Estado Peruano debe prevenir y sancionar violencia sexual en centros educativos

El colegio es uno de los lugares donde los niños y adolescentes deberían sentirse protegidos. La realidad, sin embargo, muestra recurrentes denuncias por violación sexual de parte de los profesores, quienes no reciben sanción justa y ejemplar.

Ni el Estado ni la sociedad reclaman por las víctimas. No es solo responsabilidad de las víctimas formalizar denuncia contra los agresores, sino de todas y todos. Pero se ha impuesto una cultura de silencio y complicidad que refuerza la impunidad.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir estos hechos? ¿Cuántos casos han obtenido justicia? ¿Qué acciones se han ordenado a favor de las y los denunciantes? ¿Existe apoyo psicológico y legal para las víctimas?

En menos de un mes dos sonados casos han llamado la atención de la sociedad y los medios de comunicación, pese a que esta es un problema constante. El caso del profesor Luis Vásquez Da Silva en Cajabamba, quien fue acusado de violación sexual a 17 escolares, así como Alamiro Malca Guevara, acusado de ultraje sexual a cuatro menores en colegio de Namora. Ambos casos ocurridos en Cajamarca, así como el que involucra al actor y profesor de actuación Jean Cotos Alba que fue denunciado públicamente por sus exalumnas de tocamientos indebidos y abuso sexual en el distrito de Villa María del Triunfo; no son casos aislados y, merecen medidas concretas e inmediatas.

DEMUS alerta a la ciudadanía y la exhorta a exigir que las autoridades, medios de comunicación, fuerzas políticas y sociedad civil tomen acción para la protección de los niños y adolescentes en las aulas. En ese sentido, hace un llamado también a no difundir información errónea y sensacionalista que termine por lograr impunidad para los violadores. En ese sentido:

1. Recomendamos a la prensa nacional dejar de calificar como “monstruos” a los violadores sexuales. 

Si decimos que los violadores son “monstruos”, estamos asegurando que son una excepción en la sociedad, cuando las cifras alarmantes de violadores en la familia y por parte de parejas y ex parejas son evidentes. De cada 10 violaciones 9 son cometidas por hombres, la mayoría son familiares (padres, hermanos, tíos, primos, etc.), personas cercanas y de confianza como los profesores.

Los violadores no son ‘monstruos’, porque no son criaturas anormales que violan el orden natural y que tienen apariencia terrible, según el significado de la palabra. No todos los violadores son enfermos mentales. Si bien hay posibilidades de que existan psicopatologías, estas no son determinantes para violar. Además, no todos los problemas de salud mental libran de responsabilidad, pues existe un acto de decisión de por medio.

2. Producto del patriarcado y el machismo imperante en la sociedad hay una cultura de superioridad de los hombres frente a las mujeres que hace que estos dispongan de sus cuerpos y sus vidas. Hay muchos hombres formados para violar en base al uso de premisas como “las mujeres siempre están dispuestas para ellos”, situándonos como objetos de propiedad subalternos al deseo y voluntad masculinos. A ello se suma que creen que las mujeres somos las que provocamos y responsables de la violación sexual.

3. Los medios de comunicación, como la sociedad en general, suelen ser indiferentes a la problemática de la violencia sexual, del horror, dolor y daños en las víctimas a corto, mediano y largo plazo. Como ejemplo, en el caso del profesor violador en Cajabamba, la atención se centró en su historia personal y el suicidio dejando de lado los derechos de las víctimas a justicia y reparación.

4. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como ente rector de la política contra la violencia hacia las mujeres, así como el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Justicia deben tomar medidas para garantizar el derecho de las víctimas a recuperar su salud física, mental y sexual y se adopten medidas para garantizar que la comunidad de Cajabamba pueda denunciar, proteger y lograr justicia en los casos y cuidar a las niñas, niños y adolescentes.

5. El ejecutivo, las autoridades locales y regionales deben informar qué medidas han adoptado en los colegios. Además, conocer cuáles han sido las medidas adoptadas por las rondas campesinas, la DEMUNA, el Centro de Emergencia Mujer, los establecimientos públicos de salud y la defensa jurídica para que estos casos no se repitan.

6. La pena de muerte a los violadores ha sido demagogia electoral por parte de apristas y fujimoristas en diversos periodos de campaña electoral. No es una solución para la prevención de los crímenes ni para la justicia.

7. En el caso del presunto suicidio del violador de Cajabamba, informado oficialmente por la PNP y el INPE, y que exige una investigación de los sucesos, tampoco es reparador y ni implica justicia; mucho menos cuando podría tratarse de un caso de ajusticiamiento.

La violencia sexual en el país debe ser un asunto de todas y todos los peruanos. Y no tratarse como si fuera un caso excepcional, porque hay vidas de niñas, familias, comunidades y pueblos de por medio. No se alivia tanto daño y dolor con manifestaciones condenatorias. Son tiempos para enfrentar la justicia e impunidad. No esperemos que nos suceda.

#UNPROFESORNOVIOLA