El Congreso debatirá propuesta de ley para despenalizar el aborto en casos de violación sexual

14 OCT 2014

Más de 60 mil firmas respaldan el Proyecto de Ley y ya se encuentran en dos comisiones del Congreso de la República “Los parlamentarios recibimos esta iniciativa ciudadana con mucha responsabilidad, se trata de un asunto serio y delicado”, comentó la congresista Verónika Mendoza. Más de 60 mil firmas de ciudadanos peruanos de todo el país respaldaron este proyecto de ley, junto con el apoyo de diversas bancadas. El Congreso de la República tiene un plazo de 120 días para debatir el Proyecto de Ley N° 3839/2014-IC: “Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida”.

“El Estado no puede obligar a las mujeres, niñas o adolescentes a llevar a término un embarazo sin considerar su proyecto de vida, su salud física o emocional, sin darles laposibilidad de recurrir a una Anticoncepción Oral de Emergencia”, denunció Mendoza.
Esta iniciativa ciudadana tras conseguir y acreditar las firmas requeridas a través del Jurado Nacional de Elecciones, fue derivada al Congreso de la República, y asignada a las Comisiones de Constitución y Reglamento, y de Justicia y Derechos Humanos para su discusión y posterior debate y aprobación en el Pleno.

El congresista Carlos Bruce defendió la libertad para decidir de las mujeres ante un delito, un “acto de salvajismo”, coincidiendo con el parlamentario andino Alberto Adrianzén. Por su parte, la parlamentaria Rosa Mavila afirmó que esta ley implica “un cambio de mentalidad de la sociedad peruana. Detrás de este debate hay un tema de naturaleza cultural, la función de la mujer durante el embarazo, visto como sagrado, implica aceptar hechos terribles de imposición y de agresión salvaje contra su libertad individual”. Añadió además que “a ninguna mujer se le puede imponer como deber la maternidad cuando ese embarazo es producto de una agresión contra su voluntad”.

El Perú es el país con mayor tasa de denuncia por violación sexual en América del Sur, 17 763 denuncias por violación recibió en 2013 el Ministerio Público, siendo más del 70% de las víctimas niñas o adolescentes. Como consecuencia, más del 34% de las mujeres quedan embarazadas. Según el Ministerio de Salud, un 29% de las muertes en adolescentes están vinculadas al aborto.
Sandra de la Cruz, estudiante de la Universidad de San Marcos e integrante del colectivo Déjala Decidir, denunció las condiciones de inseguridad que sufren las mujeres que se ven abocadas a abortar de manera clandestina poniendo en riesgo su vida y su salud. Además remarcó que la mujer “tras ser agredida y quedar embarazada sufre una segunda violación cuando el Estado no permite a la mujer decidir”.

Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) declaró que la presentación de esta iniciativa demuestra que “la sociedad está cambiando” y por tanto, es la “oportunidad para cambiar aquellos rezagos terribles que dan cuenta de la inequidad que sufren las mujeres”. Apuntó además que son las adolescentes entre 14 y 17 años las que más sufren embarazos como consecuencia de una violación.
La aprobación del Proyecto de Ley supondría la modificación del artículo 119 del Código Penal para incorporar este nuevo supuesto, y la derogación de todas las disposiciones que se opongan a la modificación de la ley, entre ellas la pena de tres meses para las mujeres que abortan a causa de una violación, contemplado en el artículo 120 del Código Penal vigente. Asimismo, el proyecto de ley contempla el acceso a servicios integrales para víctimas de violación sexual.

Se registran cada año un mínimo de 35 000 embarazos no deseados como consecuencia de una violación sexual. Asimismo, desde el año 2009 las mujeres víctimas de violación sexual no tienen acceso a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en los establecimientos de salud del Estado.

El debate de este Proyecto de Ley pone en juego derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación, y a la salud.

Organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), el Comité contra la Tortura o el Comité de Derechos Humanos, entre otros, ya han instado al Estado Peruano a despenalizar el aborto en casos de violación sexual.

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