Frente a las persistentes desigualdades de género que se viven en nuestro país y los impactos de un modelo económico que privilegia el extractivismo, muchas mujeres peruanas desarrollan una activa actuación como defensoras del territorio y del ambiente, y en esa labor ven afectados sus derechos humanos. Esta situación fue expuesta el viernes 13 de octubre por la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en las pre-sesiones de la 28 Sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU), en la Oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra. La Representante de Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer también acompaña esta delegación de sociedad civil.
El objetivo de estas pre-sesiones es brindar a las representaciones diplomáticas de los Estados que evaluarán al Perú en noviembre, información sobre la situación de derechos humanos, así como los avances y retrocesos en esta materia.
La representante de la CNDDHH presentará información sobre la situación de las defensoras y la urgencia de aprobar una política pública para su protección integral tomando en cuenta la violencia de género que sufren las mujeres cuando desarrollan una labor de defensa.
Asimismo, exigirán respuesta adecuada del sistema de justicia frente a estos casos, tanto en la tipificación de esta violencia de género en conflictos sociales en el marco de la ley N° 30364, como la erradicación de los prejuicios y estereotipos de género en el desarrollo de la investigación y juzgamiento, para evitar situaciones de impunidad tal como sucedió en la denuncia interpuesta por la defensora cajamarquina Máxima Acuña.
Ana María Vidal, representante de la CNDDHH, plataforma que integra a 82 organizaciones peruanas de la sociedad civil, expresó su preocupación de que el Estado peruano tenga más de un año emitida la Resolución Viceministerial RVM- 007-2016-JUS, que establece la elaboración de un protocolo de atención a defensores y defensoras, y que hasta la fecha no se tenga ningún avances en su implementación, a pesar del permanente reporte de casos de violencia contra defensores/as que se da en el país, especialmente en los contextos de conflictividad social. Indicó además, que urge no solo un protocolo de atención si no el impulso de una política pública nacional de protección integral a defensores/as.
Por su parte, Maria Ysabel Cedano, directora de Demus, señaló: “Es importante comprender y estar alertas a la violencia de género en los conflictos sociales, modalidad que afecta principalmente a mujeres de pueblos indígenas, andinas y amazónicas y que tiene por objeto anular su labor de defensa a través de actos difamación, agresión física, violencia sexual, hostilización y criminalización”
La CNDHH, DEMUS, AIETI, Entrepueblos y el CMP Flora Tristán recordaron que la violencia de género en conflictos sociales también está reconocida en la ley N° 30364 y en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021, por lo que demandaron al Estado peruano la urgente implementación adecuada de estas normas y políticas para garantizar el derecho de las defensoras del territorio. Estas organizaciones vienen impulsando la campaña “Defensoras No Están Solas” que tiene por finalidad demandar la aprobación e implementación de políticas públicas de protección integral a defensores/as, así como de que se garantice el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres.
