El ciudadano debe darse cuenta que aquí hubo un crimen atroz

04 DIC 2014

Entrevista a Julio Arbizu, abogado defensor de las víctimas de esterilizaciones forzadas

Esta semana se presentó, en el marco del XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC) y del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el documental “Cicatrices del engaño”, producido por Hiperactiva Comunicaciones, bajo la dirección de la periodista Magali Zevallos, que expone el estado actual del caso de las esterilizaciones forzadas –cometidas durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori– a nivel de desarrollo de políticas públicas y reparación en salud. Para contextualizar el caso y ahondar sobre el tema legal, entrevistamos al abogado del caso, Julio Arbizu.

Por Laura Grados
En el gobierno de Alberto Fujimori se llevó a cabo una política agresiva en el marco del cumplimiento del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que no fue otra cosa que la esterilización a las mujeres más pobres del país, muchas de ellas sin estudios y quechuahablantes.
Un aparato esterilizador que nació desde las entrañas del Poder Ejecutivo al mando de Alberto Fujimori operó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones, muchas veces con engaños.

El único caso en que se reconoce a esta práctica como un crimen es el de Mamérita Mestanza, quien murió ocho días después de ser operada, en abril de 1998.
Aún hay más de dos mil mujeres que exigen justicia, no solo contra los autores materiales (médicos) del hecho, sino también contra las autoridades que planearon lo que supone un flagelo a los derechos humanos.

Lo que ocurrió durante la segunda mitad del régimen fujimontesinista fue lo que Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción y hoy abogado de las víctimas, denomina como una suerte de política malthusiana. “Vamos a eliminar la pobreza eliminando a los pobres”, es decir.

Han pasado más de 18 años y lo único que ha sucedido es que el Ministerio Público archivó la investigación en contra del encarcelado expresidente Alberto Fujimori y los ministros de Salud de esa época, entre ellos el congresista Alejandro Aguinaga.
Una sociedad que deja impunes los crímenes corre el riesgo de volver a sufrirlos, de modo que está prohibido bajar los brazos.

-¿Qué es lo que esperan las víctimas de esterilizaciones forzadas que han visibilizado el caso?
Hay dos procesos que se siguen en simultáneo, uno en la vía interna, que es la denuncia propiamente dicha por el caso de esterilizaciones forzadas, y no necesariamente el de Mamérita Mestanza, sino los demás casos en ese sentido.

-Para quienes no comprenden aún el tema legal del caso, ¿cómo empezó el proceso judicial?
El fiscal que siguió la investigación preliminar, Marco Guzmán Baca, dio cuenta de más de dos mil casos de mujeres esterilizadas. Entre ellas, algunas perdieron la vida y otras quedaron con lesiones graves. Pero ese caso, lamentablemente, por una decisión del propio Guzmán Baca, fue archivado en el extremo de la imputación que correspondía a Alberto Fujimori y sus ministros de Salud.

Entonces, solamente se formalizó investigación preparatoria (es decir, se judicializó el caso) con respecto a algunos de los autores materiales. Los autores mediatos o intelectuales de los crímenes fueron eximidos de responsabilidad.

-¿Cuál fue la respuesta a ese hecho?

Contra esa decisión se interpuso una queja de derecho que debía elevarse a un fiscal superior. El fiscal que debía elevar la queja es el mismo que había archivado la causa
(Guzmán Baca). Lo que pasó es que demoró en elevarla y ello provocó que cambiara la competencia que debía recaer en la fiscal Carmen Ibáñez, de la Tercera Fiscalía Superior; finalmente recayó en el fiscal Luis Landa, de la Segunda Fiscalía Superior.

-¿Qué sucedió cuando la parte afectada advirtió estas irregularidades?

Después de eso, frente a esta primera irregularidad, las representantes de las víctimas informaron lo que estaba sucediendo en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esa misma audiencia el fiscal superior coordinador, Víctor Cubas, aceptó que sí hubo un error y que la competencia quedaría con la doctora Carmen Ibáñez.
Una vez que llegan a Lima e Ibáñez se aboca a la queja, le envía una comunicación al fiscal de la Nación, en ese momento el doctor José Peláez Bardales, diciéndole que necesitaba recursos logísticos y humanos para poder afrontar la investigación porque era demasiado compleja, y que para su rigurosidad necesitaba algunos recursos adicionales.

-¿Cuál fue la respuesta del exfiscal de la Nación?

En respuesta, Peláez le dice que, si no tiene capacidad funcional ni logística, entonces vuelve la competencia al fiscal Landa. Entonces, todo lo que se había conseguido y lo que había admitido como un error la Fiscalía de la Nación finalmente se anula con esta decisión de Peláez.
-En 2002 el Estado peruano llegó a un acuerdo de solución amistosa solo en el caso de Mamérita Mestanza ante la CIDH. ¿Se está cumpliendo con lo acordado? Se llegó a un acuerdo por el cual el Estado reconocía que efectivamente se había violado derechos humanos y se comprometía, entre otras cosas, a investigar y sancionar a los culpables, sean autores mediatos o materiales.

