Manta y Vilca: Nuevo juicio tras escándalo de audios que involucra a jueza

Los magistrados Otto Vera Pinto y Carlos Alfonzo Payano del Colegiado B de la Sala Penal aceptaron la abstención de la jueza Emperatriz Pérez Castillo y dispusieron un nuevo juicio por otro tribunal libre de cuestionamientos en el caso Manta y Vilca en el que se encuentran acusados 14 militares por violaciones sexuales sistemáticas durante el conflicto armado interno en agravio de nueve mujeres de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca.

Aunque la defensa de las víctimas solicitó que la presidenta del tribunal Emperatriz Pérez Castillo, fuera recusada, el pedido del Instituto de Defensa Legal (IDL) y DEMUS no fue aceptado. La recusación que tachaba a todo el tribunal por  violar principio de imparcialidad, discriminar, revictimizar y no admitir pruebas de las víctima fue rechazada hace más de un año.

Aceptar su abstención es empezar el juicio nuevamente ya que es la segunda vez que un magistrado se aparta del mismo. Recordemos que el juez Marco Cerna Bazán fue presidente de la sala a inicios del juicio pero luego se fue a presidir la Corte Superior de Lima Sur. En su lugar asumió la jueza Pérez Castillo. Ambos magistrados aparecen en los llamados ‘Audios de la corrupción’.

La jueza Pérez Castillo se encuentra involucrada en los audios que revelarían tráfico de influencias en la presunta red criminal del expresidente de la corte chalaca Walter Ríos. No solo es mencionada en un audio entre Ríos y su esposa, sino que un colaborador eficaz ha señalado que el empresario Mario Mendoza “ayudó a Carlos Marcial Masiel, Willy Gonzales, Emperatriz Pérez Castillo, Martín Hurtado Reyes, Aldo Figueroa, con sus influencia ante Guido Aguila (exconsejero CNM) para que sean nombrados jueces”.

La designación de Pérez Castillo en el Callao se publicó el 29 de noviembre del 2016 y el 1 de diciembre con su voto –según investigación periodística de Cuarto Poder-, él obtuvo lo que quiso.

“ESPERO QUE AHORA SÍ NOS ESCUCHEN”

Las mujeres denunciantes han luchado y enfrentado un juicio lleno de irregularidades y parcializado, conformado por jueces que desde el prejuicio y estereotipos de género las terminó revictimizando. Sobre la decisión de la Sala Penal Nacional de iniciar nuevo juicio, una de las víctimas patrocinada por DEMUS señaló: “Yo como mujer víctima me siento fuerte para declarar nuevamente y contar lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido. Estoy emocionada porque, ciertamente, el juicio que hemos tenido, no ha sido bueno. Los magistrados no nos atendían bien, a mis compañeras las han humillado y parecían que favorecían a los acusados. Todo eso ha sido indignante. El nuevo juicio con nuevas autoridades espero que nos escuchen”.

Mariel Távara, psicóloga de nuestra institución que acompaña a las víctimas, mencionó que “para ellas, estas irregularidades sumadas a los audios de la corrupción hicieron que perdieran la confianza en la Sala que llevaba su caso;  iniciar un nuevo juicio es duro para ellas, pero sienten que es la única oportunidad para que se garantice sus derechos y tener una sentencia justa”.

Cynthia Silva, abogada de DEMUS, que patrocina a tres de las 9 víctimas, señaló que considerando los cuestionamientos por los que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional tuvo que apartarse del juicio, la nueva sala debe garantizar un juicio imparcial con el respeto irrestricto de los derechos de las víctimas y tome en cuenta el impacto que ha generado en ellas la violencia sexual, un juicio en el que fueron revictimizadas y más de 30 años de esperar justicia. El nuevo tribunal debe determinar la responsabilidad penal de estos militares sindicados como agresores, en delitos que en el marco del conflicto armado adquieren condición de delitos de lesa humanidad; por todo ello, esperamos que una sentencia justa y proporcional al daño producido que garantice la pena correspondiente y una reparación civil integral”.



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