Víctimas y familiares del caso de esterilizaciones forzadas exigen que juez cumpla en definir investigación judicial este 17 de noviembre

Activistas de la plataforma Somos 2074 y muchas más junto a otras colectivas de derechos humanos se reunieron este fin de semana en dos intervenciones para representar el clamor de justicia de Celia Ramos, Mamérita Mestanza y miles de víctimas del caso de esterilizaciones forzadas.
Ellas exigieron que el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado del Poder Judicial, Rafael Martín Martínez, cumpla con su palabra y defina si abrirá o no investigación judicial a Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y el actual congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, implicados en este crimen de lesa humanidad.
“Las evidencias y pruebas en estos casos y las más de 1300 denuncias sustentadas por la fiscalía ameritan que el juez Rafael Martín Martínez abra investigación judicial por delitos que configuran crímenes de lesa humanidad”, destacó María Ysabel Cedano, abogada de Demus.
La audiencia de este miércoles será la octava desde que empezó la lectura. En la audiencia del 25 de octubre, el juez Rafael Martín Martínez aseguró que en dos sesiones más definirá si abre o no investigación judicial. Esa fecha se cumplió el lunes 8 de noviembre, pero el juez lo ha postergado una vez más y ahora será el 17 de noviembre a la 1:00 p. m.
“Las víctimas, sobrevivientes, familiares y defensoras de derechos humanos exigen que el juez cumpla con su palabra y que este 17 de noviembre comunique si abrirá investigación judicial sin más demora”, añadió.
Entre 1996 y el 2000, se registraron más de 300 mil casos de esterilizaciones forzadas, en su mayoría mujeres indígenas quechuahablantes, analfabetas, en situación de pobreza y pobreza extrema. En 2018, el Ministerio Público, interpuso la denuncia por el caso de 1,307 agraviadas y agraviados contra el expresidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, entre otros implicados.
La política de esterilizaciones forzadas se ejecutó a través de una serie de medidas desde inicios del gobierno de Alberto Fujimori.
Al inicio del Programa Nacional de Salud reproductiva y planificación familiar, entre los años 1996 y 1997, las leyes y normas técnicas no garantizaban adecuadamente el derecho al consentimiento.
Además, desde junio de 1997 hasta mayo de 1999, la Defensoría del Pueblo ha conocido e investigado un total de 157 casos sobre presuntas irregularidades en la aplicación del Programa de Salud Reproductiva-Planificación Familiar 1996-2000, a cargo del Ministerio de Salud.
Estos actos evidencian la política de esterilizaciones forzadas que existió durante el gobierno de Alberto Fujimori y que hasta hoy, miles de víctimas y denunciantes no encuentran verdad, justicia ni reparación integral.