RENIEC se niega a registrar a Jenny y Darling en el DNI de su hijo como sus dos mamás pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.
De igual manera, el Juez Valencia ha procedido con negativa y demora injustificada para hacer cumplir su propia sentencia.
Por primera vez una pareja lesbiana demandará al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras esperar casi 5 años a que la justicia peruana garantice los derechos de su hijo y de ellas como lesbianas y madres.
“Desde diciembre del 2016 estamos exigiendo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que trate a nuestro hijo y a nosotras, sus madres, como cualquier otro peruano y peruana; pero tanto el RENIEC como el Poder Judicial nos viene violentando y discriminando al tenernos en este proceso más de 5 años por algo tan simple que es la inscripción de nuestro hijo en relación a sus dos mamás. Un trámite que no debería tomar más de 2 semanas, nos está tomando años y eso es discriminación y violencia”, manifiesta Darling Delfín, una de las mamás lesbianas demandantes del caso.
En esa línea, Jenny Trujillo, mamá lesbiana y demandante del caso, afirma que los trámites sencillos como llevarlo al centro de salud, al colegio o tener un seguro familiar se complican por ser lesbianas. “Cuando yo fui a la posta me negaron estar en la ficha familiar de mi hijo porque yo no estoy registrada en su DNI o cuando quisimos viajar con nuestro hijo de 4 años fuera de Perú y nos dijeron que no podíamos porque nuestro hijo no estaba con sus ‘padres’. No saben cómo fue escuchar esas palabras con nuestro hijo en brazos”, narró Jenny.
La familia Delfín Trujillo lleva casi 5 años demandando que RENIEC emita una DNI para su menor hijo donde figuren las dos como mamás. Tras haber ganado en primera instancia, el juez del caso Valencia ha tenido un comportamiento negativo y negligente al haberse demorado en notificar a RENIEC sobre la decisión en primera instancia y ordenar cumplir su propia sentencia.
PETICIÓN Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR
Jenny Trujillo y Darling Delfín acudirán a instancias internacionales con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos. Como lo explica el profesor Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso, la petición que realizarán ante la CIDH usualmente se presenta cuando los procesos judiciales se encuentran en últimas instancias nacionales, sin embargo, en este caso que sigue en vigente y en curso, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“La tesis que sostenemos es que en estos 4 años con 8 meses de proceso judicial nunca se ha justificado por qué ha habido tantas demoras y negativas en hacer cumplir la sentencia de primera instancia. Todo lo que ha ocurrido con la familia Delfín Trujillo es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y como a la Convención de Belém do Pará. Todo lo que ha ocurrido desde el 2014 configuran un esquema de revictimización por orientación sexual que han afectado tanto a Darling como Jenny y su hijo Dakari, que ha sido discriminado justamente porque sus dos madres son lesbianas”, alegó el profesor Carlos.
Asimismo, la solicitud de medida cautelar se presenta con el fin de que la CIDH ordene al Estado peruano que ejecute la sentencia de primera instancia para que el RENIEC acate y emita un DNI para su menor hijo, el cual que registre a sus dos mamás en tanto dure y se resuelva la responsabilidad del Estado en el caso. De esta manera, se cautela el interés superior del niño.
PROCESO JUDICIAL NEGLIGENTE
La asesora legal de DEMUS, Liliana Gadea sostiene que en el proceso judicial del caso ha primado las actuaciones negligentes por parte de los operadores de justicia. “Por ejemplo, el hecho de que el segundo juzgado constitucional haya demorado un año y medio para el simple acto procesal de notificar al RENIEC con la demanda. O actos de mala fe como el hecho de elevar el expediente sin esperar los plazos de ley para que las partes podamos impugnar las resoluciones que atentaban nuestros derechos” comentó. Por este proceder irregular, las denunciantes han acudido a los órganos de control del Poder Judicial, sin embargo, han encontrado más impunidad.
Por su parte, Gabriela Zavaleta, representante de Más Igualdad Perú, manifestó que cuando Jenny y Darling han acudido al Estado para hacer valer los derechos de su hijo, las instituciones del Estado las han tratado como si hubieran cometido delitos. “A pesar de que tanto Jenny y Darling como su hijo Dakarai están amparados por las leyes de otros países, que nuestra Constitución reconoce como válidas en nuestro territorio, no hay otra explicación para el maltrato que han recibido en cada paso de su búsqueda de reconocimiento y de justicia”, afirmó.
Asimismo, mencionó que, aunque los argumentos que utiliza RENIEC podrían pertenecer al muro de la vergüenza por la discriminación contra personas LGBT, el Congreso de la República es también responsable de crear la legislación que reconozca a las familias homoparentales, a sus matrimonios y a sus hijos en las leyes de nuestro país. Sin embargo, esa no es una excusa para que RENIEC se niegue a cumplir sus funciones de registrar la realidad de las familias de nuestro país para garantizar así que accedan a todos sus derechos.
Al respecto, María Ysabel Cedano, abogada de DEMUS manifestó que RENIEC castiga a las lesbianas y a gays peruanos casados en el extranjero y a sus hijos nacidos en el extranjero. “Y lo hace violando el artículo 2050 del Código Civil, la Constitución de la República, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH y tratados de derechos humanos que son parte del ordenamiento jurídico peruano como la Convención para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mujer”, detalló.
FAMILIAS HOMOPARENTALES DISCRIMINADAS
En el Perú, lamentablemente este caso no es único. Hay muchas familias homoparentales en el país que el Estado viene violentando sistemáticamente solo por razón de la orientación sexual de las madres o padres. “La existencia de familias homoparentales existe desde siempre, a raíz del caso de nuestras compañeras Darling y Jenny, conocimos a un grupo de 150 familias homoparentales que tienen sus hijos y, claro, sus hijos no tienen derechos y sus madres tampoco. Estamos hablando solo de Lima, no sabemos de las regiones del país, que ahí si es más difícil la situación de las lesbianas”, compartió Luisa Zanabria, representante de LIFS.
Además, refirió que la parte del problema de discriminación y violencia es que la política pública nos les nombra y les agrupa en las acciones dirigidas a mujeres heterosexuales o reduciéndolas en la categoría homosexual. De esa manera, se omite sus necesidades específicas en salud, derechos reproductivos, educación, participación política, trabajo, derechos sexuales, acceso a la justicia, familia y filiación entre otros derechos.
Asimismo, no existen datos estadísticos oficiales que puedan orientar las decisiones de políticas públicas. “La PNP no ha cumplido con registrar los crímenes de odio, el Programa Aurora reporta atenciones en los CEM a personas LGBTI, pero usa las categorías mujer y hombre, el INEI nos mete en la categoría homosexual y en general, las instituciones y servicios públicos no consideran en sus registros la orientación sexual e identidad de género, por lo que es imposible tener claridad de cuál es el universo de las personas lesbianas y bisexuales en el Perú y cuáles son las principales afectaciones que ocurren en el acceso a servicios públicos”, precisó Luisa.
Pese al largo proceso judicial, DEMUS, LIFS y Más Igualdad, organizaciones que junto a la familia Delfín Trujillo presentarán su petición y solicitud de medida cautelar CIDH, tienen la plena confianza de que se encontrará al Estado peruano responsable de vulnerar sus derechos y ordenarán al RENIEC que emita el DNI de Dakarai con los nombres de sus dos mamás. “Esperamos que este caso llame a la reflexión de nuestra sociedad, nuestras autoridades y nuestros legisladores, y que se reconozca de una vez por todas el igual valor y la igual dignidad de las personas LGBT, las parejas del mismo sexo y sus familias en el Perú”, concluyó Gabriela.