LIMA, AFP
Grupos humanitarios pidieron anular el dictamen de un fiscal peruano que exculpó al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y reabrir el caso por un plan de esterilizaciones forzadas contra mujeres de zonas rurales, informó este jueves una organización de defensa de la mujer.
«El caso debe reabrirse, hay indicios suficientes para que se denuncie a Fujimori y a sus ministros de Salud como responsables del delito de lesa humanidad por haber ordenado más de 300.000 esterilizaciones forzadas», dijo a la AFP Rossy Salazar, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
Esa organización junto con el Instituto de Defensa Legal presentaron el miércoles recursos de queja contra la decisión del fiscal Marco Guzmán que el viernes 24 de enero archivó el caso.
Las esterilizaciones se realizaron como parte de un programa gubernamental denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que se ejecutó en zonas pobres de la región andina para controlar la natalidad.
Los organismos piden que el caso sea visto por una instancia superior de la Fiscalía de la Nación.
El ministerio de la Mujer expresó su preocupación por el archivo del caso, «pese a que 18 mujeres perdieron la vida a raíz de esas intervenciones» en la década fujimorista.
Según el fiscal, no se encontraron pruebas que permitan establecer que el gobierno de Fujimori tuvo intención dolosa de aplicar una política de esterilizaciones forzadas.
Guzmán sólo encontró responsabilidad en seis médicos implicados en la muerte de una campesina en 1998.
«El fiscal no puede decir que no hay evidencias; existen oficios y memorándums de los ministros que informaban a Fujimori de cómo se cumplían las metas, donde se señalaba las cuotas de mujeres que tenían que ser captadas para esterilizarlas», dijo Salazar.
También hay declaraciones de más de 2.000 mujeres que denuncian que fueron «engañadas y amenazadas para someterse a las intervenciones quirúrgicas, incluso con chantajes de recorte de ayuda social si no aceptaban», precisó.
«Además existen declaraciones de médicos y enfermeras que manifiestan que fueron presionados, mediante sanciones o recompensas, para cumplir con las operaciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)», subrayó.
El caso fue investigado en 2009, pero fue archivado. Sin embargo, la investigación se reabrió en 2012 tras una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).