Hoy, el Presidente Martín Vizcarra cumplió con promulgar la Política Nacional de Igualdad de Género ofrecida el pasado 28 de julio, en su último discurso presidencial.
El sociólogo Carlos Franco nos enseñó que la igualdad en el Perú había sido tranzada históricamente, por eso, podía convivir la igualdad ante la ley con la desigualdad de clase. Nosotras añadiríamos con el racismo, el machismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Los movimientos que luchamos por la igualdad real como derecho humano que el Estado debe garantizar, los diversos feminismos, las personas LGTBIQ, las indígenas, afrodescendientes y todos aquellas que conformamos el universo de los históricamente discriminados y excluidos tenemos la gran responsabilidad de analizar a profundidad la política aprobada para determinar su alcance en la lucha contra la discriminación estructural como problema que busca enfrentar. No puede haber Política Nacional de Igualdad de Género que discrimine.
Tenemos que estar segurxs que todo el marco jurídico y teórico de avanzada, que saludamos, se recoja y traduzca sin margen de interpretación en planes, programas, servicios y presupuestos que reconozcan y garanticen, por ejemplo, nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos que abarcan la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos, como se señala en la Política Nacional de Igualdad de Género. Lo que falta determinar con claridad son las medidas para acceder al aborto legal y la Anticoncepción Oral Emergencia. No puede haber una Política Nacional de Igualdad de Género sin plena autonomía sexual y reproductiva para las personas.
No queremos que el reconocimiento de la identidad de género y la orientación se quede en el glosario de esta Política Nacional. Por ejemplo, se alinea con la Política Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021 en lo que se dispone a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y trabajadoras del hogar mas no con lo dispuesto para las personas y ciudadanía LGBTIQ. Esto debería ser aclarado y corregido.
Nuestra comprensión y expectativas sobre la igualdad en el campo de la participación y autonomía económica pasa, como nos han enseñado nuestras hermanas indígenas y feministas defensoras de los cuerpos y territorios, por el derecho a la consulta y acceso a la titularidad de la tierra, derechos que no son nombrados expresamente en la política.
Por último, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deberá ser fortalecido con mayor presupuesto y personal capacitado en derechos humanos y género, con enfoque intercultural e interseccional, para cumplir con una adecuada implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, promover el diálogo público descentralizado y sostenido y se adopten medidas que realmente correspondan con los desafíos de la igualdad real para todas y todes.
DEMUS