Larga espera paras las mujeres denunciantes de esta política de Estado en los 90’s.
Al pedido de realizar una investigación eficaz, se sumó la recomendación de un programa de compensación a las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori. El Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, hizo las recomendaciones a la comitiva de representantes del Estado peruano.
Una investigación eficaz y un programa de indemnización a las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, recomendó el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, hasta donde llegó una comitiva de representantes del Estado peruano.
“En el marco del proceso de lucha contra la impunidad, investigue eficazmente los casos de esterilización forzada ocurridos en el contexto del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 y establezca un programa de indemnización a las víctimas”, es la recomendación N° 97 planteada por Argentina que ha sido tomada en cuenta por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que evaluó la situación de los derechos humanos a los Estados. Otros países como Bélgica, Portugal y Canadá también se pronunciaron sobre este caso que lleva más de 14 años sin que el Ministerio Público denuncie y pase a investigación judicial.
La recomendación del Consejo sobre investigar eficazmente las esterilizaciones forzadas llama la atención al Estado Peruano, ya que aún queda pendiente la respuesta del Ministerio Público. Ha transcurrido casi un año y no existe anuncio alguno, del fiscal Landa, sobre el pronunciamiento de la investigación del caso. Cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envío al Ministerio Público documentación sobre consentimiento informado y estándares de derechos humanos para que sea considerada en la investigación fiscal. Del mismo modo, la CIDH solicitó el Estado peruano informe sobre la incorporación de estándares internacionales relativos a las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas.
Existe un compromiso del Estado de abordar el diseño y coordinación de la implementación de la política de reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas, a raíz de la reunión de seguimiento –en diciembre del 2016- en la CIDH del caso Mamérita Mestanza Chávez a solicitud de las organizaciones copeticionarias DEMUS, CLADEM, APRODEH, CRR, y CEJIL. Por lo tanto, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016 – 2021 debe considerar dicha política integral de reparación.
Además, desde la sociedad civil se ha solicitado al Ministerio de Justicia la conformación de un Grupo de Trabajo sobre reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilización forzada. El grupo deberá estar conformado además de las representantes de las víctimas por las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas de esterilización forzada, representantes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura y otros sectores competentes.
Tras el EPU, se han dado 182 recomendaciones al Estado peruano. Las recomendaciones serán examinadas por el Perú, que proporcionará respuestas a su debido tiempo, pero antes del 37º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos programado para marzo de 2018.
La delegación del Perú fue encabezada por el José Manuel Coloma Marquina, viceministro (e) de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, y compuesta por Ángela Acevedo, directora General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura; Aracely Acuña, asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia, Josué Pariona Pastrana, juez Supremo; Luis Landa Burgos, fiscal Superior encargado del caso esterilizaciones forzadas; entre otros.