El Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, hizo 182 recomendaciones al Estado peruano, 18 de ellas en torno a los derechos de las personas LGBTI.
Una de las recomendaciones al Estado peruano es la inclusión de la promoción y protección de las personas LGBTI en el Plan Nacional de Derechos Humanos, así como identificar al grupo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex como una población vulnerable.
Otra recomendación de Naciones Unidas es tipificar como delito la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género, incluidos los delitos de odio. En ese sentido, precisa que debe existir una legislación que prohíba la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género; enmendar la legislación existente para reconocer la orientación sexual y la identidad de género como motivos de discriminación y permitir el enjuiciamiento por crímenes de odio sobre esta base. Cabe indicar que está vigente el peligro de que el Congreso el DL 1323 referido a crímenes de odio.
Incorporar en el observatorio de criminalidad del Servicio de la Fiscalía y en el anuario estadístico de la policía nacional datos detallados sobre actos de violencia y discriminación, a lo que se acompaña la inplementación de protocolos especializados para abordar e investigar casos que, particularmente, afectan a niños, niñas y adolescentes LGTBI.
Eliminar las políticas de seguridad ciudadana municipal en Lima que mencionan la «erradicación de los homosexuales» de los espacios públicos y considerar la investigación y el enjuiciamiento de las personas responsables de tales llamados a violaciones de los derechos humanos.
CURRÍCULO ESCOLAR
Las recomendaciones de la ONU también se dirigen a desarrollar un currículo de educación básica impartiendo educación de calidad en áreas rurales, promoviendo la igualdad de género, la no discriminación basada en la orientación sexual y abordando problemas en los sistemas de educación de la comunidad. Además, se pide prestar atención a los elementos estructurales de discriminación que pueden afectar el ejercicio efectivo de los derechos a la salud, la educación, el trabajo decente y la participación en la toma de decisiones.
MATRIMONIO IGUALITARIO
Aparte de aconsejar al Estado sobre la importancia de emprender campañas de información para prevenir la discriminación, la violencia homofóbica y transfóbica, es puntualmente directo al señalar que se debe promulgar legislación para reconocer los derechos iguales de las personas LGBTI para contraer matrimonio.
La delegación del Perú fue encabezada por el José Manuel Coloma Marquina, viceministro (e) de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, y compuesta por Ángela Acevedo, directora General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura; Aracely Acuña, asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia, Josué Pariona Pastrana, juez Supremo; Luis Landa Burgos, fiscal Superior encargado del caso esterilizaciones forzadas; entre otros.