Campaña Déjala Decidir entrega 60 mil firmas de respaldo. Congresistas se suman a la iniciativa.
El proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación sexual e inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida será debatido en el Pleno del Congreso en un plazo no mayor de 120 días.
El colectivo Déjala Decidir presentó ayer en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento las 60 mil firmas de respaldo por parte de los ciudadanos, asociaciones de mujeres y ONG feministas como Manuela Ramos, Flora Tristán y Promsex. Las congresistas Verónika Mendoza y Rosa Mavila se sumaron a la campaña que promueve que las mujeres que quedaron embarazadas después de una violación sexual tengan la libertad de decidir si desean o no continuar con el embarazo.
La congresista de la región Cusco Verónika Mendoza expresó a diario16 que “la mujer es un sujeto de derecho y en ese sentido debe decidir sobre su vida, su cuerpo, lo que comprende cuándo y cómo ser madres. Creo que el objetivo de la realidad es que toda maternidad sea el resultado de una decisión libre, responsable y feliz para el bienestar de la madre y de los hijos”.
“No se está tratando de promover el aborto, ni mucho menos de imponérselo a alguien. Se trata de que la mujer pueda decidir, que una mujer víctima de una violación sexual no se vea obligada a llevar un embarazo que probablemente le recuerde nefastamente la violencia extrema”, enfatizó la legisladora.
Asimismo, el parlamentario andino Alberto Adrianzén precisó: “No estamos proponiendo el aborto como una política de salud pública; así como el aborto terapéutico es excepcional, esto también es excepcional (despenalización del aborto en casos de violación) porque hablamos de la consecuencia de un delito”.
Sandra de la Cruz Lezcano, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante del colectivo Déjala Decidir, denunció las condiciones de inseguridad que sufren las mujeres que se ven obligadas a abortar de manera clandestina, poniendo en riesgo su vida y su salud. Además remarcó que la mujer, “tras ser agredida y quedar embarazada, sufre una segunda violación cuando el Estado no le permite a la mujer decidir”.
También instó a los demás congresistas a que se unan a este proyecto porque “obligarnos a ser madres después de un abuso sexual es una segunda violación, porque arriesga nuestra salud al recurrir después a un aborto clandestino”.
NO MÁS CONDENAS
La aprobación del proyecto de ley supondría la modificación del artículo 119o del Código Penal para incorporar este nuevo supuesto, y la derogación de todas las disposiciones que se opongan a la modificación de la ley, entre ellas la pena de tres meses para las mujeres que abortan a causa de una violación, contemplado en el artículo 120o del Código Penal vigente. Asimismo, el proyecto de ley contempla el acceso a servicios integrales para víctimas de violación sexual.
Organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, entre otros, ya han instado al Estado peruano a despenalizar el aborto en casos de violación sexual.
Lo que debe saber
- El Perú es el país con mayor tasa de denuncia por violación sexual en América del Sur. 17763 denuncias por violación recibió en 2013 el Ministerio Público, siendo más del 70% de las víctimas niñas o adolescentes. Como consecuencia, más del 34% de las mujeres quedan embarazadas. Según el Ministerio de Salud, un 29% de las muertes en adolescentes están vinculadas al aborto clandestino.
- El 90% de los delitos contra la violación sexual quedan impunes y solo el 48% de esos casos son denunciados.
- Asimismo, 42% de las mujeres víctimas de agresión sexual fueron violadas en sus domicilios.
Fuente: Diario 16