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Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen se judicialice el caso

06 FEB 2015

Víctimas de esterilizaciones forzadas exigen se judicialice el caso , hasta ahora no hay judicialización.

Hace más de un año, en enero de 2014, se archivó parcialmente la investigación fiscal del caso de esterilizaciones forzadas, lo cual dejó fuera de responsabilidad penal al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud.

El abogado del caso, el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, agregó que, más allá de establecer investigaciones preliminares contra autores materiales (personal médico) del delito, no existe una imputación a los autores mediatos. A ello se le agrega el serio estancamiento a nivel fiscal, puesto que no hay una judicialización del caso.

“Tenemos serias dudas respecto de la imparcialidad de los operadores de justicia no solo en los últimos tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”, manifestó Arbizu.

Asimismo, consideró que existe una seria contradicción -y que es parte del recurso de queja presentado hace un año- al abrir investigación a autores materiales de esterilizaciones forzadas por homicidio negligente, sin dolo. A pesar de esa atribución, el fiscal declara archivado el caso con respecto a la responsabilidad penal de Fujimori y sus ministros como caso de violación de derechos humanos.

“¿Cómo un homicidio sin dolo puede suponer una violación a los derechos humanos? Es la primera gran incongruencia de la disposición de archivo del fiscal provincial”, declaró Julio Arbizu, abogado de las víctimas.

Por su parte, la directora de Demus, María Ysabel Cedano, recordó que el único caso en el que el Estado ha reconocido responsabilidad penal es en el de Mamérita Mestanza, fallecida días después de la intervención quirúrgica de esterilización. “Pero el asunto es ¿Qué pasa con las demás víctimas y con los responsables políticos?”, acotó.

Además, alertó su preocupación por el hecho de que el caso actualmente está en la Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa, quien ha sido ratificado como fiscal titular y, como corresponde, deberá ser removido.

Al respecto, Julio Arbizu precisó que el fiscal entrante deberá ponerse al tanto del caso y esperó que sea designado como titular y no provisional. “No queremos más provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo decimos en voz alta”, puntualizó.

Hay que recordar que el exfiscal de la Nación, José Peláez,  retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de segunda instancia Carmen Ibáñez,  a quien le correspondía por  ser su turno,  y lo  transfirió a Luis Antonio Landa, fiscal de  la Tercera Fiscalía Superior Nacional .Las organizaciones feministas  presentaron hace un año un pedido de nulidad por la decisión del exfiscal, pues alegan que se realizó sin la “debida motivación”, vulnerando el principio de fiscal natural.

Exigen a Ministerio de la Mujer y Salud reparar a las víctimas  

La representante del Grupo de Seguimiento de las Reparación de víctimas de esterilizaciones forzadas, Ana María Vidal, exigió a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, y al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, la reparación integral -que pasa por el acceso a la salud y salud mental- de las miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento.

En tanto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, hizo hincapié en que la esterilización de más de 300 mil mujeres y 22 mil hombres durante el segundo quinquenio del fujimorato, se trató de un delito de lesa humanidad, que no se tiene que dejar pasar.

Por su parte, Liz Meléndez, miembro del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y directora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Perú, añadió que se debe resaltar la impunidad en la que las esterilizaciones forzadas continúan. “La justicia es una utopía para las mujeres”, criticó.

El caso de las esterilizaciones forzadas, en el punto de mira de los organismos internacionales de derechos humanos

El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas, bajo el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000, para erradicar la pobreza. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones.
En 1999, DEMUS, APRODEH, el Centro de Derechos Reproductivos, CLADEM y CEJIL llevaron el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida tras ser esterilizada de manera forzada en Cajamarca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2003 el Estado peruano y la CIDH suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa para el caso.

Con este acuerdo, Perú aceptó su responsabilidad por la violación de derechos humanos y se comprometió a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los responsables políticos que resulten implicados, así como a reparar a las víctimas siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Fuente: Bajo La Lupa

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