Le envía documentación para que investigaciones se realicen tomando en cuenta estándares en derechos humanos y le pide un protocolo de actuación para defensores públicos y fiscalías
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado plazo de un mes al Estado peruano para que informe sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el 159 periodo de sesiones que se realizó en Panamá, el 2 de diciembre de 2016, respecto al caso Esterilizaciones forzadas, ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Tales acuerdos se realizaron en el marco del seguimiento al Acuerdo de Solución Amistosa en el caso Mamérita Mestanza (2003), mediante el que el Estado se comprometió a investigar y sancionar a autores directos y mediatos, así como a reparar a víctimas y tomar medidas de no repetición.
El Ministerio de Justicia debe responder a la solicitud de inscripción en REVIESFO de Mamérita Mestanza y sus deudos, que fue solicitado en febrero del año pasado. Y debe dar respuesta oficial del Ministerio de Educación con relación a una beca integral de estudios superiores (como derecho a reparación), para Almanzor Salazar Mestanza, hijo de Mamérita Mestanza.
El Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debe informar sobre las reuniones con las representantes de las asociaciones de víctimas y sociedad civil para abordar la propuesta de creación de un Grupo de Trabajo sobre reparaciones integrales a favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Solo hubo una reunión en diciembre de 2016.
Asimismo, cumplido el plazo de 30 días, el Estado debe informar si la Procuraduría Especializada en delitos de corrupción, ha cumplido con trasladar al Ministerio Público, en particular, a las fiscalías a cargo de las investigaciones de esterilizaciones forzadas la documentación remitida por la CIDH sobre consentimiento informado y estándares de DDHH.
“Esta información pone en evidencia que la investigación que archiva el caso no tomó en cuenta que las mujeres no tuvieron garantías para decidir, que no se aseguró que el consentimiento sea libre y voluntario, que no se les brindó información en su idioma original ni el plazo para tomar la decisión, que no habían condiciones para elegir porque había coerción, amenazas, acoso y violencia física que ellas denuncian”, señala María Ysabel Cedano, directora de Demus, que patrocina el caso de tres mujeres esterilizadas forzadamente.
También la CIDH ha solicitado que el Estado peruano informe sobre la elaboración de un protocolo de actuación de defensores públicos y fiscalías que incorpore estándares internacionales relativos a las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas.
“En un contexto de conservadurismo del fujimorismo y sus aliados que niegan derechos sexuales y reproductivos, saludamos que la CIDH exija el cumplimiento de compromisos para que las víctimas sean reparadas y se haga justicia”, enfatizó la representante de DEMUS.
El dato:
La CIDH ha remitido al Perú la siguiente documentación (se adjunta documentos):
-Sentencia del caso I.V. Versus Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (NOV. 2016): Sentencia_Bolivia
-Informe “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”, aprobada por el organismo internacional desde el 2011: AccesoAInformaciónMateriaReproductiva_CIDH