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El sábado 15 de abril se inauguró en Galería Fisura, Barranco, la exposición de arte colectiva “Crónicas de un cuerpo silenciado” que aborda la violencia sexual estatal durante las décadas del 80 y 90. La ceremonia inició con Marisela, Emilia y Marcia Monzón Ramos, hijas de Celia Ramos Durand, víctima mortal de esterilización forzada, quienes agradecieron a todas las personas participantes por la persistencia de la memoria a través del arte y por el acompañamiento en la lucha por verdad, justicia y reparación.

“’Crónicas de un cuerpo silenciado’ es un homenaje y una conmemoración a la lucha de estas mujeres; víctimas que ya no se encuentran entre nosotrxs y sobrevivientes que hoy persisten en pie de lucha dejando en claro que no brindarán la comodidad de su silencio nunca más», así le describió Yaré Colán, curadora y organizadora de esta actividad.

La apertura contó también con la intervención performática de Silva Bando, integrante de Collera, quien interpretó precisamente a Celia Ramos, víctima mortal de la política fujimorista. Del mismo modo, reunió las obras de quince artistas que estarán expuestas hasta el 28 de abril.

Dentro de las obras se encuentran las de Natalia Iguiñez, Lici Ramírez, Nancy Viza, Violeta Quispe de Sarhua, Yaré Colán, Mauricio Delgado, Liz Tasa, 8M Berlín: Esterilizaciones forzadas nunca más, Daniela Zambrano, Andrea Sifuentes, Lury Maoj, Gabriela Soto Atelier, Hija de la coca, Siara Horna, Ana Karina Barandiarán Urday, Annelise Benites y Jacquie Barrios, que visibilizan la lucha por verdad, justicia y reparaciones integrales en las que continúan las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad.

Durante la inauguración se hicieron presentes también Amanda Meza de Wayka y Gloria Purisaca de La República quienes insistieron en que la prensa y la sociedad tienen una deuda pendiente con las víctimas de esterilización forzada que por tantos años se les ha negado su verdad. Las esterilizaciones forzadas existieron, no son una mentira, ni un invento, ni mucho menos un error como se ha señalado varias veces. Son una verdad, la investigación judicial en curso así lo respalda, tal como todas las obras que forman parte de la exposición.

Asimismo, Cynthia Silva, directora de DEMUS, organización parte de la plataforma Somos 2074 y muchas más, hizo hincapié sobre las demandas urgentes que hay respecto al caso. Entre ellas, destacó que se concrete la ampliación de extradición de Alberto Fujimori. Así también, que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos no dé más prórrogas al Estado peruano y este cumpla con el informe de fondo para el caso de Celia Ramos. Del mismo modo, que el Poder Judicial confirme la sentencia de primera instancia que ordena reparar a las víctimas y el Ministerio de Justicia cumpla con repararlas integralmente.

Finalmente, la exhibición estará hasta el 28 de abril en Galería Fisura, Catalino Miranda 375 – Barranco, de 3 a 9 p.m., con previa cita en: https://bit.ly/3A65O2i

Sentencia histórica sobre no discriminación, justicia y salud de LGTBIQ+

Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia en el caso Crissthian Olivera vs Perú, en la que establece que el Estado peruano es responsable internacionalmente por haber discriminado a Olivera por su orientación sexual, debido a las respuestas administrativas y judiciales que brindó ante la denuncia que realizó cuando fue expulsado de un supermercado. Concretamente determina que el Estado peruano violó los derechos a la libertad personal (Art.7.1), garantías judiciales (Art.8.1), vida privada (Art.11.2), igualdad ante la ley (Art.24) y protección judicial (Art.25.1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El 11 de agosto de 2004, Crissthian Olivera y su pareja se encontraban en la cafetería de Supermercados Santa Isabel (Supermercados Peruanos), cuando el personal de la tienda, junto con miembros de seguridad, les ordenaron cesen en sus muestras de afecto. El 1 de octubre de 2004, Olivera presentó una denuncia ante INDECOPI y posteriormente un proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial, alegando haber recibido un trato discriminatorio a causa de su orientación sexual. Tanto INDECOPI como el Poder Judicial rechazaron su denuncia.

En su sentencia, la CorteIDH hace explícito que las empresas tienen obligaciones en materia de no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y en ese marco, el Estado es responsable de reglamentar, monitorear y fiscalizar su actuación. Asimismo, establece la inversión de la carga de la prueba como estándar probatorio en casos de discriminación, la que implica que sea la entidad denunciada (empresa) la que justifique objetivamente su actuación y lo pruebe. Por otro lado, se determinó que las resoluciones administrativas dictadas en el caso apelaron a prejuicios sobre las expresiones de afecto de personas LGBTIQ+ y su alegado impacto sobre niños y niñas; además se hizo énfasis en que ningún testimonio “puede ser infravalorado únicamente en razón de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona”.

En virtud de todo ello, la CorteIDH reconoció que como resultado de la denegación de justicia se afectó la salud mental de Olivera, ya que “padeció un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”.

Como medidas de reparación se estableció que el Estado peruano brinde tratamiento psicológico/psiquiátrico para la víctima; diseñe e implemente una campaña informativa anual de sensibilización y concientización sobre el respeto y garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+; elabore un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual y género en el ámbito del consumo, dirigido a autoridades administrativas y judiciales así como un manual de razonamiento jurídico en casos de discriminación a personas LGTBIQ+; y diseñar e implementar una política pública para monitorear y fiscalizar que las empresas y sus trabajadores/as y colaboradores/as cumplen con la legislación nacional y los estándares internacionales sobre igualdad y no discriminación de personas LGTBIQ+.

DEMUS, como una de las instituciones patrocinadoras del caso hará seguimiento al cumplimiento de la sentencia, y solicita que en plazo máximo de 30 días la Procuraduría General del Estado apruebe por acuerdo y con carácter vinculante cuáles son las entidades del Estado que deben dar cumplimiento a cada una de las obligaciones derivadas de la presente sentencia supranacional.

El Poder Judicial ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos implementar una política de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzada inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada – Reviesfo

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima emitió sentencia y reconoció el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas de esterilización forzada registradas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada –REVIESFO, creado en el 2015 por el gobierno de Ollanta Humala tras una larga lucha para que cumpliera con sus promesas electorales de justicia para las víctimas, conforme a derechos humanos.

A través del Reviesfo, el Estado debe identificar y registrar al universo de víctimas y presuntas víctimas, así como proveer servicios de atención psicológica y social a través de los CEM del MIMP, atención médica a cargo del SIS y defensa pública de parte del Minjusdh. Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczinski, estos servicios se quedaron sin o bajo presupuesto para los registros itinerantes y atención.

Las víctimas y sobrevivientes de la política Fujimorista de esterilizaciones forzadas han luchado más de una década por una política de reparaciones integrales. Lamentablemente, el expresidente Humala observó la ley aprobada. Luego, el Congreso de la República aprobó nuevamente la ley y fue promulgada por el expresidente Sagasti. El Minjusdh y el Consejo de reparaciones se han resistido a cumplir con su deber perjudicando a miles de víctimas y sobrevivientes. Muchas de ellas están muriendo en el abandono y el olvido.

