Organizaciones feministas de Perú y Bolivia organizaron una Audiencia Simbólica a fin de exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la programación de una audiencia para alertar sobre la vulneración de los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir en ambos países.
La acción inició con la intervención #DéjalaDecidir #DespenalizaMiDecisión en la que participaron activistas feministas que reivindican el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sus deseos y sus proyectos de vida sin intromisión de la sociedad, el Estado o las iglesias; en una coyuntura en la que se advierten retrocesos en cuanto a logros conquistados a favor de los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto terapéutico, así como el peligro de que se sigan obstaculizando iniciativas legislativas como la despenalización del aborto en casos de violación, pese a que Perú es el segundo país con mayor tasa de violaciones sexuales, siendo las niñas y adolescentes las principales víctimas. Mientras, en el caso de Bolivia, se ha estancado la despenalización del aborto hasta las 22 semanas, que debe ser considerado desde el escenario de la salud pública y no en el ámbito penal, lo que lograría abaratar costos del Estado y promover una sociedad más democrática e igualitaria.
Tras la intervención artística y de protesta se desarrolló la audiencia simbólica en la que las organizaciones concluyeron recomendar a los Estados de Perú y Bolivia el respeto del principio de laicidad, para acabar con la injerencia político religiosa en las decisiones de políticas públicas, la promoción de leyes y el respeto a los compromisos internacionales de derechos humanos y de las mujeres.
Tania Nava, directora de Católicas por el Derechos a Decidir- CDD (Bolivia) y María Ysabel Cedano, directora de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, consideraron que los Estados de Perú y Bolivia están vulnerando derechos como: el derecho a la vida de las mujeres más aún cuando se pone en riesgo con un embarazo la vida de niñas y adolescentes, el derecho a la no discriminación por género, sexo, edad, raza, condiciones económicas y educación; el derecho a información sobre todo en áreas rurales y periurbanas, el derecho a la salud porque al no existir acceso seguro al aborto las ponen en situación de clandestinidad e inseguridad y el derecho a decidir cuándo y con quién tener hijos.
“Los Estados permiten que las iglesias criminalicen y ejerzan persecución a las mujeres cuando deciden sobre su vida y sus cuerpos. Los Estados están causando un daño existencial al restringir a las mujeres el acceso a sus derechos y la toma de sus decisiones. Se nos quita la oportunidad de contar con un proyecto de vida y lograr desarrollo en todos los ámbitos posibles”, sostuvo Tania Nava de CDD Bolivia.
“Desde 1991, las Comisiones revisoras del Código Penal han propuesto despenalizar el aborto por violación, pero el Congreso peruano no lo ha aprobado. Los grupos conservadores ha presentado proyectos de ley como el de ‘cunas salvadoras’ que significan revictimización y crueldad contra las mujeres víctimas de violación, además de que el Estado no cumple con recomendaciones internacionales de despenalizar el aborto como una forma de garantizar la vida, la salud y la libertad de las mujeres”, señaló María Ysabel Cedano, de Demus.
Por su parte, las comisionadas simbólicas, abogadas Jeannette Llaja y Jennie Dador, destacaron que en el tema del aborto terapéutico en Perú, pese a ser legal desde 1924, no se termina de implementar el protocolo; mientras que en el tema de distribución de métodos anticonceptivos como la AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia), no hay información adecuada y se persiste en la maternidad forzada para las víctimas de violación sexual.
En el evento estuvo presente Soledad García Muñoz, quien fue recientemente seleccionada como primera relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
