En la misiva, el GREF desbarata los argumentos de Lechuga. "Nos parece especialmente erróneo el argumento que supedita la adopción de “medidas de política” al proceso judicial pues revela una inadecuada comprensión de las diferencias entre un proceso judicial y una política pública. La primera intenta establecer responsabilidades penales como base para definir sanciones y reparaciones. La segunda puede desarrollarse independientemente de una decisión judicial, basándose en el reconocimiento de una situación que requiere ser atendida adoptando decisiones y movilizando recursos con una finalidad transformadora".
Cuestiones y preguntas del Comité CEDAW al Estado Peruano
A pesar de la presión pública y la necesidad de que las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen fujimorista reciban justicia y reparación, el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, manifestó que el Gobierno aún no creará un registro oficial de mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen fujimorista.
Ante estas infortunadas declaraciones, el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF) le hizo llegar al viceministro una contundente carta.
Desde julio, Amnistía Internacional viene impulsando la campaña “Contra su voluntad: un registro único, miles de historias”, que insta al gobierno peruano a que emplee un registro único que permita identificar a las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas y otorgarles una reparación integral.
Al ser consultado sobre esta iniciativa -que viene movilizando a miles de peruanos y peruanas- el viceministro declaró que aún no se pueden adoptar medidas. “Tenemos que ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial para poder adoptar las medidas de política correspondientes, mientras tanto no podemos hacerlo, pero estamos atentos al desarrollo del proceso judicial que se realiza en relación con las esterilizaciones forzadas”, dijo.
En la misiva, el GREF desbarata los argumentos de Lechuga. «Nos parece especialmente erróneo el argumento que supedita la adopción de “medidas de política” al proceso judicial pues revela una inadecuada comprensión de las diferencias entre un proceso judicial y una política pública. La primera intenta establecer responsabilidades penales como base para definir sanciones y reparaciones. La segunda puede desarrollarse independientemente de una decisión judicial, basándose en el reconocimiento de una situación que requiere ser atendida adoptando decisiones y movilizando recursos con una finalidad transformadora».
Si quieres leer la carta completa al viceministro Lechuga haz clic aquí
Además, fueron enfáticos en señalar que «las decisiones de política pública no requieren decisión judicial previa, antes bien constituyen otra forma de realizar justicia, considerando que hay personas afectadas que esperan desde hace 18 años que se den procesos en la vía judicial. En tal sentido, hacer depender una decisión gubernamental de un mandato judicial – cuya finalidad y ritmo son diferentes – solo revelaría que la gestión actual no se propone adelantar iniciativa alguna para resarcir a las mujeres afectadas».
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