Debido a este abandono, el GREF -Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas en Perú- acogió la propuesta de la comisión jurídica conformada por Andrea Carrasco, Yudith Conto, Aroldo Vera y María Ysabel Cedano, así como de la abogada Ana María Vidal, de apoyar la interposición de una demanda de amparo.

El 14 de abril de 2022, se interpuso una demanda de amparo para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reconozca y ejecute su derecho a la reparación.

Las organizaciones que llevaron esta demanda son: la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada de Chumbivilcas, representada por Inés Condori; el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional, representado por María Esther Mogollón; Derechos Humanos Sin Fronteras, representado por Oracio Pacori; SISAY, representado por Felix Rojas, Asociación SER, representado por Raquel Reynoso y Demus, representado por Romy García.

Lamentablemente, el MINJUSDH respondió de manera negativa y planteó diversas excepciones y argumentos para no reconocer el derecho y el deber estatal. Frente a ello, en un hecho sin precedentes y fallo histórico, este 16 de noviembre de 2022, el juez Jorge Luis Ramírez Nino de Guzmán, juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, emitió sentencia que reconoce el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas de esterilizaciones forzadas y ordenó al mencionado ministerio que implemente una política de reparaciones para las víctimas registradas en el Reviesfo que, actualmente, ascienden a alrededor de seis mil inscritas.

Al respecto, Yulissa Casana, integrante de Derechos Humanos Sin Fronteras, una de las organizaciones demandantes, declara que estarán vigilantes para que se cumpla con la implementación de la política de reparaciones integrales. Este es un logro significativo del movimiento de derechos humanos y feministas que nos conmueve.

Del mismo modo, Félix Rojas, de la organización Sisay, demanda que el gobierno de turno, a través de los sectores correspondientes, tenga voluntad política y organizar una política de reparaciones integrales a fin de garantizar la salud de las víctimas y familiares, implementando un plan de salud especializado en atención a víctimas de esterilizaciones forzadas con psicólogos, médicos y otros profesionales especializados. Además, una reparación económica acorde a la realidad y al daño sufrido.

Esta no sería la primera vez que el Estado peruano reconoce el derecho a reparaciones de las víctimas y sobrevivientes de esterilizaciones forzadas, así lo informa María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS, quien afirma que en más de una oportunidad el Estado ha reconocido este derecho, sin embargo no ha cumplido con reparar. Por tanto, incide, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe cumplir inmediatamente sin más excusas.

Asimismo, Cedano, comenta que si el Estado apela la sentencia, evidenciará, entonces, que no hay intención de cumplir con un deber admitido por el Estado hace varios años durante varios gobiernos y varias instituciones tales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, la Procuraduría Supranacional del Estado y el Congreso de la República.

En el caso de Celia Ramos vs. Perú ante la CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la apelación debe ser evidencia de la falta de voluntad estatal de cumplir con las recomendaciones del informe de fondo. Por lo tanto, exigimos al Estado que cumpla con el informe de fondo que también establece el deber de reparar para que no se repita, que la CIDH no le conceda más prórrogas para que cumpla y que presente el caso emblemático de Celia Ramos ante la Corte IDH. La CIDH le ha concedido 4 prórrogas al Estado a la fecha. El Estado tiene hasta el 3 de marzo del 2023 para cumplir.

Es importante informar que, si bien no existe un plazo para implementar las reparaciones integrales, al tratarse de derechos humanos vulnerados, estas reparaciones deben ser inmediatas. Así lo demanda también Inés Condori, sobreviviente y presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, quien exige que las reparaciones sean integrales para todas, según la norma y los estándares internacionales. “Estamos alegres con la sentencia y pendientes de la notificación. Del mismo modo, esperamos que no haya más cambios de personal en el Poder Judicial para que estos procesos no se sigan alargando”, sentenció.

Sobre la sentencia, es necesario aclarar que no se trata solo de reparaciones económicas, sino integrales, es decir, abarcan también la atención en salud, educación, vivienda, disculpas públicas, trabajo, entre otras; que responden a los estándares de derechos humanos.

Igualmente, reiterar que esta política de reparación alcanzará a todas las víctimas inscritas en el Reviesfo las mismas que ascienden a alrededor de seis mil mujeres, aunque la cifra de personas afectadas por las esterilizaciones forzadas es aún más grande y no se ha logrado aún inscribirlas a todas por la desidia y desinterés del Estado peruano. Por el momento, las víctimas y sobrevivientes han logrado se programen registros en Huancavelica y Ayacucho.

Finalmente, desde los movimientos de defensoras de derechos humanos y feministas, afirman que estarán vigilantes para que se cumpla con la implementación de la política de reparaciones integrales, así como la continuidad de una investigación judicial célere y que se cumpla con ampliar la extradición de Alberto Fujimori para que responda ante la justicia por este crimen de lesa humanidad.

Asociaciones de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas producidas durante el régimen fujimorista, exigieron ante representantes del Estado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la implementación y ejecución de una política de reparaciones integrales, así como el acceso a justicia con medidas efectivas, oportunas y en diálogo intercultural.

La Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas – AMAEF-Chumbivilcas ha mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para expresar sus demandas en cuanto al acceso a justicia y reparaciones integrales.
Se sabe que, parte de la junta directiva de AMAEF Chumbivilcas viajó a Lima para manifestar su indignación al MINJUSDH por no cumplir, a la fecha, con las reparaciones integrales asumidas por este gobierno, ya que el presidente Pedro Castillo se comprometió, en campaña electoral, a garantizarlas.
Del mismo modo, en dicha reunión, las lideresas fueron informadas de que el MINJUSDH cuenta con una propuesta normativa, que pensaba enviar al Congreso de la República, sobre reparaciones para las víctimas. Al respecto, María Ysabel Cedano, abogada por DEMUS, comenta que “la propuesta normativa es un anteproyecto de ley que tendría que ser aprobado por el Congreso de la República para otorgarles reparaciones en salud, simbólicas y de acceso a programas reproductivos. La asociación NO está de acuerdo con dicha propuesta porque aplaza el cumplimiento de su derecho a reparaciones integrales con base en la Ley 31119 que costó una década de incidencia legislativa y la Ley del Plan integral de reparaciones. Además que, sumado a ello, se trata de una medida que no ha sido consultada con todas las asociaciones existentes y que por la crisis política actual producto de la oposición fujimorista y aliados, no tiene viabilidad salvo que el Presidente esté dispuesto hacer una cuestión de confianza”.
Así también, la junta directiva -integrada por Inés Condori, Juana García, María Ordóñez y María Gurvina- manifestó sus preocupaciones en la toma de declaraciones a las víctimas del caso penal 059-2019 y del funcionamiento del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) tras la pandemia. A nivel nacional hay únicamente 114 defensores públicos y 7913 personas inscritas en REVIESFO, de las cuales 1734 son de la región Cusco.
“Gracias a las gestiones de esta organización de mujeres con apoyo de Derechos Humanos Sin Fronteras, el MINJUSDH, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, realizará atención itinerante el 26, 27 y 28 de octubre, en la ciudad de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas”, informó Yulissa Casana, parte del equipo de Derechos Humanos Sin Fronteras.
Por su parte, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), las representantes refirieron que no reciben atención en salud física ni sicológica, por lo que solicitaron acceder a los servicios que ofrece el MIMP a través de los CEM. No obstante, no recibieron ningún tipo de solución clara de este ministerio. Esto en respuesta al déficit de personal que hay en el único Centro de Emergencia Mujer de Chumbivilcas, por lo cual es complicado que reciban atención sicológica. Cabe señalar que los CEM solo atendieron a 3 víctimas de esterilizaciones forzadas en los dos últimos años. El MIMP debería solicitar nuevamente el presupuesto público para cumplir con su deber de acuerdo al D.S. 006-20151-JUS que declaró de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2011 y que creó el REVIESFO.
Cabe recordar que la Asociación de Mujeres Sobrevivientes de Esterilizaciones Forzadas Perú (AMSEFP) se reunió con las representantes del MIMP, el pasado 30 de septiembre, en la que expresaron también su demanda de atención y cumplimiento del REVIESFO, con servicios de salud integral, asistencia legal y acceso a la justicia. Sin embargo, tampoco hubo un compromiso concreto por parte de la entidad.
Asimismo, el reciente 12 de octubre, ambas asociaciones participaron en la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Lima. Se hicieron presentes por parte de la AMAEF Chumbivilcas, las sobrevivientes y defensoras Inés Condori, María Lourdes Gurvina, María Ordóñez y Juana García; y de AMSEFP estuvieron las sobrevivientes y defensoras Carmen Rosa Reátegui y Juana Taipe.
En la reunión, Inés Condori expuso la situación de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en materia de acceso a justicia y reparaciones integrales, demandas que no son atendidas por el Estado peruano desde hace más de 20 años. Más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas y hay más de 1200 víctimas dentro del caso penal 059-2019. Frente a ello, el comisionado Stuardo Ralón se comprometió una vez más en darle seguimiento a este caso de vulneración de derechos humanos y actuar ante las autoridades peruanas.
Finalmente, la asociación de Chumbivilcas conversó con la directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú, Jennie Dador, a quien le pidieron interceder para que las víctimas accedan a justicia y reparaciones integrales, la respuesta de Dador ha sido que se comprometen a “apoyarlas a conseguir la reparación en el sector salud y seguir insistiendo con el MINJUSDH para corregir su interpretación restrictiva de la Ley 31119”.
Las instituciones Derechos Humanos Sin Fronteras y Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer estuvieron presentes en estas reuniones como parte del acompañamiento que brinda a las mujeres sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas.

El Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha retrocedido en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual, al interés superior del niño, la identidad y el reconocimiento de las familias diversas, al negar la inscripción de Jenny y Darling como madres en el DNI de su hijo.

El Poder Judicial ha emitido sentencia, de segunda instancia, que declara improcedente la demanda de Jenny Trujillo y Darling Delfín, esposas y madres lesbianas, que exigen al RENIEC otorgarles un DNI donde figuren ambas como madres de su hijo. Al respecto, demandantes y defensoras de derechos rechazan esta sentencia discriminatoria por incumplir -violar- derechos humanos y han presentado recurso de agravio constitucional e informarán a la CIDH ya que esta decisión supone un motivo más para que la visibilidad de la petición P-534-22 sea atendida con prioridad.

“Cuando iniciamos la demanda, nos compartieron que un amparo no debe durar más de seis meses y, sin embargo, ya vamos casi seis años, motivo por el que hemos acudido a la justicia internacional y, en tanto y reafirmando nuestraucha, por ello hemos presentado el recurso de agravio constitucional frente al TC». expresó Jenny Trujillo, una de las madres denunciantes.

Jenny Trujillo y Darling Delfin son una pareja de lesbianas, casadas y que tuvieron un hijo en el extranjero que desde hace casi seis años iniciaron una demanda de amparo contra RENIEC, institución estatal, que se niega a emitir un DNI donde figuren ambas como madres de Dakarai, su hijo.
En octubre de 2021, el fallo del juez de primera instancia fue a favor de entregar un DNI donde figuren ambas madres del niño. Sin embargo, RENIEC apeló y ahora los jueces de segunda instancia han declarado improcedente la demanda. Al respecto, Luisa Zanabria, integrante de LIFS, comenta: “Esta sentencia es muy dolorosa y nos confirma una vez más que los derechos de las niñas y niños de familias diversas, no están asegurados y que sus vidas están en riesgo. Lo mismo con las madres lesbianas. No tenemos los mismos derechos como cualquier otra madre”.

Esta sentencia antiderechos de la niñez, de las mujeres, lesbianas y familias diversas, prioriza la institución del matrimonio heterosexual por encima del interés superior del niño y sus derechos fundamentales a la identidad, la igualdad, la protección y la no discriminación, así como perpetúa la violencia institucionalizada contra las lesbianas y personas GBTIQ+.

La sentencia señala además que, para que Daki cuente con un DNI donde figuren sus dos mamás, debe haber antes una reforma constitucional lo que es absurdo, cruel y está lejos de las exigencias del estado de derecho y de lo dispuesto por los órganos internacionales y tratados sobre derechos humanos que el Perú ha ratificado. Sobre ello, Gabriela Zavaleta, representante de Más Igualdad Perú, declara: “Es preocupante que el Poder Judicial, una entidad que debería ser garante de derechos, decida impedir al menor hijo de Jenny y Darling el ejercicio de sus derechos únicamente por ser un niño que tiene dos madres. Nuevamente nuestro país da la espalda a las personas cuyos derechos son vulnerados y les exige lograr los cambios legales que sus propias autoridades no están dispuestas a impulsar”.

Así también, el profesor Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS, explica que la denuncia internacional fue presentada antes de culminar con el litigio en Perú “debido a la injustificada demora de las autoridades judiciales nacionales en tramitar un caso claramente discriminatorio que involucra además a un niño. No es aceptable que el proceso de amparo lleve casi 6 años sin una respuesta en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Agregó que la decisión de segunda instancia “utiliza en su argumentación una serie de estereotipos negativos sobre las familias LGBTIQ+ lo que hace de plano inefectivo el amparo que hemos presentado”. Estos dos argumentos “son más que suficientes para que la CIDH declare admisible la petición a favor de Daki y sus dos mamás, pese a que todavía no exista una resolución final en el Perú”, indicó.

