Inicia investigación judicial en caso de esterilizaciones forzadas y víctimas exigen ampliación de extradición de Fujimori

Los primeros llamados a declarar serán los ex ministros de salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

El 3 de marzo inician las diligencias para el proceso penal del caso de esterilizaciones forzadas; ante ello, las víctimas y su defensa legal demandan condiciones para que Alberto Fujimori y sus exministros de salud sean debidamente investigados en un plazo no mayor de 8 meses:

  • Una fiscalía y un juzgado AD HOC para garantizar que el caso avance.
  • Que la fiscalía empiece los trámites para ampliar la extradición de Alberto Fujimori a fin de que sea juzgado.

Además, se pronunciarán sobre la adopción del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Celia Ramos. Al respecto, plantearán que la CIDH denuncie al Estado por el caso de Celia Ramos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el gobierno cumpla con la Ley 31119 reparando integralmente a las víctimas.

  • Día: miércoles 2 de marzo
  • Hora: 10:30 a.m.
  • Lugar: Calle Pezet y Monet 2467, Lince,(Local de la CNDDHH)

Transmisión en vivo por:

https://www.facebook.com/cnddhh

https://www.facebook.com/somos2074

Programación:

11: 00 a.m. Bienvenida y presentación a cargo de Dra. Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH

11: 15 am –  Palabras de Cynthia Silva, directora de Demus

11: 25 am – Palabras de las hijas de Celia Ramos

11: 35 am – Palabras de Milton Campos, abogado por Demus

11: 45 am – Palabras de María Ysabel Cedano, abogada por Demus e integrante de Somos 2074 y muchas más.

11:55 am – Ronda de preguntas de la prensa a vocerxs

12: 25 pm – Cierre de la conferencia



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La violencia sexual como modalidad de ataque para silenciar a defensorxs de cuerpos y territorios.

Por Jessenia Casani – DEMUS

Aún no hay un registro oficial que permita saber la magnitud del ataque que sufren Defensorxs en nuestro país y del uso de la violencia sexual por parte de sus atacantes para silenciarlxs en la defensa de derechos humanos que realizan. Sin embargo, durante la Misión de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Perú, debido a las protestas sociales de noviembre del 2020, sus integrantes pudieron recoger testimonios de 5 defensoras que sufrieron violencia sexual durante las protestas y en sus detenciones arbitrarias, por parte de la Policía Nacional del Perú, sufrieron desnudos forzados, tocamientos sexuales no consentidos en los senos, ejercicios físicos estando desnudadas, entre otros.

Tenemos defensoras periodistas como Paola Ugaz y Graciela Tiburcio que vienen siendo amedrentadas con campañas de difamación, cargadas de violencia sexual y otras formas de violencia de género; han recibido amenazas de violación sexual por sus redes sociales, además de ser criminalizadas, y todo ello por sus investigaciones y denuncias que han realizado respecto a abusos sexuales a jóvenes por parte del Sodalicio, y por el acoso sexual sufrido por mujeres adolescentes de parte de un candidato al Congreso. Las Defensoras indígenas andinas y amazónicas, son permanentemente atacadas con violencia sexual en sus comunidades para silenciar la defensa que hacen de sus territorios, del agua y del medioambiente, y de sus derechos colectivos como PPII; son silenciadas con amenazas de violación sexual que les llegan anónimamente con campañas de difamación en radios locales expresando que son mujeres locas y que les gusta andar con otros hombres por eso es que salen a reuniones y las protestas. Atacan su sexualidad y las denigran para que cesen en su labor de defensa de derechos. En las protestas y estados de emergencia fueron las primeras en denunciar la violencia sexual ejercida por la Policía y los militares, denunciaron tocamientos sexuales no consentidos en la represión policial, acoso sexual a jóvenes durante los estados de emergencia, y amenazas de violación durante sus detenciones, pero sus voces no han sido escuchadas, no solo por el machismo, sino también por el racismo existente.

