¡Tenemos derecho a decidir! ¡Exigimos respeto al estado laico!

Las organizaciones, colectivos y mujeres que a través de la Campaña Déjala Decidir impulsamos el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual, deploramos el archivamiento de esta iniciativa ciudadana por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, cuya mayoría usó argumentos ajenos a la legalidad, los derechos humanos y las evidencias científicas, vulnerando la laicidad del Estado establecida en la Constitución.

Lamentamos el irrespeto a la Ley de Participación Ciudadana bajo la cual presentamos la iniciativa y valoramos la presión de la ciudadanía y de algunos/as congresistas pues contribuyó a que se cumpla con la presencia de nuestras representantes para la sustentación y posterior debate, que sin embargo se dirigió desde la presidencia de la Comisión de manera irregular y sin equidad.

Pasando por alto la demanda de 64,261 ciudadanas/os que respaldaron el proyecto N° 03839/2014-IC, este grupo congresal inclinó la balanza hacia las creencias religiosas de la mayor parte de sus integrantes, apartándose del mandato que le impone la función pública de actuar conforme a las normas nacionales y las obligaciones de los tratados internacionales de derechos humanos, e ignorando las opiniones técnicas favorables de distintas entidades del Estado, sociedades médicas e instituciones especializadas en salud.

Como actoras de la sociedad civil y ciudadanas:

• Rechazamos y lamentamos el desempeño antidemocrático del titular de la Comisión, Juan Carlos Eguren, por la falta de equidad y profundidad en el debate, y favorecer una mayor presencia de grupos vinculados a anti derechos, algunos de los cuales calumniaron a las organizaciones de la Campaña Déjala Decidir.
• Expresamos nuestra indignación ante la indolencia del Congreso para atender la terrible realidad que cada año enfrentan las mujeres víctimas de violación sexual, quienes se ven expuestas a una maternidad forzada o a un aborto inseguro y clandestino.
• Recordamos que el 75% de las víctimas de violación sexual son menores de edad, atacadas en su mayoría por alguien de su entorno cercano. El 34% ha resultado embarazada a causa de este hecho violento sin que el Estado les garantice las condiciones para que puedan decidir sobre esa gestación impuesta, y por el contrario, las obliga a sostenerla.
• Denunciamos que esta indiferencia estatal, a la que se ha sumado la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, implica para estas niñas y adolescentes vivir una maternidad forzada que las empuja al aborto inseguro, causante del 29% de muerte materna de esta población, y al suicidio como resultado de sus niveles de angustia y depresión.
• Exigimos garantías para la vida y salud física y mental de las niñas y adolescentes peruanas quienes tienen derecho a una vida digna, al respeto de sus decisiones, y a recibir atención integral de calidad en los servicios públicos de salud tanto si optan por la interrupción de los embarazos como por continuarlos.
• Esperamos que en las próximas elecciones, la ciudadanía apueste por autoridades democráticas y en cuya preocupación se encuentre la búsqueda del respeto y reconocimiento de las libertades fundamentales; pues de esta forma podremos garantizar un país más igualitario y seguro.

Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, nos afirmamos en la digniad, libertad y autonomía de nuestras vidas en un país democrático y laico, aspiración que continuará motivando nuestras luchas para contribuir a una sociedad con justicia social, sin violencia ni discriminaciones.