Sobre el punto anterior, Cynthia Silva, comparte su indignación y postura institucional de DEMUS: “Se trata de una decisión contraria a los derechos de tres personas que se ven privadas de su reconocimiento como familia con base en una interpretación discriminatoria que condiciona el acceso a derechos a la negación de su orientación sexual, como mujeres lesbianas. Lamentamos que se retroceda en segunda instancia y se le dé la razón a RENIEC contraviniendo la Constitución, en la que queda claro que las normas infraconstitucionales no pueden atribuirse el poder de reprimir las libertades, ni el poder de autorizar quiénes son familia y quiénes no.”. Del mismo modo, María Ysabel cedano, abogada de la organización, exhorta a las lesbianas, a las familias homoparentales, organizaciones feministas y LGBTIQ+ continuar articulando y luchando hasta lograr una Justicia Arcoiris porque existimos».

Finalmente, la pareja ha decidido acudir al Tribunal Constitucional, última instancia en el Perú, para presentar un recurso de agravio constitucional frente a esta sentencia. Sin embargo, ante la incertidumbre de lo que podría continuar demorando el trámite del caso en el país, el asunto ya se encuentra en manos de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) desde marzo de 2022.

Este agosto los casos de Crissthian Olivera y Jenny y Darling tendrán audiencias en instancia internacional y nacional respectivamente que, de lograr un fallo favorable, impactará sustancialmente en los derechos de otras personas y familias LGBTIQ+ en Perú.

Este 24 de agosto el Estado peruano tendrá que responder ante la Corte IDH por la vulneración de derechos de Crissthian Olivera, activista y defensor de derechos humanos. Crissthian fue discriminado por expresar su orientación sexual en un supermercado cuando se encontraba, con quien fue su pareja, en la cafetería del local y el personal de seguridad les ordenó retirarse, humillándolos públicamente por sus demostraciones de afecto.

Desde entonces, 11 de agosto de 2004, Olivera inició un camino de búsqueda de justicia que no encontró en ninguna de las instancias nacionales, ni administrativa ni judicial, por lo que acudió a la justicia internacional para que resuelva su caso.

“Tras 18 años de batalla legal, lo que espero de esta audiencia ante la Corte IDH es ser escuchado y, sobre todo, que jueces y juezas me crean. En todo este tiempo mi palabra no solo fue puesta en duda, sino que fue invalidada y desacreditada. Se hizo una representación estigmatizada de mi persona. Pido justicia para mí y que, por fin, se reconozca que sufrí discriminación y que el Estado peruano vulneró mis derechos a través de decisiones prejuiciosas y silencios cómplices que perpetuó un sistema excluyente lleno de barreras que nos impiden a las personas LGBTIQ+ acceder a la justicia. Por ello, busco también generar estándares de justicia para las personas LGTBIQ+ de este país, que no se repitan más casos como el mío y que los mecanismos de denuncia sean realmente oportunos, efectivos y sin prejuicios sobre la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, señala Crissthian.

Del mismo modo, Jenny Trujillo y Darling Delfín, lesbianas, esposas y mamás de Daki, iniciaron, desde hace cinco años, una demanda contra RENIEC por no inscribirlas a ambas en el DNI de su hijo, lo que se traduce como una serie de vulneración de derechos, tales como el derecho a la identidad, al interés superior del niño, a la protección familiar, a la igualdad y no discriminación, entre otros, tendrán también una audiencia con la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 23 de agosto a las 10:00 a.m. donde jueces y juezas decidirán si ratifican la orden de primera instancia que obliga a RENIEC emitir un documento con sus dos mamás para Daki.

“En esta oportunidad demandamos a la Corte que ratifique la sentencia de primera instancia que ordena a RENIEC emitir un DNI con dos mamás para Daki. Así también, exigimos que se declare fundada la demanda de amparo presentada al Poder Judicial por la discriminación por orientación sexual cometida contra una de nosotras y que se configura como una afectación y daños irreparables en el ejercicio del reconocimiento y garantía de neustros derechos y los de Daki”, señalaron Darling y Jenny.

Por su parte, Luisa Zanabria, en representación de LIFS, una de las organizaciones litigantes, comparte: “Están limitando el ejercicio de los derechos humanos y  fundamentales de la familia, tanto de las madres como de Daki. Las lesbianas como cualquier otra mujer tenemos derecho a nuestras maternidades y los Estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho a todas sus ciudadanas. El estado peruano tiene que cumplir este mandato y dejarse de prejuicios. A las madres de Daki, por ser lesbianas no les están permitiendo ejercer este derecho”.

Así también, Gabriela Zavaleta, representante de Más Igualdad, otra de las organizaciones litigantes, refiere sobre ambos casos que “(…) las próximas audiencias resaltan la urgencia de rechazar las manifestaciones discriminatorias contra la diversidad LGBTIQ+ que se encuentran vigentes no solamente en la sociedad peruana sino también en las leyes. Será una nueva oportunidad para examinar si el Estado peruano está cumpliendo con sus obligaciones para con los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, entre ellos, las personas LGBTIQ+, quienes son igual de valiosas y merecedoras de protección legal para ellas y sus familias. Esperamos que las autoridades acojan las recomendaciones y se comprometan a hacer del Perú un país seguro y digno para las vidas de la población LGBTIQ+”.

Igualmente, Cynthia Silva, directora de DEMUS, organización que forma parte también del litigio de ambos casos, declara: “Desde Demus consideramos las audiencias hitos históricos en la lucha por la igualdad material de las personas y familias LGTBI en Perú. Estas son oportunidades para que la ciudadanía conozca los fundamentos jurídicos de los alcances de la protección y garantía de los derechos humanos frente a patrones de discriminación que pretenden negar, con consecuencias graves, tanto a las víctimas directas, en este caso Daki, sus mamás Crissthian, y a la sociedad. Acompañémosles sororamente y sumémonos a su legítimo reclamo por una justicia arcoiris”.

Finalmente, todas las organizaciones parte y denunciantes coinciden en que el Estado peruano debe recoger e implementar la recomendación hecha en marzo por el Comité CEDAW sobre legislar en favor del matrimonio igualitario, así como la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sobre no discriminar a las parejas del mismo sexo. Un reto para el cumplimiento y garantía de los derechos humanos.

Somos mujeres en toda nuestra diversidad, lesbianas, gays, bisexuales, queer y trans, quienes nos dirigimos a toda la sociedad peruana, a las instituciones públicas y, sobre todo, al sistema de justicia de este país para demandar por nuestro derecho al acceso a la justicia, sin revictimización y discriminación por prejuicios de género.

Nos hemos reunido para denunciar que el sistema de justicia debe unificar criterios y procedimientos que permitan que sus instituciones creen protocolos para la atención de los casos de personas lgbtiq+, garantizando su difusión y cumplimiento en todas las instancias del sistema de justicia y  por parte de su personal en todos los niveles de atención

Por ello, demandamos:  

Una educación inclusiva, basada en la evidencia científica, laica, que implemente la educación sexual integral con enfoque de género, intercultural y con respeto de la diversidad.

• Sensibilizar y capacitar a operadores/as de justicia, en todos los niveles del sistema de justicia, en temas de diversidad sexual y de género con enfoque interseccional.

