En coyuntura política donde se pide indulto a Fujimori, alertamos posible archivo del caso de esterilizaciones forzadas

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Grupo de seguimiento a las Reparaciones para las víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF) y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), alertaron ante los medios de comunicación que la fiscal Marcelita Gutiérrez, a cargo del caso esterilizaciones forzadas, no denunciaría al expresidente Alberto Fujimori ni a sus exministros de Salud por delitos de lesa humanidad, consumándose un nuevo hecho de impunidad.

La fiscal solo denunciaría por graves violaciones a los derechos humanos responsabilizando por ello al personal de salud y sólo cuando las actas de consentimiento informado carecen de firma alguna. En conferencia de prensa, la directora de Demus, María Ysabel Cedano, alertó que la fiscal, quien tras dos semanas de concluida la investigación, aún no se ha pronunciado sobre si denuncia o no a Fujimori y sus exfuncionarios por delito de lesa humanidad, no estaría valorando adecuadamente ni tomando en cuenta diversas pruebas que certifican que las esterilizaciones forzadas fueron una política de Estado sistemática y generalizada.

“Creemos que el fujimorismo ha desplegado toda su mafia y corrupción. Nosotras hemos alertado a la prensa antes. ¿Qué hacía (el ex congresista) Alejandro Aguinaga en una actividad protocolar del Ministerio Público el pasado 21 de mayo? Además se ha registrado 12 visitas del parlamentario al fiscal de la Nación. ¿Cuál es la agenda de Aguinaga con el fiscal?”, manifestó Cedano. Cedano mostró el documento oficial del Ministerio Público, solicitado por la Ley de acceso a la información y transparencia, que demuestra que Aguinaga visitó el despacho del titular del Ministerio Público 12 veces entre mayo del 2015 y mayo del 2016. Es más el 2 de enero, 9 y 15 de febrero de este año, fechas que coinciden con la ampliación de la investigación por 150 días, es decir, para que caso fuera resuelto pos elecciones. Esto fue quejado en su momento ya que se trataba de un plazo innecesario e injusto para las víctimas que llevan esperando más de 14 años por justicia. La Fiscal superior le dio a la Marcelita Gutiérrez solo 75 días más y abrió investigación en el órgano de Control interno. La Fiscal Gutiérrez insistió ante el Fiscal de la Nación quién le concede la ampliación el 17 de mayo. El 2 de mayo y 21 de mayo Aguinaga se reunión con Pablo Sánchez.

“Ella ya no tenía por qué aplazar más la investigación del caso, había los indicios suficientes para culminar la investigación y denunciar por crimen de lesa humanidad. Queremos alertar sobre una inadecuada teoría del caso y valoración de las pruebas. No se estaría tomando en cuenta la autoría mediata, estructura ni cadena de mando, ordenes, directivas, metas, cuotas, sanciones e incentivos ni los vicios al consentimiento informado, es decir, no analiza el contexto en se cometió el crimen”, señaló.

COYUNTURA SOSPECHOSA

Por otra parte, el secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (DDHH), Jorge Bracamonte, sostuvo que no es coincidencia que el próximo pronunciamiento de la fiscal Gutiérrez sobre el caso esterilizaciones forzadas se dé en una coyuntura donde Fujimori, a través de una solicitud, ha pedido su indulto humanitario.

“No vamos a tolerar bajo ningún punto de vista que la impunidad retorne a este país y estamos dispuestos a movilizarnos”, expresó Bracamonte añadiendo que el fujimorismo en los últimos días ha demostrado su naturaleza, la cual no es velar por una agenda congresal para la ciudadanía, sino para la impunidad de Alberto Fujimori.

Finalmente, Cedano reafirmó que las organizaciones y colectivos de la Campaña Somos 2074 y muchas más que lucha por justicia y reparaciones integrales para las víctimas de esterilizaciones forzadas continuarán movilizándose mañana MARTES a las 3.30 p.m. en la sede de la Fiscalía (Cuadra 4 del jirón Carabaya), ya que no pueden permitir que en este país se sigan violando los derechos de todas las mujeres y que sea el Estado el principal perpetrador, quedando impune