El Estado peruano deberá responder este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori. En la sesión que se realizará en Colombia participarán distintos grupos de la sociedad civil nacional e internacional quienes expondrán sus objeciones al beneficio otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a organizaciones de derechos humanos peruanas a una audiencia que se realizará el viernes 2 de marzo, como parte del 167 periodo de sesiones que tendrá como sede la ciudad de Bogotá, en Colombia.
A la audiencia denominada ‘Derechos humanos e indulto al expresidente Fujimori en Perú’ asistirán representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Estudio para la Defensa de los Derechos Humanos (DEMUS) y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR).
Además, debido a que el indulto a Fujimori ha despertado preocupación en toda la región respecto a actos de impunidad y el derecho al acceso de justicia de las víctimas, participarán también la Asociación Abuelas de Mayo (Argentina), -quienes se han manifestado contra el fallo judicial 2×1 que beneficia a militares condenados por torturas, desapariciones y asesinatos y otros exrepresores en Argentina-; así como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Fujimori fue indultado el 24 de diciembre de 2017, lo que ha motivado diversas protestas multitudinarias a nivel nacional e internacional. Se espera que la CIDH permanezca en su postura crítica al indulto al dictador Fujimori como lo hizo cuando señaló que “el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente resultar en una forma de impunidad, especialmente cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos (…) el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y otros excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad”.
Al respecto, las organizaciones de DDHH informarán sobre el contexto político en que se dio el indulto y los peligros de impunidad en investigaciones y procesos en curso contra el expresidente condenado por crímenes de lesa humanidad. Por su parte, DEMUS informará sobre el riesgo de impunidad en el caso esterilizaciones forzadas que espera resolución fiscal que denuncie a Fujimori, sus exministros y otros funcionarios insertados en la cadena de mando de un crimen perpetrado entre 1996 y el 2000 contra más de 200 mil mujeres y hombres, en su mayoría campesinas indígenas quechuahablantes en situación de extrema pobreza a quienes esterilizaron sin su consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, está pendiente de desarrollarse el juicio en contra del dictador por la masacre de Pativilca.
El derecho de gracia presidencial concedido por Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori es contrario a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos en tanto incumple con las cláusulas del Acuerdo de Solución Amistosa del caso emblemático de muerte por esterilización forzada de la cajamarquina Mamérita Mestanza, firmado por el Estado peruano en el año 2003 y en el que se reconoce graves violaciones de derechos humanos y se acepta como compromiso investigar y sancionar a los responsables de esa política de estado en contra de las mujeres.