• Plantear y hacer efectivas las sanciones dispuestas para operadores/as de justicia, así como otros/as servidores/as públicos, que incumplan las normas y políticas en materia género para la erradicación de la violencia contra mujeres en toda su diversidad y personas LGBTIQ+.

• Crear y difundir, con lenguaje amigable y en medios masivos, información y material pedagógico y comunicacional sobre discriminación y violencia basada en género, así como sus rutas de atención y denuncia. 

• Garantizar celeridad procesal y estándares internacionales como el cumplimiento de la opinión consultiva y las recomendaciones del Comité Cedaw al estado Peruano.

• Reiterar los aportes a la Directiva “Atención judicial de víctimas de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales” .

• Abordar la agenda pendiente de los derechos de las lesbianas en el ámbito jurisdiccional.

• Todas las entidades del Estado deben incluir en su sistema de registro la categoría orientación sexual e identidad de género. En especial, el Ministerio del Interior a través de las comisarías y el Ministerio de la Mujeres y Poblaciones Vulnerables deben registrar la violencia contra personas LGBTI+ para generar data y estadísticas que nos permita conocer la situación de la violencia contra población LGBTI+.

• Elaborar, aprobar y ejecutar la Política Nacional de Acceso a la justicia a cargo del MINJUSDH, con inclusión de personas LGBTIQ+.

• Predictibilidad en las resoluciones de los jueces y juezas. Todes lxs administradores de justicia deben obedecer a los estándares internacionales y no pueden menoscabar derechos con sus resoluciones.

• Crear e implementar cupo laboral trans, así como incidir en otras políticas públicas en población trans tomando en cuenta su mención explícita como transfeminidades y transmasculinidades, así como la población no binarie, las cuales presentan necesidades específicas tales como:

. Ley de Identidad de Género

. Atención diferenciada en servicios de salud

. Garantía de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

. Reformas trans que se apliquen en los distintos espacios educativos como universidades, institutos y colegios para garantizar espacios seguros, continuidad educativa y respeto a la identidad. Articular esta incidencia con SUNEDU.

• Capacitar a operadores/as de justicia en masculinidades positivas, así como en erradicar estereotipos, prejuicios y discriminación por género para identificar situaciones de violencia como el acoso callejero, el acoso y hostigamiento sexual, entre otras formas, a fin de garantizar oportuna atención y justicia en los casos de violencia basada en género.

Así también, nos dirigimos a la presidenta del Poder Judicial, la señora ELVIA BARRIOS, como a otras personalidades del sistema de justicia, para llamarla a concretar una reunión en la que escuche, atienda y dé respuesta pronta y efectiva a estas demandas.

Seguiremos firmes y constantes hasta lograr una real #JusticiaArcoíris

Lesbianas, trans, bisexuales, afroperuanas, feministas, mujeres con discapacidad y niñas exigen el cese de la violencia institucional y que garanticen sus derechos humanos

En febrero de este año, la Comisión que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de las Naciones Unidas examinó al Estado peruano en materia de derechos humanos de las mujeres. Tras las observaciones y recomendaciones finales, organizaciones feministas y de derechos humanos exigen al Estado peruano el cumplimiento de la CEDAW y sus recomendaciones.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, señaló que en la recomendación 15 del CEDAW, se señala que, ante el acoso, la violencia de género contra las defensoras de los derechos humanos, el Comité recomienda que se acelere la investigación y el enjuiciamiento de todos los actos de acoso, violencia de género; se proporcione recursos y reparaciones a las víctimas, y establezca un registro específico de esos incidentes. Además, se cree conciencia respecto a la contribución de las defensoras de los derechos humanos; y que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implemente el Protocolo Multisectorial de Protección a las Personas Defensoras. 

Por su parte, Cynthia Silva, directora de DEMUS, hizo énfasis en que todos los problemas que vienen denunciando las mujeres desde hace décadas deben abordarse de forma diferenciada y especializada. “Las mujeres jóvenes son quienes viven mayor acoso y tienen menores posibilidades de acceso a la justicia por su propia autonomía. Este tipo de distinciones son muy importantes porque ayudan al sistema de justicia a saber cómo debe tratarse estos casos”, expresó. Por ello, resaltó la necesidad del presupuesto público para la política de igualdad de género, la estrategia nacional de prevención de la violencia de género y la implementación efectiva del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ).

Asimismo, señaló que el Poder Judicial debe aprobar la Directiva “Atención judicial de víctimas de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales” que permite litigar casos de violencia por prejuicio contra lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales. Además, mencionó que tras 20 años de la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que señala a las violaciones sexuales y esterilizaciones forzadas como delitos de lesa humanidad, Estado peruano aún no adecua su Código Penal, lo que permite la impunidad y la repetición de crímenes como el caso Manta.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH. Registro: Jennifer De La Cruz.

Cynthia Silva, directora de DEMUS. Registro: Jennifer De La Cruz

Comité CEDAW nombra a mujeres LBTI por primera vez

Desde hace muchos años, las organizaciones integrantes del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​ (CLADEM Perú) se organizan para redactar informes alternativos a los diferentes comités de los órganos de las Naciones Unidas. Este año, a pedido de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), el CLADEM Perú decidió presentar un informe alternativo sobre las lesbianas al Comité CEDAW, logrando así históricamente medidas a favor de lesbianas, trans, bisexuales e intersex.

“Como lesbianas estamos muy contentas que, por primera vez, el Comité CEDAW se refiere a nosotras como mujeres lesbianas. Pareciera una cosa de nada, pero es muy importante que un órgano de las Naciones Unidas nos reconozca como titulares de derechos y que se recomienden medidas que garanticen nuestros DDHH”, expresó Gina Cedamanos, representante de CLADEM Perú y de LIFS. Además, es muy importante que el informe haya considerado recomendaciones bajo el enfoque de la interseccionalidad. En él, brinda recomendaciones para mujeres con discapacidad, afroperuanas, indígenas, niñas, mujeres privadas de su libertad, LBTI, entre otras. 

Asimismo, mencionó que esperan que el Congreso legisle conforme a la CEDAW y no apruebe ni insista en la aprobación del proyecto del ley 904 contra la ESI; que el Poder Judicial adopte la Directiva y haga cumplir la sentencia que le impuso a la RENIEC sobre los derechos de las lesbianas adquiridos en el extranjero en materia de familia, matrimonio e igualdad como el caso de Jenny y Darling, esposas lesbianas, a quienes se les niega el derecho de figurar en el DNI de su hijo. Asimismo, queda pendiente la aprobación del Proyecto de Ley 525/2021, el cual modifica el artículo 234 del Código Civil, que dice que el matrimonio es la unión solo entre el hombre y la mujer.

Por su parte, Leyla Huertas, representante de Féminas dijo que es importante empezar por el nombramiento de las mujeres trans y de reivindicar el  derecho a la identidad, sobre el cual se desarrollan los demás derechos básicos. En esa línea, Santiago Balvín, persona transmasculina, mencionó que saluda el nombramiento a otras disidencias sexuales, pero es necesario reconocer y profundizar sobre las poblaciones que quedan desprotegidas por una estructura sociotransexual. “No solo somos cuerpos gestantes, somos seres humanos que buscan ser mencionades y reconocides como transmacuslinidades y personas no binaries asignades mujeres al nacer como problemáticas específicas”, señaló Balvín.

