Sala Penal permite que se politice juicio Manta y Vilca y revictimiza a denunciantes

Por los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno en el Perú

A dos años de cumplir el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, no podemos seguir negando que desde la época de la conquista a la del conflicto armado interno entre los años 80 y 2000, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres han sido campos de batalla y usados como arma y botín de guerra.

Durante el conflicto armado interno se cometieron delitos sexuales que configuran crímenes de lesa humanidad, en particular contra niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas campesinas, indígenas, en situación de pobreza. A la fecha, el Estado peruano ha registrado más de 6 mil víctimas, solo una ha alcanzado justicia.

Considerando que la reforma política, la reforma de justicia y la lucha anticorrupción están en disputa y amenazadas de forma permanente por aquellos que no quieren ser juzgados de forma proba, autónoma, e imparcial, por haber violado derechos humanos y cometido delitos de corrupción, debemos salir una vez más en defensa de los derechos de las 9 denunciantes en el juicio de Manta y Vilca.

En el marco del nuevo juicio oral, acaba de concluir la etapa de ofrecimiento de pruebas. Lamentablemente, el Tribunal que ha sido recusado sin sustento por los acusados y cuya continuidad ahora depende de la Corte Suprema, ha aceptado pruebas revictimizadoras, que no cumplen con los principios de pertinencia y utilidad, ni con las reglas de procedimiento y prueba en juicios de violencia sexual durante conflicto armado que configuran crímenes de lesa humanidad.

A pesar de nuestra oposición, han aceptado como testigo de la política antisubversiva del Estado al expresidente Alberto Fujimori, quien ha sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad en el marco de dicha política violatoria de derechos humanos: Caso Barrios Altos y La Cantuta. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde también ha sido aceptado como testigo. Recordemos, que las autoridades de los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori nunca han aceptado que hubo conflicto armado interno, así como violación a los derechos humanos y violencia sexual como política de Estado ejercida por militares.

Asimismo, han aceptado como testigos a otros militares de la base ubicada en la comunidad de Manta, con la intención de que estos hablen de las supuestas “relaciones amorosas” entre los denunciados y las víctimas.

Recalcamos que es irrelevante que se pretenda probar consentimiento en contexto de conflicto armado interno dónde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, cuyas principales características son el miedo, la falta de libertad y el uso de la fuerza y poder de los militares sobre las comunidades y sus habitantes. Exigimos al colegiado A de la Sala Penal Nacional que limite el interrogatorio a estos testigos a temas de contexto, más no de consentimiento.

Una vez más, debemos dejar claro que no se están juzgando violaciones sexuales como delitos comunes sino como una política sistemática que atacó y violó los derechos humanos de la población civil, en el contexto de conflicto armado. En el colmo de la negación de esto último, se ha aceptado como testigo de las supuestas “relaciones armoniosas entre militares y la comunidad” a quién tenía 3 años de edad en ese contexto.

Alertamos que el supuesto respeto a los derechos de la libertad y amplitud probatoria de los acusados, está violando derechos de las denunciantes en el nuevo juicio de Manta y Vilca.

En el contexto actual de negación e impunidad, donde aún no se resuelven los problemas que ameritan la reforma de justicia, no podemos quedarnos en silencio esperando a que, en la etapa de actuación de pruebas, el Tribunal haga lo correcto. En este contexto, toca reiterar la convocatoria de vigilancia ciudadana y exigibilidad al Poder Judicial.

SUSCRIBEN: DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de las mujeres, Asociación Paz y Esperanza, Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao AVEFLC, Asociación Humanidad Libre Arequipa, Asociación Mujeres Transformando Carabayllo – Las Karahuayllas, Bloque Universitario Feminista, CAAAP, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, CEAS, CLADEM Perú, CMP Flora Tristán, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, Centro de Desarrollo Andino – Sisay, Colectiva AQP Feministas, Colectivo Chola Contravisual, Colectiva Takana Warmi Tacna, Colectiva Manada Feminista, Colectiva Paro Internacional de Mujeres Perú, Colectiva Trenzar, Colectivo Sonqo Warmi Cusco, Colectivo LGTBQ Kaskhaniraqmi, Collera Red de productoras, creadoras y gestoras culturales, Comisión de Justicia Social, COSDEJ, CPM Micaela Bastidas Trujillo, FENMUCARINAP, Grufides, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas LIFS, La Comunal Casa Taller Feminista, Madres en Acción, Movimiento Manuela Ramos, Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional – MAM, Museo Itinerante Arte por la Memoria- Asociación Cultural, Fundacional, Munay Huancayo, Ni una Menos Cusco, ONAMIAP, Proyecto Amigo, Se Acabó el Silencio – Derecho PUCP, Vicaría de Jaén, Pascha Bueno-Hansen, Universidad de Delaware, EEUU, Jelke Boesten, King’s College London, Reino Unido, M. Cristina Alcalde, Universidad de Kentucky, EEUU. Sylvanna Falcón, Universidad de California, Amanda Meza DNI 07637931, Ayesha Dávila Torres DNI 4535247, Carol Castillo Cavero DNI 42628239, Cynthia Silva Ticllacuri DNI 42986884, Denisse Chavez Cuentas DNI 06633930, Germán Vargas Farías DNI 07563554, Giomaira G. Taipe Castro DNI 70872906, Gina Cedamanos Rodriguez DNI 07575215, Jennie Dador Tozzini DNI 07445292, Jessenia Casani Castillo DNI 40992527, Lisbeth Ramírez Ramírez DNI 41381574, Liz Ivett Meléndez López DNI 40817802, Luisa Zanabria Cuba DNI 06114437, Lisbeth Guillén Chávez DNI 09142296, María Ysabel Cedano DNI 08614053, Mariela jara salas DNI 08051392, Melissa Rocío Sánchez Esteban DNI 72735536, Micaela Tavara Orroyo DNI 45522956 , Milagros Ortiz Montufar DNI 10870942, Rosa Elena Sudario Manrique DNI 45839111, Sabrina Rodríguez Zevallos DNI 44889101, Sayda Lucas Aguirre DNI 09758439, Pamela Estela Moreno DNI 08678232, Patricia Inolopú Saldaña DNI 42977827, Victoria Villanueva DNI 07577824, Andrea Carrasco Gil DNI 70027341, Blanca Merino Vasquez DNI 25646024, Félix Rojas Orellana DNI 28311915, Lucía Mariel Santos Peralta DNI 72868570, Mariela Jara Salas DNI 08051392, Mayra Sánchez Hinojosa DNI 74134811, Mercedes Cruz Diaz DNI 29676448, Nadia Lazo Rivera DNI 72183610, Natalia Sofía Gago Hidalgo DNI 73641612, Paula Escribens Pareja DNI 41031283, Pamelhy Valle Chacaltana DNI 46923633, Teresa Berenice Cárdenas Barriga DNI 76625041, Valeria Sofía Mandujano Mogollón DNI 70608063, Rocío Silva Santisteban Manrique DNI 07822730



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