Víctimas de diversas regiones del Perú exigirán cumplimento de obligaciones de Estado en materia de verdad, justicia y reparación integrales
En el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 1 de octubre, las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y representantes de sociedad civil expondrán sus testimonios y demandas en la audiencia temática “Igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y denuncias de esterilización forzada, de mujeres en Perú”, que fue solicitada por el Grupo de Reparaciones de Esterilización Forzada (GREF).
En la audiencia que se realizará en Boulder–Colorado, participarán Aurelia Paccohuanca de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco, Rosa Reátegui, de la Asociación de víctimas de Lima Metropolitana, la sobreviviente Victoria Vigo y Almanzor Salazar Mestanza (hijo de la fallecida Mamérita Mestanza). Adicionalmente, participarán Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y María Ysabel Cedano, directora de DEMUS. En esta audiencia también participarán representantes del Estado peruano.
Las víctimas de esterilizaciones forzadas trasmitirán a las y los comisionados/as de la CIDH su demanda de más de 20 años por justicia, exigiendo que la titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, cumpla con su obligación de denunciar ante el Poder Judicial a Alberto Fujimori, a sus exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga y diversos funcionarios, tal y como lo ordenó, en abril de este año, el fiscal superior Luis Landa. Al respecto, este 24 de septiembre Demus ingresó una queja contra la fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejos por afectar el debido proceso, los derechos a la verdad y justicia, así como revictimizar a las miles de mujeres víctimas de esterilización forzada.
POLÍTICA DE REPARACIÓN INTEGRAL
Las sobrevivientes de la política fujimorista también exigirán una Política de Reparación Integral que contemple programas de reparaciones en salud, reparaciones colectivas, reparaciones económicas, entre otras, conforme lo recomendó la Defensoría del Pueblo en los informes defensoriales N° 7 y 27° desde el año 1998.
En ese sentido, se espera que la Mesa de Trabajo sobre Esterilizaciones Forzadas, instalada por el Ministerio de Justicia, el 28 de setiembre, en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos, establezca compromisos concretos para atender las demandas de reparación integral y justicia planteadas por las organizaciones de mujeres afectadas y la sociedad civil que participaron en la mencionada reunión.
Las mujeres esterilizadas forzadamente exigirán que el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), creado en el 2015, garantice de manera efectiva su acceso a la defensa pública (denuncia y acompañamiento legal). Cabe señalar que, de 5 758 mujeres inscritas en el REVIESFO, a la fecha solo se han interpuesto 417 denuncias. Además, esta defensa pública debe ser integral, con acceso a un SIS especial y a los Centros de Emergencia de la Mujer del Ministerio de la Mujer (MIMP) para atención en salud y acompañamiento psicosocial. Actualmente la cobertura del MIMP es débil, debido a que no solicitó presupuesto específico para REVIESFO: en 2016 reportaron la atención de 3 580 casos; en el 2017, 2 398 casos, y a julio de este año, solo 90 casos.
Así también, el 2 de octubre se realizará una Reunión de Trabajo respecto al caso de Mamérita Mestanza (Cajamarca), como seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado, debido a que aún no se cumple con su integralidad.