El Comité ha señalado también la necesidad de un sistema de cuotas que resarsa los años de invisibilidad, discriminación y exclusión; de seguimiento de la aplicación de las leyes que tipifican la violencia de género contra las mujeres; que se prevenga, registre, investigue y sancione la discriminación y la violencia de género contra las lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Así como mejorar la recopilación, análisis y difusión de datos completos y desglosados, entre otros, por orientación sexual. “El Estado necesita realizar estudios sobre la situación en que viven las mujeres lesbianas, para poder tomarlas en cuenta al elaborar sus políticas públicas. En el MIMP tenemos estancado un estudio sobre las lesbianas desde el 2012. Esto no puede estar pasando. Se requiere ese diagnóstico ya y servicios que garanticen nuestros DDHH”, finalizó Cedamanos.

Gina Cedamanos, representante de CLADEM Perú y de LIFS. Registro: Jennifer De La Cruz.

Leyla Huertas, representante de Féminas; Santiago Balvín, persona transmasculina. Registro: Jennifer De La Cruz.

Sobre mujeres afroperuanas y mujeres con discapacidad 

Cecilia Ramirez, representante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), enfatizó en la recomendación CEDAW que indica promover medidas especiales de carácter temporal, mediante la adopción de cuotas, metas e indicadores, en todos los ámbitos de la Convención a fin de reparar a mujeres afroperuanas, víctimas de formas históricas e interseccionales de discriminación. “Que se eliminen los obstáculos institucionales, estructurales, como los financieros y geográficos para garantizar el acceso a la justicia”, señaló Ramirez.

Por ello, es necesaria la inclusión de la variable étnica en todos los registros administrativos a fin de contar con datos desagregados que contribuyan a la generación de políticas públicas y acciones afirmativas de manera diferenciada. Además de prevenir, registrar, investigar y sancionar la discriminación étnica racial y la violencia de género. 

Por otro lado, una de las grandes preocupaciones en este tiempo de pandemia y que se ha agudizado es el empleo. “De 10 personas, 8 no se encuentran trabajando ni buscando empleo, de las cuales las mujeres con discapacidad son las más afectadas, víctimas de discriminación y exclusión por atribuirles diversos estereotipos sobre género como que se nos vea como niñas, incapaces. Incluso, muchas han sufrido violencia porque se les ve como personas asexuales o hipersexuales”, compartió Nathaly Huapaya, representante de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDDHH.  Además mencionó que la falta de empleo crea dependencia económica de las mujeres con discapacidad hacia sus familias o parejas, quienes muchas veces son sus principales agresores.

Asimismo, señala que no existe data actualiza estadística que refleje la situación de las mujeres con discapacidad en ningún aspecto. No seguimiento de las denuncias cuando las mujeres con discapacidad solicitan una medida de protección. Esto no permite que se desarrollen políticas públicas teniendo el enfoque de género y discapacidad.

Cecilia Ramirez, representante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP). Registro: Jennifer De La Cruz.

Nathaly Huapaya, representante de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDDHH. Registro: Jennifer De La Cruz.

Sobre los derechos políticos de las mujeres

Lisbeth Guillén, representante del Movimiento Manuela Ramos, indicó que los obstáculos estructurales que afrontan las mujeres, en particular de grupos marginados, impiden que se presenten a las elecciones a nivel nacional, regional y municipal, y que parte de la baja participación de las mujeres en la política se debe a los estereotipos y las prácticas discriminatorias; esto también se traduce en el aumento del acoso político, en la mayoría de casos con impunidad para los responsables.

Existe la necesidad de reforzar los mecanismos y crear políticas para prevenir en el debate público la violencia de género contra las mujeres políticas, las defensoras de los derechos humanos y las candidatas y para hacer que las empresas de medios sociales respondan por los contenidos ilícitos generados por usuarios, así como crear los mecanismos de presentación y seguimiento de denuncias. “Demandamos que el proceso electoral 2022, elecciones regionales y municipales, se realicen libres de acoso y sin ningún tipo de discriminación contra las mujeres candidatas y se garantice una atención con debida diligencia a las mujeres candidatas que reporten situaciones de acoso político en el proceso electoral”, manifestó Guillén.

Educación Sexual Integral para niñas y niños

“Hacemos un llamado al Presidente de la República a observar la autógrafa de ley 904. Sr. Presidente Castillo, usted tiene un compromiso con los niños y las niñas del país, ellos esperan que usted no les dé la espalda”, enfatizó Elga Prado, coordinadora del Programa de Sexualidad del Movimiento Manuela Ramos, quien además señaló la importancia de prevenir los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual a través del refuerzo de la labor pedagógica y la incorporación en planes de estudios.

Entre otras medidas, Prado mencionó la obligación del Estado peruano de reforzar la infraestructura educativa en las comunidades indígenas y en las zonas rurales; proporcionar transporte escolar gratuito, fiable y seguro a las niñas y mujeres de las zonas rurales y remotas; facilitar la matrícula y garantizar oportunidades de recibir educación en sus propias lenguas tal y como lo menciona el Comité CEDAW. Además de disponer de guarderías asequibles para promover la culminación de los estudios e imponiendo multas a los centros educativos que expulsen a las niñas embarazadas y/o nieguen a las madres jóvenes la oportunidad de reintegrarse en la educación.

Elga Prado y Lisbeth Guillén, representantes del Movimiento Manuela Ramos. Registro: Jennifer De La Cruz.

Embarazo infantil, muertes maternas y derecho a decidir

Durante el 2021, se ha visto un incremento de las muertes maternas en menores de 19 años a 51 muertes en total. La maternidad infantil se triplicó en niñas menores de 10 años a comparación del año 2019. Según Reniec en 2021, 1430 niñas de 11 a 14 años fueron madres producto de la violencia. Es decir, cada día, 4 niñas dan a luz en el Perú. Es necesario elaborar y aprobar una norma técnica sanitaria exclusiva para la atención integral diferenciada de las niñas embarazadas como consecuencia de una violación. “Han transcurrido 8 años desde la aprobación de la Guía IVITE y casi 100 de la despenalización del aborto terapéutico, y aún sigue habiendo barreras para su implementación”, señaló Melissa Sánchez, representante Católicas por el Derecho a Decidir.  

Por su parte, Liz Melendez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, menciona el pendiente histórico del Estado peruano sobre el derecho a decidir y los derechos sexuales y reproductivos. Así como la aprobación del Proyecto de Ley 594/2021, el cual propone la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sexual.

Melissa Sánchez, representante Católicas por el Derecho a Decidir; Liz Melendez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Registro: Jennifer De La Cruz.