El compromiso incluía una serie de reparaciones en educación, en salud, reparaciones por haber infligido daño moral. Ese acuerdo está en supervisión de cumplimiento desde ese momento hasta ahora. Lo que ha pasado hace dos semanas es que la Comisión en periodo de sesiones quiso saber cuál era su situación y los representantes de las víctimas han ido a señalar que hay varios puntos en los que no se está cumpliendo con el acuerdo pactado y con la obligación a que se ha comprometido el Estado, entre otras cosas las reparaciones en salud y educación, que son todavía precarias. No hay contundencia, no hay intención ni motivación política.

-La tesis que se maneja es que las esterilizaciones forzadas fueron parte de un programa muy bien pensado y planeado.
A mí no me queda ninguna duda de que aquí hubo, primero, un aparato organizado de poder; y, segundo, órdenes desde las más altas jerarquías del Estado para el despliegue del programa. Y no me queda duda tampoco de que el programa fue implementado de manera sistemática, que la organización tuvo jerarquías muy bien definidas, que los miembros de ese aparato desplegaban sus actividades en función a órdenes, o sea, a mí no me queda ninguna duda de que aquí existió evidentemente un aparato organizado de poder y que por lo tanto es perfectamente posible imputarles
delitos a quienes dieron las órdenes y quienes estaban en capacidad de supervisar que estas órdenes se cumplieran.

-¿Qué esperan de la queja interpuesta por el archivo de la investigación a Fujimori y sus ministros?
El fiscal Luis Landa tiene dos alternativas: una es ratificar el archivo que decretó el fiscal provincial de primera instancia, Guzmán Baca, en el extremo de negar la responsabilidad de Fujimori y los ministros. Y la otra posibilidad es que haya suficientes elementos para comprenderlos a ellos, en cuyo caso habría que formalizar investigación preparatoria (iniciar un proceso judicial) a los acusados.
-De proceder el archivo, ¿a dónde pueden recurrir las víctimas?

Todos los casos, excepto el de Mamérita Mestanza, en el que hay un acuerdo de solución amistosa, pueden ser presentados de la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y seguro eso pasaría muy rápidamente, en vista del incumplimiento del Estado a una serie de compromisos asumidos en ese acuerdo.

-¿Hay fecha tentativa para que el fiscal Landa dé un veredicto a su queja?

Yo hablé con el fiscal y me dijo que no tenía fecha. Mucha carga, me dijo.

-El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dijo hace unos días, durante una conferencia de prensa, que el fiscal Marco Guzmán Baca era “un buen elemento”. Puede ser un buen elemento en su casa, con su familia y sus amigos. Pero
jurídicamente, a juzgar por los argumentos con los que sustentó su disposición de archivo, no es, a mi juicio, ni medianamente aceptable como fiscal.

-Para los autores materiales del hecho, ¿de cuántos años de pena estamos hablando?
Lo que pasa es que la queja tiene dos pretensiones: una, que se incorpore a Fujimori y sus ministros; y la otra, que se tipifique adecuadamente, porque el fiscal, solo en el extremo que ha formalizado investigación preparatoria, solamente ha imputado a algunos autores materiales el delito de homicidio culposo, es decir, homicidio por negligencia. Lo que sucede es que estos son homicidios dolosos, los que generaron muerte. Los demás casos son lesiones graves, en opinión nuestra. Entonces, estamos hablando de delitos graves contra la vida, el cuerpo y la salud.

-Hablamos de 25 años a más, como sucedió en las sentencias por las matanzas del grupo Colina.
Así es.

-Aún hay personas que no se enteran de que existió esta práctica durante el fujimorismo.
Creo que es bueno que el ciudadano se dé cuenta de que aquí hubo un crimen atroz. Este no es un tema cualquiera. Ni siquiera estamos hablando únicamente de crímenes individuales, como lo ha querido hacer creer o ver el fiscal provincial. Creo que aquí hay una violación de derechos humanos que tiene su encuentro con casos de absoluta discriminación.
-¿Cómo afirmas que hubo discriminación?

Todo este programa estaba dirigido a mujeres pobres, quechuahablantes, campesinas. Creo que este es un caso de eugenesia moderna. Esta suerte de política malthusiana para subordinar los derechos al beneficio económico de las mayorías. Esto me parece doblemente atroz, doblemente reprochable, y la gente tendría que entender que es por esa razón que se busca judicializar el caso. Y, por cierto, por el hecho de que hay una cantidad importante de víctimas. Esto es un crimen que hay que resolver. Hay que reparar a las víctimas.

Fuente: Diario16

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