No hay justicia para las mujeres esterilizadas

31 ENE 2014

Uno de los mayores crímenes contra la humanidad cometidos en nuestra historia republicana, fue el de las esterilizaciones forzadas realizadas a mujeres pobres durante el gobierno de Alberto Fujimori a través del método de la Anticoncepción Quirurgica Voluntaria (AQV), que era parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.

En aquellos años, miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas fueron sometidas contra su voluntad y con engaños a intervenciones quirúrgicas que pusieron fin a su capacidad reproductiva, y en algunos casos a sus vidas. Estas acciones, que contaron con la anuencia, el silencio y en algunos casos hasta con la complicidad de las autoridades locales donde se perpetraron, fueron hechas en un contexto en el cual no era fácil denunciarlas para las mujeres que las sufrieron y sus familias, ya fuera por temor o intimidadas frente a un aparato estatal que no solo desplegaba estas campañas, sino además un política clientelista a través de sus diversos programas sociales.

Sin embargo, hubo mujeres valientes que decidieron recoger lo que era un secreto a voces en las zonas rurales, y contar su verdad. Con el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a denunciar esta violación a los derechos humanos de las mujeres; asimismo, la Defensoría del Pueblo emitió diversos informes que recogían las denuncias de las víctimas. Sin embargo, como la justicia peruana estaba bajo el control del poder político, el tema tuvo que ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condujo a un Acuerdo de Solución Amistosa en el año 2003, el mismo que obligaba al Estado peruano a adoptar medidas de reparación a las víctimas, investigar y sancionar a los responsables y adoptar medidas de prevención.

Desde el retorno de la democracia, las víctimas tuvieron la vana esperanza de lograr justicia, en especial con el ascenso al poder de Ollanta Humala que incorporó el tema e hizo una serie de promesas, en la fase final de su campaña electoral contra Keiko Fujimori. Sin embargo, en días recientes, el fiscal Marco Guzman Baca archivó la denuncia contra quienes fueron los responsables de esta política criminal, entre ellos el ex presidente Alberto Fujimori, quien purga prisión por delitos de corrupción y violaciones contra los derechos humanos, así como sus ex ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong.

Así, pasando por encima de los testimonios y declaraciones de decenas de mujeres entrevistadas por el Ministerio Público, el fiscal justifica su decisión en una supuesta falta de pruebas para abrir denuncia contra los verdaderos responsables de diseñar e implementar una política de Estado que establecía metas y realizaba festivales para convocar a las mujeres con tal fin, señalando que la única responsabilidad está en los médicos que realizaron las intervenciones quirúrgicas, asegurando la impunidad para Fujimori y sus ministros.

En Noticias SER queremos expresar nuestra indignación frente a una decisión que una vez más da la espalda a quienes fueron víctimas de una de las formas más atroces de violación de su dignidad y su integridad. Y una vez más nos solidarizamos con las más de dos mil mujeres a las que el Estado peruano, una vez más, les niega la posibilidad de acceder a la justicia, simplemente porque las sigue considerando como carentes de derechos y ciudadanía. Si aspiramos a ser una sociedad democrática, esta decisión de mantener en la impunidad y sin sanción tan graves crímenes, y la pasividad que año tras año demuestran los sucesivos gobiernos, solo confirman que cada día estamos muy lejos de lograrlo.

Fuente: Noticias Ser <http://www.noticiasser.pe/29/01/2014/nacional/ no-hay-justicia-para-las-mujeres-esterilizadas>

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