Eliana Revollar, Defensora del Pueblo

La conferencia contó con la participación de Defensora del Pueblo, quien señaló que el Estado peruano ha tenido avances significativos en materia normativa, sin embargo, no se ha avanzado en la compresión de muchas normas y, en otros casos, hay vacíos enormes a favor de los derechos de las mujeres y personas LBTI. Asimismo, indicó que todavía es un desafío contar con una ley de identidad y una ley de matrimonio igualitario, y que la Defensoría tiene una posición al respecto. Igualmente, en el tema del aborto como consecuencia de una violación en menores de edad.

Por otro lado, expresó su preocupación sobre la ESI: “Si se aprobara el Proyecto de Ley 904, ya convertido en autógrafa, se traería abajo todo el sistema internacional y constitucional de protección. Ese sería un retroceso, porque las políticas públicas se tienen que construir y ejecutar para todos. Para la Defensoría del Pueblo es una preocupación que el enfoque de género siempre esté siendo atacado”, afirmó Revollar.

Eliana Revollar, Defensora del Pueblo. Registro: Jennifer De La Cruz

Leticia Bonifaz, experta del Comité CEDAW/ONU.

“Sabemos que en muchos de nuestros países de América Latina aparentemente damos soluciones legislativas; ustedes han insistido en que las leyes no funcionan si no tienen eficacia, especialmente, si no hay presupuesto orientado a que las políticas públicas vayan teniendo una verdadera aplicación”, comentó. Además, indicó que en comparación a períodos anteriores, sin duda en Perú hay avances, pero que también hay muchos retos todavía por atender.

La experta Bonifaz considera que las recomendaciones serán muy útiles para el gobierno del Perú, no solo para buscar mayor igualdad sino tener claridad sobre los asuntos que están pendientes. “El embarazo infantil y adolescente y, como consecuencia, la deserción escolar aparecieron como uno de los grandes problemas. Debemos seguir insistiendo en despenalizar el aborto en ciertas circunstancias porque esto implica violencia hacia muchas mujeres, particularmente, en el embarazo sin voluntad de niñas y adolescentes”, enfatizando que la sociedad civil juega un papel importante como observador que presiona y le recuerda al Estado sus obligaciones. 

Finalmente, mencionó la importancia de difundir estas recomendaciones y recordó la nueva cita que Perú tiene con CEDAW, en donde se tendrán que rendir mejor cuentas.

Nos convocamos mujeres y diversidades feministas para juntes EXIGIR, ARTICULAR Y ACCIONAR reafirmando nuestro compromiso con nuestras luchas, que hoy se ven amenazadas por una arremetida capitalista patriarcal, colonial conservadora y fascista que pretende mantenernos como ciudadanas subalternas y personas oprimidas por la trenza de la dominación clase, etnia y género.

Sabemos que en momentos de crisis política, como los actuales, nuestros derechos son postergados y peligran, es por ello que exigimos se garanticen nuestros derechos humanos y fundamentales, y se luche contra las múltiples discriminaciones y violencias que sufrimos, como parte de este sistema patriarcal, capitalista, extractivista, racista, y homolesbobitransfóbico que nos oprime y empobrece cada día más.

Estamos aquí por nuestras muertas, desaparecidas y asesinadas, por las víctimas de violencia y explotación sexual, por las madres víctimas de violencia de género que luchan por la tenencia de sus hijxs, por las víctimas de la violencia de Estado durante el conflicto armado interno tales como las víctimas de violación sexual y esterilizaciones forzadas que llevan años exigiendo justicia, por las defensoras de cuerpos y territorios cuyas vidas peligran, por las niñas y mujeres obligadas a ser madres, por las infancias víctimas de violencia, por las lesbianas y trans víctimas de discriminación y crímenes de odio, por todas y todes que exigen justicia.

Exigimos al Gobierno, al Congreso de la República y al Poder Judicial, cumplan con garantizar que vivamos con dignidad y nos desarrollemos en paz. Nosotras queremos una democracia que condene la corrupción y la destierre de las instituciones que deben garantizar y proteger nuestros derechos.

Repudiamos la corrupción enquistada que vulnera nuestro derecho al acceso de justicia libre de discriminación, en especial por las miles de mujeres indígenas, pobres y analfabetas, que fueron esterilizadas forzadamente durante el gobierno fujimorista y que aún buscan justicia desde hace más de 25 años, como Mamérita Mestanza y Celia Ramos. Así como por las mujeres de Manta, víctimas de violencia sexual por militares durante el conflicto armado interno. Por casos como el asesinato de la periodista Melissa Alfaro que después de 31 años se ha logrado la apertura del juicio e investigación por verdad, justicia y reparación.

Nos pronunciamos contra la corrupción que permite que los jueces otorguen penas mínimas a los feminicidas, como es el caso de Sheyla Torres Aguilar que fue asesinada a los 19 años y a pesar de la crueldad del feminicida, el Poder Judicial lo condenó a 15 años de cárcel, cuando la pena es 25 años.

Por nuestra compañera Solsiret Rodríguez Aybar; han pasado más de 6 años desde su asesinato y hoy sus feminicidas confesos están a punto de ser liberados porque la investigación judicial y fiscal estuvo llena de irregularidades, se vencieron los plazos de prisión preventiva y aún no hay sentencia en primera instancia.

Estamos hartas de jueces que condenan a las mujeres que denuncian públicamente a los presuntos autores de la violencia sexual o de género, sabiendo que no deben ser acusadas de difamación penal porque eso limita la erradicación de la violencia contra la mujer, como es el caso de nuestra compañera activista Marcela Poirier, quien ha sido estigmatizada y castigada.

Rechazamos rotundamente los ataques de grupos fascistas que usan con fines políticos el terror y el hostigamiento contra defensoras y activistas de derechos humanos como fue el ataque contra las víctimas de esterilizaciones forzadas, integrantes de IDL, APRODEH, la Biblioteca Miguelina Acosta, lugares de memoria como El Ojo que Llora, entre otros, poniéndo en peligro la integridad de niñas, niños, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas mayores.

Nos solidarizamos con Jenny y Darling, dos mujeres que luchan desde 2016 para ser reconocidas como madres de su hijo Dakarai, y que aún el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se niega a inscribir a ambas como progenitoras en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de Dakarai, violando sus derechos como ciudadanas, no reconociendo su comaternidad y vulnerando la identidad de un niño al no permitir que sus madres lo representen.

Las mujeres y diversidades estamos comprometidas con los derechos humanos de todas, todes y todos, hacemos un llamado a la unidad frente al conservadurismo porque los derechos y las leyes que hemos logrado con nuestras luchas, no pueden retroceder.

RENIEC se niega a registrar a Jenny y Darling en el DNI de su hijo como sus dos mamás pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

De igual manera, el Juez Valencia ha procedido con negativa y demora injustificada para hacer cumplir su propia sentencia.

Por primera vez una pareja lesbiana demandará al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras esperar casi 5 años a que la justicia peruana garantice los derechos de su hijo y de ellas como lesbianas y madres.

