CIDH NOTIFICÓ AL ESTADO PERUANO SOBRE LA PETICIÓN DE MAMÁS LESBIANAS

Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron la petición a la CIDH en marzo de 2022 por las violaciones a sus derechos humanos y los de su hijo Daki. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.

Ambas, por medio de la campaña Tengo dos mamás, hicieron llegar su petición luego que RENIEC se negó a registrar a una de las madres en el DNI de su hijo pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación y violencia, el interés superior de su hijo, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará, explicó Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.

Regularmente, las peticiones ante la CIDH se presentan cuando los procesos judiciales nacionales han culminado, sin embargo, en este caso la demanda de amparo que Jenny y Darling presentaron contra RENIEC sigue sin respuesta definitiva pese a haber transcurrido casi 7 años desde su interposición inicial. Esta situación, conocida como ‘retardo injustificado’, está prevista en la Convención Americana y habilita la presentación de peticiones contra Estados en el sistema internacional. Asimismo, un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo, declaró Cynthia Silva, directora de Demus. 

En un contexto en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver hace más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias Demus, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad, han logrado que se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo del asunto de manera prioritaria y diligente, informó María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico.

Gissy Cedamanos, integrante de LIFS, recordó que el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, comentó que en este caso Daki ha ejercido su derecho a ser escuchado pues se ha dirigido por escrito al Tribunal Constitucional y la CIDH para recibir protección.

El Estado peruano tiene 3 meses para responder prorrogables a 4 meses como máximo. El Estado deberá responder en abril o máximo mayo de 2024, declaró Zuleika Rivera de Raza e Igualdad.

En esta próxima etapa, le pediremos a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia, concluyó Gabriela Zavaleta de Más Igualdad Perú.



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