Familia llevará el caso hasta la Corte IDH, a fin de que marque un precedente para otras víctimas.
Es el segundo caso de esterilizaciones forzadas que llega a esa instancia internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Celia Ramos, mujer piurana que murió a consecuencia de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, y planteó a la parte peticionaria y al Estado peruano la ruta de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), según la notificación que hizo llegar a DEMUS, organización que patrocina legalmente a los familiares de la víctima.
En el año 1997, Celia Ramos Durand fue sometida sin consentimiento válido y en condiciones precarias a una esterilización, en el Puesto de Salud del Caserío de la Legua, Piura. Durante la operación, presentó complicaciones médicas, dado que el establecimiento no contaba con los instrumentos adecuados para atenderla la trasladaron a la Clínica San Miguel, Piura, donde llegó en estado de coma y con signos de daño cerebral severo, falleciendo el 22 de julio de ese mismo año.
En el documento que la CIDH envía al ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, le notifica la admisibilidad y detalla que han pasado más de 20 años sin que se esclarezcan los hechos ni las responsabilidades, y desde que se abriera la investigación fiscal en el 2002.
Así mismo la CIDH enfatiza en que “de ser probados, la alegada esterilización de la presunta víctima sin su consentimiento previo, libre e informado, en condición precaria que supuestamente resultó en su fallecimiento, como el retraso injustificado en la identificación de los responsables y la denegación continuada de justicia, podrían caracterizar posibles violaciones del derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la libertad de pensamiento y expresión, la igualdad ante la ley, la protección judicial y el desarrollo progresivo de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Belém Do Pará”.
SEGUNDO CASO HITO
El caso de Celia Ramos es el segundo caso de esterilizaciones forzadas que es admitido por la CIDH. En 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa por el caso Mamérita Mestanza, una mujer cajamarquina que murió a consecuencia de las complicaciones médicas por esterilización forzada. El Estado de comprometió a investigar y sancionar a autores directos y mediatos en todos los casos de esterilizaciones forzadas. También a repararlas conforme las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido cabalmente. Las hijas e hijos de Mamérita Mestanza aún no reciben reparación en educación perjudicando su proyecto de vida otra vez.
Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, señaló que la familia llevará el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a fin de que marque un precedente para otras víctimas; aunque evaluará la opción de un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado; sin embargo, son conscientes de que en el caso de Mamérita Mestanza, el Estado aún no ha cumplido todos los compromisos de reparación a los hijos habiendo pasado 16 años de firmado ese acuerdo.
La familia de Celia Ramos espera hace más de 20 años por justicia y reparación. La admisibilidad de su petición, les devuelve la fuerza para continuar luchando y que no quede impune la muerte de Celia.
SOBRE DECLARACIONES DE CONGRESISTA ROSA BARTRA
DEMUS saluda a la familia de Celia Ramos por su amor, coraje y tenacidad para lograr justicia y reparación integral. Como las hijas de Celia Ramos dicen, se afectó su proyecto de vida, su derecho a tener familia.
RECHAZAMOS las declaraciones negacionistas y desinformadas de la vocera y congresista fujimorista Rosa Bartra que, por un lado reconoce que las esterilizaciones fueron parte de una política de Estado, pero que niega el carácter sistemático y generalizado cuando dice que los casos fueron excesos aislados.
A enero de 2019 existen 6 196 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Hay una denuncia fiscal contra Alberto Fujimori y exministros de Salud por delitos de lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves que ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos contra más de 1 300 denunciantes. Más de 200 mil mujeres han declarado ante el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que no recibieron información completa y 25 mil que nunca fueron informadas que eran métodos irreversibles. La congresista Bartra encarna el desprecio fujimorista por los derechos de las mujeres cuando afirma algo sin informarse negando el derecho a la verdad de las víctimas.