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Tribunal simbólico declara culpable a la empresa minera Yanacocha por violencia de género

04 MAY 2017

Días antes de que la Corte Suprema de Perú absolviera a Máxima Acuña de la acusación de usurpación de terreno por parte de la empresa minera Yanacocha, el tribunal simbólico de justicia conformado por Rita Segato, Lilian Celiberti, Gladys Acosta y Teresita Antazú, encontró a dicha empresa culpable de violencia de género contra la defensora ambientalista y su abogada Mirtha Váquez.

Días antes de que la Corte Suprema de Perú absolviera a Máxima Acuña de la acusación de usurpación de terreno por parte de la empresa minera Yanacocha, el tribunal simbólico de justicia conformado por Rita Segato, Lilian Celiberti, Gladys Acosta y Teresita Antazú, encontró a dicha empresa culpable de violencia de género contra la defensora ambientalista y su abogada Mirtha Váquez.

El veredicto fue estudiado y tomado en el marco del VIII Foro Social Panamazónica (FOSPA 2017), un espacio que agrupa a miles de movimientos sociales, organizaciones, colectivos y personas que luchan por una globalización alternativa basada en la justicia social y ambiental.

La denuncia por violencia de género contra Máxima Acuña fue interpuesta por Demus, Estudio para la defensa de los derechos de la mujer. María Ysabel Cedano, directora de la organización, fue enfática en que el ejército no respeta a las mujeres de las comunidades y que esto también responde a intereses económicos; la violencia basada en género se agrava en los conflictos socioambientales, “ y no queremos luego lamentar otro crimen de lesa humanidad dentro de 10 ó 20 años por no haber hecho prevención, por no haber denunciado, por no haber parado en su momento esta violencia sistemática y generalizada que se viene dando en los territorios y cuerpos de las mujeres impunemente”.

Respecto a la denuncia por violencia de género contra Máxima Acuña, el Tribunal refirió que:

“Lo consideramos un caso emblemático debido a un patrón de violencia física, psicológica, sexual y moral, por razones de clase, etnia y género contra mujeres campesinas peruanas que deciden defender sus tierras, territorios, recursos naturales, su cultura, frente a los intereses económicos, en este caso el mega proyecto minero Congas, en Cajamarca, llegando a usar la violencia de género como estrategia para destruir su cuerpo, individual y comunitario.

Condenamos que existan estrategias de persecución penal para hacerla ver [a Máxima] como un sujeto criminal, y el uso de mecanismo legales para despojarla de su tierra y atentar contra sus bienes básicos de subsistencia.

Asimismo, constatamos la existencia de campañas de odio en redes sociales, calles y medios, que buscan estigmatizarla y aislarla de la sociedad y su familia, hasta impactar su cuerpo, como acusarla en su casa, amenazar a sus hijos e hijas, enemistarla con su pareja, generar habladurías sobre su honestidad y su vida sexual, halar su blusa, dejando expuesta su desnudez, así como destruir sus cultivos y atacar a sus animales.

El Estado Peruano debe investigar y sancionar la violencia de género contra Máxima Acuña y su abogada Mirtha Vásquez, de parte de la minera Yanacocha, de acuerdo a la Ley Contra la Violencia de Género y tratados de derechos humanos.

Se debe cumplir con el Plan Nacional Contra la Violencia de Género y medidas para prevenir la violencia en conflictos sociales. El Estado Peruano debe cumplir la medida cautelar de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que garantiza la integridad de la defensora.

El Estado debe reconocer sus derechos comunales sobre su tierra, y debe aprobar normas para el respeto de los derechos de las comunidades campesinas”.

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