Esterilizaciones forzadas: un caso estancado

04 FEB 2015

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, más de 2000 mujeres fueron esterilizadas forzosamente bajo el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar presentado el día de la juramentación de su segundo periodo de mandato y ejecutado a partir de 1996. El caso lleva abierto casi 20 años y desde enero de 2014 la Fiscalía Provincial de Lima decidió archivar las investigaciones contra el ex mandatario y los médicos responsables de la mencionada política de Estado.

El caso no está cerrado. Un año después de esta decisión, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un recurso de queja por archivamiento de un caso que continúa sin resolverse. Las organizaciones feministas que apoyan la lucha en contra de esta acción ya habían presentaron el año pasado un pedido de nulidad de la decisión del ex fiscal José Pelaez, quien cambió las competencias de la fiscal encargada del caso, Carmen Ibáñez, por haberse realizado sin “debida motivación” lo que genera dudas y sospechas sobre la investigación del caso.

Sin embargo, el nuevo fiscal designado hace un año será trasladado a otra plaza, lo que genera una designación de fiscal provisional para la investigación del caso. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODEH, Cejilo, Demus, la Casa de la Mujer Flora Tristán, IAMAMC y la MAM Fundacional expresaron su preocupación por el devenir del caso y de esta nueva designación, que alarga más el proceso de espera. “Esta dilación, sumada a los 18 años que ya tiene el caso sin solución, sin haber salido de la etapa preliminar, es un hecho incontrovertible de impunidad”, afirma Julio Arbizú, abogado de algunas de las víctimas de esterilización forzada.

Desde el exterior, algunas organizaciones internacionales se han pronunciado sobre el archivamiento, entre ellas el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), se han referido a la labor del Estado peruano como una investigación que no se ha realizado de manera efectiva porque aun no se han identificado al total de víctimas ni a los principales responsables de las acciones del programa. Asimismo, exhortan al Estado iniciar las compensaciones adecuadas a las mujeres y  procesar y sancionar a los perpetradores de estos actos contra los derechos humanos.

Fuente: Noticias Ser

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