrar al universo de víctimas y presuntas víctimas, así como proveer servicios de atención psicológica y social a través de los CEM del MIMP, atención médica a cargo del SIS y defensa pública de parte del Minjusdh. Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczinski, estos servicios se quedaron sin o bajo presupuesto para los registros itinerantes y atención.

Las víctimas y sobrevivientes de la política Fujimorista de esterilizaciones forzadas han luchado más de una década por una política de reparaciones integrales. Lamentablemente, el expresidente Humala observó la ley aprobada. Luego, el Congreso de la República aprobó nuevamente la ley y fue promulgada por el expresidente Sagasti. El Minjusdh y el Consejo de reparaciones se han resistido a cumplir con su deber perjudicando a miles de víctimas y sobrevivientes. Muchas de ellas están muriendo en el abandono y el olvido.

Debido a este abandono, el GREF -Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas en Perú- acogió la propuesta de la comisión jurídica conformada por Andrea Carrasco, Yudith Conto, Aroldo Vera y María Ysabel Cedano, así como de la abogada Ana María Vidal, de apoyar la interposición de una demanda de amparo.

El 14 de abril de 2022, se interpuso una demanda de amparo para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reconozca y ejecute su derecho a la reparación.

Las organizaciones que llevaron esta demanda son: la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada de Chumbivilcas, representada por Inés Condori; el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional, representado por María Esther Mogollón; Derechos Humanos Sin Fronteras, representado por Oracio Pacori; SISAY, representado por Felix Rojas, Asociación SER, representado por Raquel Reynoso y Demus, representado por Romy García.

Lamentablemente, el MINJUSDH respondió de manera negativa y planteó diversas excepciones y argumentos para no reconocer el derecho y el deber estatal. Frente a ello, en un hecho sin precedentes y fallo histórico, este 16 de noviembre de 2022, el juez Jorge Luis Ramírez Nino de Guzmán, juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, emitió sentencia que reconoce el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas de esterilizaciones forzadas y ordenó al mencionado ministerio que implemente una política de reparaciones para las víctimas registradas en el Reviesfo que, actualmente, ascienden a alrededor de seis mil inscritas.

Al respecto, Yulissa Casana, integrante de Derechos Humanos Sin Fronteras, una de las organizaciones demandantes, declara que estarán vigilantes para que se cumpla con la implementación de la política de reparaciones integrales. Este es un logro significativo del movimiento de derechos humanos y feministas que nos conmueve.

Del mismo modo, Félix Rojas, de la organización Sisay, demanda que el gobierno de turno, a través de los sectores correspondientes, tenga voluntad política y organizar una política de reparaciones integrales a fin de garantizar la salud de las víctimas y familiares, implementando un plan de salud especializado en atención a víctimas de esterilizaciones forzadas con psicólogos, médicos y otros profesionales especializados. Además, una reparación económica acorde a la realidad y al daño sufrido.

Esta no sería la primera vez que el Estado peruano reconoce el derecho a reparaciones de las víctimas y sobrevivientes de esterilizaciones forzadas, así lo informa María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS, quien afirma que en más de una oportunidad el Estado ha reconocido este derecho, sin embargo no ha cumplido con reparar. Por tanto, incide, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe cumplir inmediatamente sin más excusas.

Asimismo, Cedano, comenta que si el Estado apela la sentencia, evidenciará, entonces, que no hay intención de cumplir con un deber admitido por el Estado hace varios años durante varios gobiernos y varias instituciones tales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, la Procuraduría Supranacional del Estado y el Congreso de la República.

En el caso de Celia Ramos vs. Perú ante la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la apelación debe ser evidencia de la falta de voluntad estatal de cumplir con las recomendaciones del informe de fondo. Por lo tanto, exigimos al Estado que cumpla con el informe de fondo que también establece el deber de reparar para que no se repita, que la CIDH no le conceda más prórrogas para que cumpla y que presente el caso emblemático de Celia Ramos ante la Corte IDH. La CIDH le ha concedido 4 prórrogas al Estado a la fecha. El Estado tiene hasta el 3 de marzo del 2023 para cumplir.

Es importante informar que, si bien no existe un plazo para implementar las reparaciones integrales, al tratarse de derechos humanos vulnerados, estas reparaciones deben ser inmediatas. Así lo demanda también Inés Condori, sobreviviente y presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, quien exige que las reparaciones sean integrales para todas, según la norma y los estándares internacionales. “Estamos alegres con la sentencia y pendientes de la notificación. Del mismo modo, esperamos que no haya más cambios de personal en el Poder Judicial para que estos procesos no se sigan alargando”, sentenció.

Sobre la sentencia, es necesario aclarar que no se trata solo de reparaciones económicas, sino integrales, es decir, abarcan también la atención en salud, educación, vivienda, disculpas públicas, trabajo, entre otras; que responden a los estándares de derechos humanos.

Igualmente, reiterar que esta política de reparación alcanzará a todas las víctimas inscritas en el Reviesfo las mismas que ascienden a alrededor de seis mil mujeres, aunque la cifra de personas afectadas por las esterilizaciones forzadas es aún más grande y no se ha logrado aún inscribirlas a todas por la desidia y desinterés del Estado peruano. Por el momento, las víctimas y sobrevivientes han logrado se programen registros en Huancavelica y Ayacucho.

Finalmente, desde los movimientos de defensoras de derechos humanos y feministas, afirman que estarán vigilantes para que se cumpla con la implementación de la política de reparaciones integrales, así como la continuidad de una investigación judicial célere y que se cumpla con ampliar la extradición de Alberto Fujimori para que responda ante la justicia por este crimen de lesa humanidad.

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