Fiscalía archiva investigaciones contra Alberto Fujimori y sus ex ministros sobre las Esterilizaciones Forzadas



 
Autor(a): Demu
Perú
24-01-2014
 
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Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, expresó hoy su indignación por la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados en las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante el régimen fujimorista, con lo cual se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país.

La institución feminista deploró la Resolución, con fecha 22 de enero de 2014, emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.

Demus informó que ayer 23 de enero, el titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Marco Guzmán Baca, emitió la referida notificación que pondría fin a la investigación fiscal que se reinició en noviembre del 2012 ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde se monitorea el Acuerdo de Solución Amistosa en torno al caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, y que involucra a 2,074 mujeres denunciantes a nivel nacional.

Ante la CIDH el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, lo que se desdice con la decisión fiscal. La Resolución señala que los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático de parte de Alberto Fujimori. Y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado por falta de dolo de parte de los ex ministros, asesores y directores de salud.

Demus sostiene que con esa apreciación, el fiscal no toma en cuenta la política estatal vigente entre los años 1996-2000, que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese periodo y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de las metas establecidas, que tuvo como consecuencia un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento.

“Esta resolución vulnera, nuevamente, el derecho a la verdad y al acceso a justicia y reparación de las víctimas de esterilización forzada en nuestro país”, remarcó la institución que junto con otras organizaciones de derechos humanos ha venido acompañando el caso de Mamérita Mestanza.

Subrayó que las esterilizaciones forzadas implican delitos contemplados en la legislación penal peruana y constituyen graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo al sistema internacional de derechos humanos, configurando un crimen de lesa humanidad por haber sido una práctica sistemática y generalizada, que amerita investigación y sanción.

La primera investigación fiscal se archivó en mayo del 2009 durante el gobierno aprista, y en este 2014, un poco más de cuatro años después, la justicia nacional le cierra sus puertas una vez más a las miles de peruanas esterilizadas forzadamente que siguen con las secuelas de ese hecho violento en sus vidas. El Estado les responde con la impunidad.

Lima, 24 enero 2014

 

   
     
         
 
 
 
 
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