“Desde diciembre del 2016 estamos exigiendo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que trate a nuestro hijo y a nosotras, sus madres, como cualquier otro peruano y peruana; pero tanto el RENIEC como el Poder Judicial nos viene violentando y discriminando al tenernos en este proceso más de 5 años por algo tan simple que es la inscripción de nuestro hijo en relación a sus dos mamás. Un trámite que no debería tomar más de 2 semanas, nos está tomando años y eso es discriminación y violencia”, manifiesta Darling Delfín, una de las mamás lesbianas demandantes del caso.

En esa línea, Jenny Trujillo, mamá lesbiana y demandante del caso, afirma que los trámites sencillos como llevarlo al centro de salud, al colegio o tener un seguro familiar se complican por ser lesbianas. “Cuando yo fui a la posta me negaron estar en la ficha familiar de mi hijo porque yo no estoy registrada en su DNI o cuando quisimos viajar con nuestro hijo de 4 años fuera de Perú y nos dijeron que no podíamos porque nuestro hijo no estaba con sus ‘padres’. No saben cómo fue escuchar esas palabras con nuestro hijo en brazos”, narró Jenny.

La familia Delfín Trujillo lleva casi 5 años demandando que RENIEC emita una DNI para su menor hijo donde figuren las dos como mamás. Tras haber ganado en primera instancia, el juez del caso Valencia ha tenido un comportamiento negativo y negligente al haberse demorado en notificar a RENIEC sobre la decisión en primera instancia y ordenar cumplir su propia sentencia.

PETICIÓN Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudirán a instancias internacionales con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos. Como lo explica el profesor Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso, la petición que realizarán ante la CIDH usualmente se presenta cuando los procesos judiciales se encuentran en últimas instancias nacionales, sin embargo, en este caso que sigue en vigente y en curso, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“La tesis que sostenemos es que en estos 4 años con 8 meses de proceso judicial nunca se ha justificado por qué ha habido tantas demoras y negativas en hacer cumplir la sentencia de primera instancia. Todo lo que ha ocurrido con la familia Delfín Trujillo es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y como a la Convención de Belém do Pará. Todo lo que ha ocurrido desde el 2014 configuran un esquema de revictimización por orientación sexual que han afectado tanto a Darling como Jenny y su hijo Dakari, que ha sido discriminado justamente porque sus dos madres son lesbianas”, alegó el profesor Carlos.

Asimismo, la solicitud de medida cautelar se presenta con el fin de que la CIDH ordene al Estado peruano que ejecute la sentencia de primera instancia para que el RENIEC acate y emita un DNI para su menor hijo, el cual que registre a sus dos mamás en tanto dure y se resuelva la responsabilidad del Estado en el caso.  De esta manera, se cautela el interés superior del niño.

PROCESO JUDICIAL NEGLIGENTE

La asesora legal de DEMUS, Liliana Gadea sostiene que en el proceso judicial del caso ha primado las actuaciones negligentes por parte de los operadores de justicia. “Por ejemplo, el hecho de que el segundo juzgado constitucional haya demorado un año y medio para el simple acto procesal de notificar al RENIEC con la demanda. O actos de mala fe como el hecho de elevar el expediente sin esperar los plazos de ley para que las partes podamos impugnar las resoluciones que atentaban nuestros derechos” comentó. Por este proceder irregular, las denunciantes han acudido a los órganos de control del Poder Judicial, sin embargo, han encontrado más impunidad.

Por su parte, Gabriela Zavaleta, representante de Más Igualdad Perú, manifestó que cuando Jenny y Darling han acudido al Estado para hacer valer los derechos de su hijo, las instituciones del Estado las han tratado como si hubieran cometido delitos. “A pesar de que tanto Jenny y Darling como su hijo Dakarai están amparados por las leyes de otros países, que nuestra Constitución reconoce como válidas en nuestro territorio, no hay otra explicación para el maltrato que han recibido en cada paso de su búsqueda de reconocimiento y de justicia”, afirmó.

Asimismo, mencionó que, aunque los argumentos que utiliza RENIEC podrían pertenecer al muro de la vergüenza por la discriminación contra personas LGBT, el Congreso de la República es también responsable de crear la legislación que reconozca a las familias homoparentales, a sus matrimonios y a sus hijos en las leyes de nuestro país. Sin embargo, esa no es una excusa para que RENIEC se niegue a cumplir sus funciones de registrar la realidad de las familias de nuestro país para garantizar así que accedan a todos sus derechos.

Al respecto, María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS manifestó que RENIEC castiga a las lesbianas y a gays peruanos casados en el extranjero y a sus hijos nacidos en el extranjero. “Y lo hace violando el artículo 2050 del Código Civil, la Constitución de la República, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH y tratados de derechos humanos que son parte del ordenamiento jurídico peruano como la Convención para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mujer”, detalló.

FAMILIAS HOMOPARENTALES DISCRIMINADAS

En el Perú, lamentablemente este caso no es único. Hay muchas familias homoparentales en el país que el Estado viene violentando sistemáticamente solo por razón de la orientación sexual de las madres o padres. “La existencia de familias homoparentales existe desde siempre, a raíz del caso de nuestras compañeras Darling y Jenny, conocimos a un grupo de 150 familias homoparentales que tienen sus hijos y, claro, sus hijos no tienen derechos y sus madres tampoco. Estamos hablando solo de Lima, no sabemos de las regiones del país, que ahí si es más difícil la situación de las lesbianas”, compartió Luisa Zanabria, representante de LIFS.

Además, refirió que la parte del problema de discriminación y violencia es que la política pública nos les nombra y les agrupa en las acciones dirigidas a mujeres heterosexuales o reduciéndolas en la categoría homosexual. De esa manera, se omite sus necesidades específicas en salud, derechos reproductivos, educación, participación política, trabajo, derechos sexuales, acceso a la justicia, familia y filiación entre otros derechos.

Asimismo, no existen datos estadísticos oficiales que puedan orientar las decisiones de políticas públicas. “La PNP no ha cumplido con registrar los crímenes de odio, el Programa Aurora reporta atenciones en los CEM a personas LGBTI, pero usa las categorías mujer y hombre, el INEI nos mete en la categoría homosexual y en general, las instituciones y servicios públicos no consideran en sus registros la orientación sexual e identidad de género, por lo que es imposible tener claridad de cuál es el universo de las personas lesbianas y bisexuales en el Perú y cuáles son las principales afectaciones que ocurren en el acceso a servicios públicos”, precisó Luisa.

Pese al largo proceso judicial, DEMUS, LIFS y Más Igualdad, organizaciones que junto a la familia Delfín Trujillo presentarán su petición y solicitud de medida cautelar CIDH, tienen la plena confianza de que se encontrará al Estado peruano responsable de vulnerar sus derechos y ordenarán al RENIEC que emita el DNI de Dakarai con los nombres de sus dos mamás. “Esperamos que este caso llame a la reflexión de nuestra sociedad, nuestras autoridades y nuestros legisladores, y que se reconozca de una vez por todas el igual valor y la igual dignidad de las personas LGBT, las parejas del mismo sexo y sus familias en el Perú”, concluyó Gabriela.