“La sociedad peruana no va a superar los traumas del conflicto armado si las mujeres violentadas sexualmente no acceden a reparaciones”

-¿Qué pasos  importantes cree que se están dando desde el gobierno de turno en cuanto a la larga espera de justicia de las  miles de víctimas del conflicto armado?
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha declarado que su prioridad es la política de búsqueda de personas desaparecidas; ella fue una de las impulsoras de la ley, e incluso lo manifestó en el aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). El otro tema que manifestó fue aprobar un Plan de derechos humanos participativo, y su viceministra Gisela Vignolo ha expresado que modificarán el decreto 051 para que se reabra el registro de beneficiarios/as de las reparaciones económicas. Reconociendo esa voluntad política, no podemos dejar de exhortar al gobierno para que apruebe lineamientos de una política de reparaciones integrales a las víctimas de violencia sexual.

-¿Por qué hay tanta resistencia para hablar de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado?
Por intereses políticos del  Apra, el fujimorismo y Acción Popular, que no quieren que la verdad de los hechos se conozca. La CVR documentó  la violencia sexual como política de Estado, crimen de lesa humanidad como es el caso de Manta y Vilca. Demus patrocina a tres víctimas. A ello, hay que sumarle la  cultura de la violación que culpa y estigmatiza a las víctimas. En sociedades donde se mantiene el racismo y el machismo se pone atención en otras poblaciones afectadas.

-¿Qué pasa con las víctimas que no llegan a ser reconocidas o reparadas por el Estado?
No solo las víctimas, la sociedad peruana en conjunto no va a superar los traumas del conflicto armado si las mujeres violentadas sexualmente por fuerzas armadas y policiales, SL y MRTA, no acceden a reparaciones integrales. Durante 1980 y 2000 se cometieron dos crímenes de lesa humanidad, uno de ellos es la violencia sexual, hay mujeres, hijos e hijas producto de violaciones y familias destruidas. Los gobiernos de transición democrática no han priorizado la atención de esta situación.

-¿Qué propone DEMUS?
Por un lado, la implementación de reparaciones integrales a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Y que el Congreso modifique la ley que crea el Plan de reparaciones integrales para que se reconoce a víctimas de violencia sexual (desnudos forzados, esclavitud sexual, embarazos y abortos forzados, tortura a mujeres embarazadas, entre otros). Ahora solo se reconoce a las víctimas de violación.

-¿A qué se refiere con reparaciones integrales?
El Estado peruano en el 2006 aprobó mediante ley el Plan Integral de Reparaciones, política que permiten dignificar y restituir derechos que fueron violentados. Desde esa fecha se ha venido implementando el plan con una falta de claridad en la integralidad. Las víctimas de otras formas de violencia sexual no han sido reconocidas desde que se creó la ley. El año 2007, por recomendación del Comité CEDAW, el Consejo de Reparaciones empezó a registrar a estas víctimas pero la Comisión de Alto Nivel encargada del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – CMAN no ha establecido hasta el momento ninguna medida ni lineamiento para garantizar una adecuada y específica reparación.

-De qué tipo de reparación a la que deben tener acceso estamos hablando ¿solo económica?
Son siete programas de reparación: económicas, colectivas, simbólicas, de acceso a salud, educación, habitacional y de restitución de derechos. En cada una deberían pensarse los impactos particulares de las víctimas de violencia sexual. No es suficiente repararlas económicamente, se tiene que  acompañar  del reconocimiento de su condición de víctimas y su dignificación, porque además  en muchos casos el Estado es el perpetrador.

-¿Las víctimas no tienen acceso al sistema de salud?
El Sistema Integral de Salud (SIS) tiene deficiencias, tampoco las reconoce como víctimas del conflicto armado interno. No se ha focalizado la atención en sus demandas específicas sobre salud sexual y reproductiva ni salud mental. A ellos se suma que no hay personal capacitado. No hay lineamientos, ni protocolos para atenderlas, y si hablamos de la reparación simbólica, no hay memoria de lo que pasó en el conflicto armado. Si no conocemos la verdad de los hechos, no podemos hacer memoria colectiva, y si el Estado no trabaja esa memoria y una reparación a la violación de derechos humanos, lo que puede pasar es que esos hechos se repitan.

-Una víctima de violencia sexual va a requerir tratamiento de por vida…
Sí. Atención psicológica y psiquiátrica, manejar el estrés post-traumático, la angustia, la depresión. Y si tiene hijos producto de esa violación la situación es más dolorosa. Además, se requiere un trabajo con su familia y su comunidad, borrar estigmas, como por ejemplo, culparlas por lo que les sucedió.

-¿Qué otro desafíos existen?
Aunque hay un avance en cuanto a la transferencia del derecho a la educación de víctimas a sus hijos, aún falta que se incorpore al currículo escolar los informes de la CVR, y capacitación en instituciones policiales y militares.
-Demus ha presentado propuestas para incorporar violencia sexual en la Ley PIR…
Desde el 2008, Demus acogió demanda de víctimas y dio a conocer iniciativas legislativas que han pasado por uno y otro Congreso machista y racista. Casi siempre los proyectos los acogieron legisladoras que vivieron duramente en sus pueblos esa etapa de violencia. En la actualidad lo acogió la parlamentaria Tania Pariona de Ayacucho. Esperaremos su presentación y debate.

-¿Es necesario esperar que sea el Congreso el que modifique la ley o puede ser a través de un decreto supremo o a través de la CMAN?
La CMAN puede impulsar un Decreto supremos que apruebe lineamientos y programa de reparaciones integrales  a las víctimas de violencia sexual. A la par, el Congreso debe modificar la ley para incorporar a las víctimas de otras formas de violencia sexual cumpliendo con la recomendación del Comité CEDAW y como acto reparador, de dignificación. El Estado debe reconocer y admitir responsabilidades, una manera es a través de leyes, es un acto público simbólico que las víctimas merecen ante la discriminación y el olvido.