A pesar de las promesas del actual gobierno y de las diversas instancias estatales, las cosas no han cambiado. En el actual escenario exigimos:
- Transversalización del enfoque de género en las políticas y programas destinados a la educación de nuestras niñas y niños. Es urgente erradicar las concepciones machistas, estigmas y estereotipos de género en nuestra sociedad para garantizar nuevas generaciones que no reproduzcan la violencia. Necesitamos una política educativa que promueva la igualdad
- Incremento de los presupuestos de las entidades involucradas en la prevención, atención, lucha y sanción de la violencia contra las mujeres. No es posible que el presupuesto del MIMP represente sólo el 0.4% del presupuesto público nacional.
- Implementación efectiva de la Ley N° 30364 y del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021, con enfoque intercultural. En el marco de la debida diligencia del Estado, estas normas deben garantizar la prevención, atención, reparación y sanción efectiva para todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la que afecta a las niñas y adultas mayores, mujeres indígenas amazónicas, andinas, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, mujeres viviendo con VIH, mujeres trans y lesbianas.
- Priorizar la prevención para enfrentar el machismo enraizado, erradicar la cultura de violación y agresión a las mujeres. Por ejemplo, implementar programas sostenidos y con enfoque intercultural para erradicar discursos que reproduzcan el sexismo en las escuelas, los medios de comunicación y la publicidad.
- Capacitación a funcionarios públicos, espacialmente a la Policía Nacional, integrantes de las fuerzas armadas, jueces y fiscales; con la finalidad que estos comprendan la magnitud de la violencia y no reproduzcan estereotipos de género en la atención y judicialización de los casos.
- El Ministerio Público debe actuar de oficio frente a los casos de violencia contra las mujeres que sean denunciados públicamente o de los cuales tome conocimiento; como por ejemplo en el caso del director de teatro Guillermo Castrillón, acusado por más de 10 jóvenes de abusos sexuales, incluyendo violación sexual. Exigimos un alto a la impunidad y sanción para los agresores.
- Implementar protocolos para que las autoridades actúen con celeridad frente a las desapariciones de mujeres. En un contexto de violencia de género, se debe presumir que las mujeres desaparecidas se encuentran en riesgo de ser víctimas de trata o de un feminicidio.
- Garantizar el derecho al aborto terapéutico sin limitaciones y despenalizar el aborto en casos de violación sexual. El Estado no puede permanecer indiferente al drama de las niñas madres, quienes son víctimas de la violencia sexual. Garantizar la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia y promover la educación sexual integral.
- Aprobar el Plan Nacional de Derechos Humanos, adoptando las recomendaciones de la OEA, CIDH y ONU para que esta política garantice los derechos sexuales y reproductivos. Aprobar un nuevo Plan de Igualdad de Género 2018 – 2022 e implementar el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 – 2021, asignando a estas políticas presupuestos específicos.
- Que el Congreso se limite a legislar a favor de los derechos de las personas y no insista en la derogación de normas a favor de la igualdad como el DL 1323. El Legislativo debe garantizar la sanción a los crímenes de odio y la aprobación de la ley de identidad de género.
- Ratificación del Convenio 189 de la OIT y la reforma de la Ley de trabajadoras/es del hogar (Ley 27986), con la finalidad de garantizar el derecho a un trabajo digno, en igualdad de condiciones y disminuir el riesgo de esta población a sufrir violencia.
- Aprobación de la Ley para prevenir y sancionar el Acoso Político, como mecanismo para promover el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad y sin violencia.
- Denunciamos que las esterilizaciones forzadas se constituyen en un ejemplo de impunidad, es urgente que los miles de casos registrados en el REVIESFO encuentren reparación y justicia. Las victimas esperan una respuesta del Estado desde hace más de 20 años. De igual manera, la CMAN debe aprobar una política de reparación integral a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno.
- Exigimos un Estado Laico y democrático que respete y garantice la participación de la sociedad civil especializada en espacios multisectoriales con la finalidad de evaluar los avances, alertar sobre los retrocesos y monitorear el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.
#NIUNAMENOS. #25N
Lima, 25 de noviembre del 2017
