Víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos realizan jornada para sanar y exigir garantías al Poder Judicial y Fiscalía de la Nación

10 DIC 2020

Mujeres defensoras de derechos humanos se reunieron para exigir a la presidenta del Poder judicial, Elvia Barrios, y a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos justicia, imparcialidad, celeridad, protección, reparación y verdad para las víctimas y sobrevivientes del conflicto y post conflicto armado interno. Incluyendo violencia sexual, esterilizaciones forzadas, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desapariciones y violaciones seguidas de feminicidio contra niñas y mujeres, criminalización de la protesta social.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizó en el LUM (Lugar de la memoria) el II UMA organizado por Somos 2074 y muchas más, Collera y Demus con la finalidad de sanar para seguir luchando y mantener la memoria para exigir verdad, justicia y reparación integral para las víctimas durante y post conflicto armado interno (1980-2000).

Como parte de la jornada, las participantes demandan a la primera presidenta del Poder judicial, Elvia Barrios y a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, medidas que garanticen la debida diligencia reforzada, garantías judiciales, imparcialidad, celeridad, no discriminación ni revictimización, protección a las denunciantes y sanción a los victimarios, en las investigaciones fiscales y judiciales, en los juicios en curso.

“Saludamos a la Dra. Elvia Barrios por ser la primera presidenta del Poder Judicial y conocedoras de su compromiso con la justicia de género, le demandamos a ella y a la Dra. Zoraida Avalos garantizar el respeto por la autonomía e independencia de la justicia, la cual debe ser libre de injerencias políticas y corrupción. También, demandamos que adopten medidas urgentes para garantizar verdad, justicia y reparaciones integrales para las mujeres”, indicó María Ysabel Cedano, abogada de Demus.

El evento convocó a las denunciantes, víctimas y sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos y delitos resultado de la violencia feminicida, junto con artivistas y activistas defensoras de derechos. Así como integrantes de Somos 2074 y Muchas Más, Colectiva Juntos Perú por Justicia, AVEF Asociación de Mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas de Lima y Callao, APRODEH, Collera, Demus, quienes realizaron un ritual de sanación para transformar el dolor, la rabia, la pena, la impotencia en clamor por justicia.

Sentencia del TC del caso Morales Bermúdez: Puerta contra la impunidad
Las víctimas exigen al Juez Rafael Martín Martínez y a la sala penal nacional B no aplicar la sentencia del TC del caso Morales Bermúdez en los casos de las esterilizaciones forzadas y juicio Manta. La sentencia, no puede abrir puerta de la impunidad a todos los crímenes cometidos en los 80 y 90, tales como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia sexual en conflicto armado interno. La sentencia contraviene la norma internacional imperativa que establece que los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos no prescriben.

“El juez Rafael Martínez no debe aplicar la sentencia del TC que declara la prescripción de delitos de lesa humanidad anteriores al año 2003, en el cual se incluye el caso de esterilizaciones forzadas y el caso Manta. Además, en coordinación con el Fiscal Pasión Jesús Hermosa Abad deben garantizar que están tomando todas las medidas para que la audiencia de sustentación de cargos del 11 de enero del 2021 se realice, cumpliendo con notificar a todas las partes, incluyendo las más de 1,300 denunciantes y que se cuente con traductores”, indicó Cedano.

Investigación y remoción
Asimismo, exigieron la investigación y remoción del fiscal Guzmán Baca, que pretendió exculpar a Fujimori y sus ex ministros de salud en el caso de esterilizaciones forzadas, no denunció a todos los autores implicados y que provocaron la muerte de Mamérita Mestanza y buscó archivar el caso Castrillón con argumentos falaces y discriminatorios. “El fiscal Guzmán Baca intento archivar el caso de Guillermo Castrillón en septiembre del 2020, en donde 16 denunciantes de violencia sexual persiguen justicia desde el año 2017.” comentó Lili Albornoz, integrante de Collera.

Diligencia reforzada y juicio por TV
Todas demandaron justicia para Solsiret, Patricia Villafuerte, Shirley Villanueva y para todas aquellas víctimas de feminicidio, desapariciones y violaciones, cuyos delitos la Policía Nacional del Perú (PNP), fiscales y jueces no tramitan con la debida diligencia.

Rechazan la violencia de la PNP en protestas
Finalmente, durante el evento las víctimas y las organizaciones rechazaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la PNP contra ciudadanos y ciudadanas durante las últimas protestas legítimas e instaron que sean investigados y denunciados como delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, en especial la violencia sexual tales como desnudamiento forzado y tocamientos sin consentimiento.

“Las mujeres que salen a las calles individual y colectivamente a ejercer su derecho a la protesta, a la libertad de expresión, la expresión artística en defensa de derechos y memoria, deben de saber que no están solas”, concluyó la abogada de Demus.

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