Defensa de las mujeres víctimas lamenta que pese a las pruebas e indicios existentes no se haya encontrado responsabilidad en la cadena de mando del Ministerio de Salud de la época que ideó esa práctica violatoria a los derechos humanos.
Alberto Fujimori Fujimori y los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, así como los directores de salud tienen responsabilidad en las esterilizaciones forzadas que sufrieron miles de mujeres entre 1996 y 2000.
Esa es la conclusión a la que arribó no solo del informe final de la comisión especial delMinisterio de Salud del 2002, sino la defensa de las víctimas que ha presentado un recurso de queja frente a la resolución fiscal que archivó el caso y exime de toda culpa al ex presidente y a sus funcionarios de confianza.
La responsable de la línea jurídica de DEMUS, Rossy Salazar, refiere que como sustento de la queja han presentado los oficios y memorandos que vinculan a Fujimori y a sus titulares de portafolio con esa violación de los derechos humanos de las mujeres, pues en los mismos le indican a los médicos cómo tenían que cumplir las metas de lo que se conoció como el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, cuánto eran las cuotas de captación, así como las sanciones que recibirían si no cumplían.
Así por ejemplo, mencionó que a través de los oficios 0544/97 y 0818/97, Costa Bauer se dirige a Fujimori y le manifiesta que «hay una tendencia creciente en la producción del servicio de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) y al cierre del mes de junio la cifra asciende a 38,624»; mientras que en el otro documento afirma que «los primeros siete meses del año (1997) se ha alcanzado un acumulado total de 64,831 AQV, lo cual nos sitúa en el 43% de la meta fijada en 150 mil para el año 1997».
Pero es en el oficio 001 – CPPF-UTS-Jauja, del 10 de enero de 1997, que la Coordinadora del Programa de Planificación le informa a su Jefe de Departamento de Gineco-Obstetricia que Fujimori participaba activamente en las reuniones y solicitaba metas.
El oficio indica claramente que «de acuerdo con la reunión en Ancón con el presidente de la República se reprogramará la cifra (de 192 AQV) y para no esperar el último momento se estará trabajando en base a los datos propuestos».
Análisis inadecuado
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Sigifredo Florián, refiere que no entiende cómo con esas evidencias, recién se incorporó a la investigación a Fujimori Fujimori en noviembre del 2013 y en menos de dos meses se le excluye del mismo.
«Resulta bastante extraño cómo fue incorporado sin que notificaran a las partes, y que antes de dos meses se le excluya del caso, tras haber presentado documentos simples», refiere Florián.
La abogada de Demus agrega que la defensa igualmente se pregunta qué valoración realizó el fiscal Marco Guzmán Baca, de la 2a Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, para solicitar el archivamiento del caso, cuando en su informe no aparece una sola línea sobre el análisis que debió realizar a los testimonios de las mujeres de Cajamarca, Cusco y Piura.
«No hay ningún análisis sobre las declaraciones, a pesar de que estas muestran claramente el modus operandi de cómo eran captadas las mujeres, cómo fueron trasladadas a los centros de salud, el abandono posoperatorio y las secuelas», comenta Florián y agrega que por eso la resolución de Guzmán Baca, «solo dicta impunidad».
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, remarca que con los indicios presentados en el proceso, el fiscal debió dar pase al juicio oral y no solicitar su archivamiento.
Mariel Távara, de Demus, subraya que el Estado a través de los operadores de saludanularon a miles de mujeres la posibilidad de tomar una decisión sobre sus vidas reproductivas y aún hoy –17 años después– las siguen revictimizando al no otorgarles justicia ni reparaciones.
Por eso las mujeres demandan que la justicia actúe ahora.
Sabina Huillca: «Me amarraron las manos y los pies»
En agosto de 1996, Sabina Huillca, acudió por primera vez al Centro de Salud de Anta (Cusco) para dar a luz a su tercer hijo.
Tras el alumbramiento, el médico le dijo que se quedara internada un día más para hacerle una «limpieza». «Si no te quedas no te doy el papel de tu hijo (acta de nacimiento)», le gritó.
Asustada optó por quedarse y al día siguiente una enfermera le dijo que se bañara, pero ella solo se lavó.
La enfermera enojada la tomó del brazó, la metió a la fuerza a la ducha y la mojó con agua de la manguera.
Bañada también en llanto la subieron a una camilla y le amarraron pies y manos. «¿Qué me van hacer?», preguntó asustada, y le respondieron que era «la limpieza».
Al despertar, vio que un médico le cosía el vientre.
En su comunidad, otras 40 mujeres también fueron esterilizadas forzadamente.
La clave
Discriminación. Amnistía Internacional señaló que con la decisión del fiscal Guzmán «se reafirma que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años».
Asimismo, lamentan que ni siquiera en el caso de Mamérita Mestanza se haya acusado a quienes habrían ideado, promovido y permitido esa nefasta práctica de esterilizaciones.
Fuente: LA República <http://www.larepublica.pe/30-01-2014/fujimori-si- sabia-de-las-practicas-de-esterilizacion>