Además, el uso de la violencia sexual y la violencia homolesbobitransfóbica es usada también contra defensorxs LGTBIQ. Muchxs sufren ataques violentando su orientación sexual y su identidad de género, ataques desplegados en redes sociales, en protestas sociales y en las detenciones. La Misión de Naciones Unidas recogió testimonios de dos mujeres trans manifestantes y una periodista, que denunciaron agresiones verbales por parte de efectivos policiales con comentarios transfóbicos y cuestionamientos a su orientación sexual, identidad y expresión de género. También, un hombre manifestante declaró que el policía insistió a un médico del Instituto de Medicina Legal que le realizaran una inspección anal lo cual fue rechazado por el médico.

Hoy, dos organizaciones feministas defensoras de la Igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos, Católicas Por el Derecho a Decidir y Madres en Acción, que vienen siendo atacadas con tácticas de neocriminalización (por parte de grupos fundamentalistas religiosos, anti derechos de las mujeres y de personas LGTBIQ), con el objetivo de quitarles el nombre de sus organizaciones y con ello imposibilitar y frenar su labor de defensa de la igualdad de género. Sus integrantes también han recibido amenazas de violación, campaña de difamación en redes, y seguimiento presencial. Similares situaciones viven un grupo de especialistas en educación con enfoque de género, criminalizadas por defender la Educación Sexual Integral en los textos escolares. Todos estos ataques a defensorxs no tienen en nuestro país la atención debida del Estado en su conjunto, no tenemos una política de protección de personas defensoras que permita desarrollar lineamientos y medidas de prevención frente a los ataques, promueva el reconocimiento de la labor de personas defensoras, y se actúe oportunamente cuando hay un ataque, buscando su cese y evitar que se convierta en un patrón de ataque, como lo es hoy la violencia sexual, demostrada con algunos de estos casos que hoy narramos.

Por ello venimos demandando urgentemente: a) aprobación del Mecanismo de Protección con mandatos y responsabilidades claras en todos los sectores, poderes y niveles del Estado, b) Celeridad con el Registro de ataques de personas defensoras, c) Medidas preventivas frente a la violencia sexual como forma de ataque a defensorxs, d) Respuesta rápida y efectiva frente a la activación del Protocolo de protección de personas defensoras, y su activación automática al conocerse públicamente el ataque; e) Reforma policial y militar para eliminar la violencia sexual como práctica institucional ejercida contra defensorxs y ciudadanas en contextos de protestas y conflictos, formación urgente del personal para erradicar prácticas machistas, racistas y homolesbobitransfóbicas, e) Medidas de protección eficientes según el ataque sufrido, para que no se incrementen y cesen los ataques, y también medidas para sancionar a los atacantes.

La defensa de cuerpos y territorios, y la defensa de nuestros derechos humanos, nos permite vivir en dignidad. Aún hay mucho por avanzar y defender, por ello el derecho a defender derechos es una prioridad y nuestras #DefensorasNoEstánSolas.



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Víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos realizan jornada para sanar y exigir garantías al Poder Judicial y Fiscalía de la Nación

Mujeres defensoras de derechos humanos se reunieron para exigir a la presidenta del Poder judicial, Elvia Barrios, y a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos justicia, imparcialidad, celeridad, protección, reparación y verdad para las víctimas y sobrevivientes del conflicto y post conflicto armado interno. Incluyendo violencia sexual, esterilizaciones forzadas, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desapariciones y violaciones seguidas de feminicidio contra niñas y mujeres, criminalización de la protesta social.

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Mañana el TC y el Magistrado Manuel Miranda deciden la justicia de los miles de casos de Esterilizaciones Forzadas

Este 27 de octubre el magistrado del TC, Manuel Miranda, sustentará el fallo por el que se resolverá el recurso presentado por el exministro de salud Marino Costa Bauer, quien busca archivar el caso que implica a más de 1,300 víctimas de esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Además, el colectivo “Somos 2,074 y muchas más”, logró que el juez Rafael Martín Martínez convoque a audiencia en el Poder Judicial contra Alberto Fujimori y sus exministros de salud para el próximo 11 de enero.

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Exigen pronunciamiento del TC y el Poder Judicial con manifestación pública

Las víctimas exigen al magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, declarar infundado el amparo presentado por Costa Bauer quien pretende archivar el caso de las esterilizaciones forzadas en el Poder judicial. Además, exigen al juez Rafael Martín Martínez programar fecha y hora para la audiencia de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori, sus ex ministros de salud Costa Bauer, Aguinaga, Yong Motta, entre otros implicados.

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