Sociedad civil exige ante la CIDH que Estado cumpla con reparación en educación en caso Mamérita Mestanza

Desde el 2018, el Estado no da respuesta a pedido de Almanzor Salazar para que pueda cursar estudios universitarios

El lunes 11 de noviembre se realizará una reunión entre el Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las organizaciones DEMUS, CEJIL, Centro de Derechos Reproductivos (CDR), CLADEM y APRODEH, copeticionarias del caso Mamérita Mestanza –Esterilizaciones Forzadas, por la pendiente reparación en educación.

Las organizaciones consideran preocupante que a la fecha no se conozca la postura del Ministerio de Economía respecto a la propuesta presentada por el Ministerio de Educación para que se incluya dentro del Decreto de Urgencia sobre el Presupuesto Nacional 2020, -que se aprobará a fines de noviembre-, la “subvención económica a persona natural”, lo que abrirá la posibilidad de que se cumpla con la medida de reparación en educación a Almanzor Salazar Mestanza, el menor de los hijos. El Ministerio de Educación también debe informar las medidas para que los demás hijos e hijas puedan ejercer la reparación tal como se dispone en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), firmado ante la CIDH por el Estado peruano en 2003, es decir, hace 16 años.

Almanzor Salazar culminó sus estudios secundarios en 2017. Desde entonces ha manifestado a autoridades del Ministerio de Justicia y de la CIDH, su interés de continuar sus estudios superiores. Sin embargo, el Estado aún no cumple con otorgar la beca educativa para que el joven pueda continuar su proyecto de vida.

En octubre de 2018 y febrero de 2019 durante reuniones de trabajo con la CIDH, el Estado peruano se comprometió a responder al caso de Almanzor Salazar, hijo de Mamérita Mestanza. Hasta ahora se espera respuesta.

PELIGRO DE IMPUNIDAD

Por otro lado, las organizaciones feministas y de derechos humanos copeticionarias alertan peligro de impunidad debido a las maniobras del exministro de Salud Marino Costa Bauer, quien ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso para que el Ministerio Público se abstenga de continuar o disponer cualquier investigación o procedimiento fiscal del caso en el que se denunció como autores mediato al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y el propio Costa Bauer.

De otro lado, la denuncia de 1316 mujeres se encuentra en el Poder Judicial. El día 9 de diciembre el Ministerio Público sustentará la denuncia contra los presuntos responsables ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.

DEMUS, CEJIL, Centro de Derechos Reproductivos (CDR), CLADEM y APRODEH colocarán esta agenda en la reunión de trabajo con las autoridades peruanas y de la CIDH.



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