Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen se judicialice el caso

El abogado de las víctimas de esterilizaciones forzadas Julio Arbizu, dijo que el caso debe ser judicializado, pues hace más de un año, en enero de 2014, se archivó parcialmente la investigación fiscal del caso, lo cual dejó fuera de responsabilidad penal al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud.

Agregó que, más allá de establecer investigaciones preliminares contra autores materiales (personal médico) del delito, no existe una imputación a los autores mediatos. A ello se le agrega el serio estancamiento a nivel fiscal, puesto que no hay una judicialización del caso.

“Tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no solo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”, manifestó Arbizu.

Asimismo, consideró que existe una seria contradicción -y que es parte del recurso de queja presentado hace un año- al abrir investigación a autores materiales de esterilizaciones forzadas por homicidio negligente, sin dolo. A pesar de esa atribución, el fiscal declara archivado el caso con respecto a la responsabilidad penal de Fujimori y sus ministros como caso de violación de derechos humanos.

“¿Cómo un homicidio sin dolo puede suponer una violación a los derechos humanos? Es la primera gran incongruencia de la disposición de archivo del fiscal provincial”, declaró Julio Arbizu, abogado de las víctimas.

Por su parte, la directora de Demus, María Ysabel Cedano, recordó que el único caso en el que el Estado ha reconocido responsabilidad penal es en el de Mamérita Mestanza, fallecida días después de la intervención quirúrgica de esterilización. “Pero el asunto es ¿Qué pasa con las demás víctimas y con los responsables políticos?”, acotó.

Además, alertó su preocupación por el hecho de que el caso actualmente está en la Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa, quien ha sido ratificado como fiscal titular y, como corresponde, deberá ser removido.

Al respecto, Julio Arbizu precisó que el fiscal entrante deberá ponerse al tanto del caso y esperó que sea designado como titular y no provisional. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”, puntualizó.

Hay que recordar que el exfiscal de la Nación, José Peláez,  retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez,  a quien le correspondía por  ser su turno,  y lo  transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de  la Tercera Fiscalía Superior Nacional .Las organizaciones feministas  presentaron hace un año un pedido de nulidad por la decisión del exfiscal, pues alegan que se realizó sin la “debida motivación”, vulnerando el principio de fiscal natural.