El jueves 28 de noviembre se realizó el primer Tribunal Simbólico por justicia para personas LGTBIQ en el Perú. Una iniciativa ético política que visibiliza las violaciones a los derechos humanos de lxs LGTBIQ+.
Tras escuchar los testimonios de Darling y Jenny, madres lesbianas que luchan por ser reconocidas, de Brithany como mujer trans sobreviviente de la violencia, de un grupo de activistas trans que hacen frente a la invisibilidad por su identidad de género, de Crissthian Olivera discriminado con su pareja en su Supermercado por una expresión de afecto y de defensorxs que fueron reprimidos por la Policía Nacional en una intervención en el Congreso, el jurado del Tribunal Simbólico por justicia para las personas LGTBIQ dictó sentencia condenando al Estado peruano por incumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales de respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+.
El jurado integrando por Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW de las Naciones Unidas, Carlos J. Zelada, profesor asociado y jefe de Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, Luisa Zanabria, activista lesbianas integrante de LIFS, y Javiera Arnillas, mujer trans y activista LGTBIQ, precisó en la sentencia que se condena al Estado peruano porque faltó a sus deberes en cuanto a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, también en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones internas.
Darling y Jenny
En ese sentido, -indican- se vulneraron derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la protección de la familia, al nombre y a la igualdad ante la ley, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones internas.
Se condenó también al Estado peruano por el incumplimiento de obligaciones internacionales adicionales derivadas de otros instrumentos internacionales vinculantes para el Perú como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
La sentencia también condena la tolerancia del Estado ante la prevalencia de los patrones socioculturales, estereotipos y prejuicios sobre la diversidad sexual que aún siguen vigente en nuestra sociedad y que tienen un impacto directo en el ejercicio de sus derechos. Y por la normalización de los cuerpos, afectos, identidades y expresiones al modelo heterocisnormativo que prevalece como hegemónico en nuestra organización política, jurídica y social.
En la sentencia también se considera que el Estado peruano tiene la obligación de implementar todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar que las personas LGBTIQ+ gocen, en la misma medida, de todos los derechos allí reconocidos. Que las personas LGBTIQ+ en el Perú se encuentran expuestas a amenazas contra su vida e integridad en todo ámbito de interacción social desde sus propias familias, los espacios públicos, las escuelas, los establecimientos de salud, las entidades estatales, el sistema de justicia, los agentes policiales y hasta en los establecimientos comerciales. Las personas trans*, cuya disidencia es más visible, generalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y precariedad.
Así mismo que los grupos antiderechos, empeñados en frenar cualquier avance en la garantía de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, vienen generando alianza con un sector de las fuerzas políticas. El discurso de pańico moral sobre lo sexualmente distinto busca incidir en el imaginario de las autoridades estatales y plagar con estereotipos sobre las personas LGBTIQ+.
El evento fue organizado en el marco de la campaña #JusticiaArcoíris por Demus, LIFS, EntrePueblos, Ajuntamiento de Barcelona, Cuso, en articulación con activistas y colectivos LGTBIQ+.
Fotos: Rosa Villafuerte.