La campaña Justicia Arcoíris impulsada por Demus y LIFS promueve el derecho de las personas LGTBIQ al acceso a un sistema de justicia que reconozca y proteja su derecho a una vida digna, a su integridad, libertad, igualdad, identidad, familia, salud, educación y trabajo. Asimismo, que las y los operadores de justicia cuenten con herramientas para no discriminar, incorporen el enfoque de género y derechos humanos y estén informados de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, necesarios para alcanzar la igualdad.
Si bien la agenda LGTBIQ es amplia, los puntos centrales de la reunión se enmarcaron en la necesidad de que en esta coyuntura generada tras la promulgación de la Política Nacional de Igualdad de Género se vea realmente reflejada en políticas públicas inclusivas.
Maria Ysabel Cedano directora de Demus, señala que la diversidad sexual no está representada en los el plan y que es necesario hacer vigilancia y seguir incidiendo.
Jade, de la Red Nacional de Mujeres Transgénero Trabajadoras Sexuales ‘Unidas por Siempre’, hizo énfasis en la necesidad de que el enfoque de género en la currículo escolar acabe con la discriminación en las escuelas y se empiece a visibilizar la infancia trans.
“Yo siempre he sido una mujer trans, desde la niñez, no había un clóset; la infancia no se construye por los genitales y debe señalarse ese tema para que no continúe la violencia que vivimos en las escuelas”, sostuvo.
Rosario Villegas de Mujeres Diversas informó que han recibido dentro de su agrupación hasta 6 casos de mujeres lesbianas sometidas a violaciones correctivas. Pero que además las víctimas son sometidas a extorsión, cohesionadas con no brindarles estudios, restringidas para salir de casa o para usar equipos de comunicación.
Leyla Huerta, de Féminas Perú, criticó que el cambio de sexo en el DNI tenga juicios extensos que no acaban nunca. Y cuestionó ¿por qué siempre se tiene que recurrir al sistema judicial?
Pilar Rojas de Más igualdad Perú denunció que se violan sistemáticamente los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo.
Denunció también que la Municipalidad de Cajamarca así como colegios de psicólogos y otras instituciones conservadoras estén impulsando terapias de conversión.
Sobre los derechos de las familias diversas. Sayda Lucas coordinadora de la campaña Justicia Arcoíris señala que Demus, LIFS y Mas Igualdad Perú han puesto en conocimiento del representante de la relatoría LGTBI de CIDH, el caso emblemático de Darling y Jenny, y de cómo el Estado peruano a través de RENIEC viene desconociendo los derechos humanos de los hijos e hijas de parejas lesbianas, así como la maternidad de estas.
Rayza Collazos del bloque Universtario Feminista expuso ante el representante de la CIDH que es necesario impulsar el soporte psicológico a los alumnxs de las universidades que hacen visible su orientación sexual. Además que se recomiende una manera de enfrentar la desinformación y estigmas sobre las personas LGTBIQ.
Por su parte, Wendy Auccapiña del colectivo Kachkaniraqmi de Cusco, denunció que en las universidades no se puede hacer investigación sobre la diversidad sexual porque los docentes no aceptan asesorar trabajos que tenga la temática LGTBIQ.
También visibilizó la restringida oferta laboral de las personas que son públicamente LGBTIQ y exhortó que se busque comprometer al Estado de dar cupos laborales.
Cecilia Villanueva del Grupo de Apoyo a madres e hijos LGTBI, en esa misma línea, cuestionó las pocas oportunidades laborales para las personas trans. Mientras María Cristina Carrero de la AFDS Perú, manifestó la preocupación que viven muchas familias por la carga de violencia que existe y que más aún es promovida por grupos conservadores, sin pensar en el dolor que se ocasiona a las familias de las personas LGTBIQ.
Jacqueline Barrios de la campaña Existimos, expuso sobre la violencia del Estado al reprimir las protestas o plantones LGTBI con violencia policíal. Y resaltó la impunidad con la que sigue actuando la policía.
“LA RELIGIÓN NO ES EXCUSA PARA QUITAR DERECHOS”
Miguel Mesquita, representante de la CIDH, saludó el avance de una Política Nacional de Igualdad de Género, y señaló que hay varios mecanismos para denunciar de manera que no se sigan vulnerando derechos.
Añadió que “la religión no es excusa para quitar derechos” y manifestó la necesidad de que se trabaje de forma organizada para subsanar las omisiones que aún se manifiestan las normas vigentes con respecto a los derechos humanos.