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El fujimorismo pretende tomar el control del Estado para lograr el indulto. La condena de Alberto Fujimori no es opinable. Los fallos de la justicia, incluso reconocidos por organismos internacionales, se cumplen, no se debaten; hacerlo solo supone un aprovechamiento de la fuerza política que defiende al preso expresidente, usando los medios de comunicación como antaño, en los 90’.
Desinformar sobre las esterilizaciones forzadas y atacar a víctimas y defensoras es parte de la campaña en medios, una estrategia más de fujimorismo para lograr el indulto, y así lograr impunidad. El exministro Alejandro Aguinaga, quien se encuentra querellado por difamación por esta institución, ha vuelto a falsear la verdad. El caso no está archivado y él absuelto. El Ministerio Público (MP) debe resolver la apelación al fallo de la fiscal Marcelita Gutiérrez. Exigimos lo haga antes del 28 de julio.
– En el 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa por el caso Mamérita Mestanza por violar sus derechos humanos, en el marco del programa que Aguinaga defiende. El Perú se comprometió a hacer justicia y reparación.
– En el 2009, archivaron el caso y lo reabrieron en el 2011 porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la investigación no fue hecha por violación a los derechos humanos, sino por delito común. El fiscal no negó los delitos y archivó por prescripción y el MP tuvo que reabrir.
– En el 2014, archivaron y reabrieron. Nuevamente la investigación fue mal hecha y la resolución no encuentra responsables a crímenes de lesa humanidad, pero sin mayor sustentación. Se reabre.
– En el 2016, archivaron en 2 partes. La investigación nuevamente no toma en cuenta estándares en derechos humanos. La apelación no se resuelve aún.
¡Sr. Aguinaga, no se victimice, no manipule!
En nuestra opinión, detrás de archivamientos, demoras y problemas, hay indicios de injerencia política denunciados en su oportunidad. Usted, Aguinaga, tendría que explicar por qué estuvo 12 veces en el despacho del fiscal de la Nación durante la investigación en el último año.
El programa de planificación familiar y salud sexual y reproductiva que usted, califica de exitoso en la lucha contra los embarazos no deseados y la mortalidad materna, fue el medio para una política de esterilizaciones forzadas contra mujeres campesinas, indígenas y pobres en su mayoría.
El programa atendió a más de 5 millones de personas según usted, y solo hubo 280 mil ligaduras de trompas y vasectomía, siendo aislados los casos donde se violó el consentimiento informado, citando como fuente a la Defensoría del Pueblo. No es así.
Violó el derecho a decidir de las mujeres y no les importó porque había metas y cuotas que cumplir. Por eso, entre los años 1995 y 1996 se cuadruplicó las ligaduras de trompas, llegando a ser 120 mil en el año 1997, cuando antes del programa no sobrepasaban las 25 mil ligaduras de trompa y vasectomías anuales.
Ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos de las pacientes por violar su consentimiento libre e informado, por lesiones, muertes, secuestros y coerción, el Estado dijo que eran “excesos”. Sólo ante la presión de la Defensoría del Pueblo modificaron sus guías. La política de esterilizaciones forzadas se ejecutó en ferias, carpas, postas, centros de salud y hospitales, sin asegurar sus garantías, con violencia, coerción, amenazas, chantajes. También se registran casos en hospitales de seguridad social, Fuerzas Armadas y y Policía Nacional del Perú.
Los testimonios de las víctimas no fueron novelas. Son testimonios verosímiles, persistentes y consistentes. Victoria Vigo es una víctima de esterilización forzada prueba de ello. Probó en el proceso penal que no la informaron ni lo consintió. Hoy, busca sanción a autores mediatos, a Fujimori y a usted. No le tiene miedo.
No fueron pocos casos ni aislados. Son miles de denuncias que continúan hasta hoy, que han originado una nueva investigación fiscal, y más de 5 mil solicitudes al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Se identifican regiones, perfiles, patrones.
Adaptaron el discurso de autonomía reproductiva para sus fines. Fue una política para controlar a la población, controlando los cuerpos de las mujeres empobrecidas e indígenas. ¿Se lucha contra la pobreza violando derechos humanos, igual como la lucha contra el terrorismo? Es la misma lógica: para el fujimorismo el fin justifica los medios.
Demus, Estudio para la defensa de los derechos de la mujer