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Presidenta CIDH: “Fujimori lideró a perpetradores de esterilizaciones forzadas y debe ser castigado”

11 OCT 2018

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, solicitó sanción para Alberto Fujimori, a los representantes del Estado peruano que acudieron a la Audiencia temática sobre esterilizaciones forzadas en el 169° periodo de sesiones que se realizó el pasado 1 de octubre en Colorado, Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, solicitó sanción para Alberto Fujimori, a los representantes del Estado peruano que acudieron a la Audiencia temática sobre esterilizaciones forzadas en el 169° periodo de sesiones que se realizó en Colorado, Estados Unidos, el pasado 1 de octubre de 2018.

“Lo primero que deben de hacer es dar el paso para identificar a todas y cada una de las víctimas, para devolverles su dignidad. Cada una de ellas debe de ser reconocida por el Estado peruano. Y cuando eso se haya realizado, pueden trabajar en los medios para castigar a los responsables, y brindarles reparación a todas las víctimas. Y si han fallecido, porque muchas de ellas han fallecido porque ha pasado tanto tiempo, mientras el señor Fujimori sigue vivo y libre de prisión porque lo indultaron por estar supuestamente enfermo. Él lideró a los perpetradores que hicieron esto, y él debe responder. Sin las mujeres, ¿Dónde estaría el mundo? Y él las trató como si fueran nada, como si fueran menos que insectos. Fujimori no debería morir sin castigo”, sostuvo Margarette May Macaulay quien recordó que en su primer año como comisionada pudo visitar el Perú y escuchar a muchas víctimas de esterilización forzada.

Por su parte, la comisionada Flávia Piovesan, solicitó al Estado peruano que “las reparaciones a las víctimas deben ser integrales en el campo de la salud, en el campo de la integridad, porque hubo una violencia dramática con relación a la integridad física, psíquica, moral”.

Asimismo, la comisionada Soledad García Muñoz también exhortó al Estado una atención urgente en salud para las víctimas y señaló enfáticamente que este caso deja lecciones para toda la región: “No se puede esterilizar la pobreza. Y eso es finalmente, lo que paso en el Perú, se esterilizó la pobreza a través del cuerpo de las mujeres”. De la misma forma, Alda Facio, integrante del Grupo de Trabajo contra la Discriminación de Naciones Unidas, expresó su preocupación porque la reparación requiere de medidas de no repetición como la educación con igualdad de género; la que se encuentra amenazada en el Perú.

En la audiencia temática, las comisionadas pudieron escuchar el testimonio de Aurelia Paccohuanca, de la Asociación de víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Cusco, quien fue esterilizada hace 20 años. “Me acosaron desde mi segundo embarazo en la casa y la posta (…) Me dijeron que me iban a dar atención en salud. Como no acepté me dijeron que iba a pagar multa. Yo tenía 24 años, tenía 4 hijos cuando me esterilizaron sin mi consentimiento. Ni siquiera me dejaron recuperarme en la posta médica”. La demanda por justicia de parte de Aurelia hizo remecer a la audiencia.

Del mismo modo, Rosa Reátegui, natural de Maynas, Iquitos, también narró: “La política de esterilizaciones forzadas fue de casa en casa, de comunidad en comunidad, llegaron hasta lo más lejos de la Selva y la Sierra del Perú. Ahora debe ser igual. El Estado debe cumplir con ir a todas las comunidades donde esterilizó forzadamente a inscribir a las víctimas y prestar servicios en todas las lenguas”. Por su parte, Victoria Vigo demandó reparaciones integrales para las sobrevivientes, además, denunció el acoso que sufre de parte de Alejandro Aguinaga, ex ministro de salud, quien constantemente busca desacreditarla.

Por parte del Estado peruano, el fiscal superior Luis Landa aseguró que “las víctimas no tendrán que esperar eternamente por justicia” e informó que dentro de poco se formalizará la denuncia contra , Alberto Fujimori Fujimori, sus ex ministros Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga Recuenco y otros coautores mediatos por delito de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de María Mamérita Mestanza y otros que está pendiente hace más de 150 días por parte de la fiscal Marcelita Gutiérrez.

Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y María Ysabel Cedano de la organización Demus, organizaciones que pertenecen al Grupo de trabajo de seguimiento para las Reparaciones de Esterilización Forzada (GREF) de la CNDDHH, leyeron el petitorio de las víctimas, en el que exigen que:

–  El Ministerio Público cumpla con formalizar la denuncia contra Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga y otros autores mediatos;

– Una política de reparaciones integrales diseñada y aprobada antes de marzo del 2019 para que pueda considerarse en el presupuesto del 2020.

– El Estado remueva todas las barreras y obstáculos presupuestales, geográficos, económicos, legales y lingüísticas para que el REVIESFO -a través de los Ministerios de Justicia, Ministerio de Salud y Seguro Integral de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  y otros sectores del Estado- cumpla con registrar a las víctimas y  garantizar su derecho de acceso a la justicia a través de prestarles defensa pública, atención en salud integral y acompañamiento psicosocial a las víctimas de esterilizaciones forzadas.

– Se garantice la participación de las víctimas y su agenda de verdad, justicia y reparaciones integrales en la Mesa de Trabajo sobre esterilizaciones forzadas instalada por el MINJUS el 28 de setiembre de 2018 en el marco de la ejecución del Plan de Nacional de Derechos Humanos.

El propósito de la Audiencia en la CIDH fue informar de las esterilizaciones forzadas desarrollada como Política de Salud Pública Nacional, implementada en Perú entre los años 1996 y 2000 como caso emblemático de la sistemática violación de los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres indígenas, campesinas y pobres. Así como, de la situación de vulnerabilidad y amenaza que vivieron y en la que viven las mujeres por la falta de protección, acceso de justicia, verdad y reparación. La sociedad civil solicitó a la CIDH que exhorte al Estado peruano a tomar medidas concretas para que garanticen los derechos humanos de las víctimas.

En esta oportunidad, el Estado peruano reconoció nuevamente ante la CIDH que las esterilizaciones forzadas fue una política violatoria de derechos humanos y por primera vez, reconoció que además de tener derecho de acceso a la justicia, también tienen derecho a la reparación.

El GREF y las asociaciones de víctimas cumplen con informar a la opinión pública y la ciudadanía para que así puedan sumarse a la vigilancia y exigencia de cumplimiento a lo manifestado por los representantes del Estado.

 

EL DATO

En esta semana se vence el plazo para la fundamentar la apelación de no aplicación de indulto para Fujimori. El Poder Judicial dio un plazo de 5 días, bajo el aviso de declararlo improcedente.

 

 

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