Mujeres esterilizadas rechazan a fiscal que no dio valor a sus testimonios e hizo investigación superficial

Jueves 4 de agosto.- Las víctimas de esterilizaciones forzadas de Chumbivilcas (Cusco), de Piura y Lima rechazaron la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez que archiva la denuncia por delito de lesa humanidad contra el expresidente Alberto Fujimori y tres exministros de Salud. Mientras que el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que patrocina los casos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo, presentó la queja formal administrativa (apelación) ante el Ministerio Público.

Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, manifestó su total rechazo a la decisión de la fiscal Gutiérrez, quien el pasado 27 de julio en vísperas de feriado largo, concluyó que no encontró mérito para denunciar por lesa humanidad, a pesar de ser reconocida como política de Estado.

“Estamos aquí en representación de las mujeres de Chumbivilcas y lucharemos hasta el final. Nos indigna que la resolución fiscal se haya dado el 27 de julio, en fechas de fiestas patrias y sin notificar a las partes”, expresó Condori.

“Exhortamos a la sociedad civil que no olvide las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno fujimorista”, añadió.

Victoria Vigo, una de las miles de víctimas, criticó al Estado peruano por el maltrato desatado contra las mujeres de todo el país. Cuestionó la aplicación compulsiva de esterilizaciones a mujeres y hombres en contra de su voluntad. “Ellos se creen dueños de nuestros cuerpos, de nuestras vidas”, refiriéndose a que la resolución fiscal desconoce que muchas mujeres fueron amenazadas con cárcel y multas para que coloquen su firma o huella digital. Así, las hojas de consentimiento informado que valida la fiscalía, no son prueba de que constituyó consentimiento libre e informado.

Juanita Rodríguez, de Chumbivilcas, fue esterilizada contra su voluntad a los 21 años consignándose falsamente en su historia clínica que tenía 30, con el fin de cubrirse metas del programa. Cuenta que aún sufre secuelas psicológicas, físicas y sexuales. Este testimonio y otros con las mismas características en distintas regiones del país fueron recogidos en el marco de investigación fiscal, pero no considerados en la decisión de desestimar la denuncia por lesa humanidad.

Alfonso Ramos, cuya hermana, Celia, falleció tras una intervención de esterilización en un centro médico de Piura, consideró que en el archivo parcial del caso hay influencia política. “Estamos seguros que la fiscal ha sido influenciada y por eso pedimos al fiscal superior que va a resolver las apelaciones que se mantenga imparcial y que valore las pruebas y testimonios”, enfatizó.

RESOLUCIÓN EXCLUYENTE
El abogado de Demus, Milton Campos, quien formalizó la presentación de la queja ante el Ministerio Público, explicó que en la resolución fiscal no se explica por qué los testimonios que denuncian amenazas, engaños, persecución, no acreditan la esterilización forzada.

“La resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez es superficial y genérica. Fueron 5590 las víctimas convocadas a dar su testimonio en la fiscalía pero solo acudieron 1780, hay más de 3000 mujeres y hombres que no tuvieron oportunidad de dar su declaración, lo que es arbitrario, pues, la fiscal ha denunciado que hubo violaciones de derechos humanos a 7 personas”, sostuvo Campos.

Asimismo, el abogado detalló que tampoco se consideran las declaraciones de aquellas que fueron hasta en dos oportunidades a su despacho para narrar sus terribles experiencias.

Milton Campos aclaró que la resolución de la fiscal Gutiérrez no constituye un archivo definitivo del caso.

“El día de hoy hemos presentado una queja, porque hay documentos oficiales, material periodístico escrito, visual y audiovisual, testimonios que se han obviado. Hemos pedido al fiscal superior Luis Landa que examine las pruebas y que emita una nueva resolución donde se admita una denuncia contra Fujimori, Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, para que finalmente puedan ser investigados judicialmente”, puntualizó.

La directora de Demus, María Ysabel Cedano, aseguró que este caso no puede quedar impune y que lucharán para que el Perú cumpla con sus compromisos constitucionales e internacionales y su deber para hacer justicia y reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas. Destacó, además, que el deber de justicia para estos casos se enmarca en un proceso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de la cajamarquina Mamérita Mestanza, en el que el Estado peruano asumió responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y se comprometió en un Acuerdo de Solución Amistosa a investigar y sancionar los casos de esterilizaciones forzadas.

“La fiscal no les cree a las víctimas, se limita a decir lo mismo que el anterior fiscal Guzmán Baca. No se valoran los testimonios de las mujeres, sin embargo cuando interrogaron a Fujimori tenían 18 preguntas, él respondió la primera negando que estas violaciones existieron y le creyeron, no le hicieron ni una pregunta más. Hay una evidente parcialización”, precisó.

Jorge Bracamonte, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestó que “la impunidad en este caso nos pone en una situación de precariedad jurídica que afecta a las mujeres víctimas de esterilizaciones y a todo el país”.

DEMUS, CLADEM, CRR, APRODEH y CEJIL, co-peticionarias en el caso Mamérita Mestanza ante la CIDH, rechazaron las resolución que niega una vez más, con fundamentos que contradicen principios fundamentales del derecho internacional penal y de derechos humanos,   justicia a miles de víctimas de esterilizaciones forzadas. Las organizaciones destacaron que esta decisión incumple los compromisos asumidos por el Estado en el caso de Mamérita Mestanza, y que estarán informando inmediatamente a la CIDH a fin de que exhorte al Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de justicia y reparación.

EL DATO
A la conferencia asistieron los congresistas del Frente Amplio, Marisa Glave, Indira Huilca, Tania Pariona, Horacio Zeballos y Richard Arce, quienes se comprometieron a apoyarlas am las víctimas y señalaron que si existe material probatorio que demuestre interferencia política en el caso por parte del fujimorismo, investigarán a fondo.