Investigación ahora estará a cargo de Primer Juzgado Penal Nacional
Alberto Fujimori y sus exministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta son denunciados ante el Primer Juzgado Penal Nacional como autores mediatos de la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en contexto de graves violaciones a los derechos humanos en los casos de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y otras tres víctimas mortales, por la política de Esterilizaciones Forzadas implementada su gobierno entre los años 1996 y 2000.
También se les denuncia por lesiones graves a Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2164 denunciantes.
La denuncia fue formalizada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima a cargo de Marcelita Gutierrez Vallejos. Como se recuerda, el 25 de abril de este año, el fiscal superior Luis Landa ordenó la formalización de la denuncia ante el Poder Judicial.
Las denunciantes han esperado más de 20 años para hallar justicia. Hace más de 15 que esperaban que la fiscalía formalice denuncia ante el Poder Judicial, que ahora estará a cargo de la investigación que debe avanzar hacia un juicio oral.
“Nosotras tanto hemos caminado esperando justicia y ahora exigimos que el Poder Judicial agilice y no nos haga esperar otros 20 años. Fujimori, sus ministros y las autoridades responsables de esos años tienen que ser sancionados porque han vulnerado nuestros derechos. Se han aprovechado de mujeres que muchas no sabían leer ni escribir, tienen que hacerse responsables de lo que nos han hecho”, manifiesta Inés Condori de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, Cusco.
Rute Zuñiga, presidenta Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta (Cusco). “Quiero saludar el esfuerzo de las primeras mujeres denunciantes de Anta y las que siguieron y que ahora son casi todo el país. Han sido años de marchas de sacrificios, de discriminación e injusticia. Después de 20 años, ya se dio el paso de la denuncia. Ahora queremos que se avance hasta encontrar justicia”.
Este es un caso emblemático de ataque generalizado y sistemático que el Estado peruano y el gobierno de Fujimori cometió contra más de 200 mil mujeres en su gran mayoría indígenas, andinas y amazónicas, pobres y de zonas rurales; violentando su derecho a decidir.
“Esperamos que el juez a cargo acelera este proceso de investigación, hemos esperado 20 años y sabemos que el fujimorismo aún tiene vínculos en el Poder Judicial, que es lo que hemos visto con el destape de la corrupción. Nosotras vamos a seguir luchando por justicia y reparación”, señala María Elena Carbajal, integrante de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima que agrupa a más de 300 víctimas.
SE DEBE GARANTIZAR DEFENSA PÚBLICA
Milton Campos, abogado de DEMUS para los casos de la sobreviviente Victoria Vigo y las fallecidas a consecuencia de esterilización forzada Mamérita Mestanza y Celia Ramos, sostuvo que ahora el juez del Primer Juzgado Penal Nacional debe darle prioridad al caso, señalar pronto una fecha para que la fiscal Marcelita Gutierrez sustente la denuncia y se presenten los cargos.
“Esperamos que el Poder Judicial sea comprensivo con las más de dos mil denunciantes y las convoque pronto y en los juzgados más cercanos a donde viven, que el Ministerio de Cultura pueda ofrecer traductores en las zonas y el Ministerio de Justicia les garantice defensores públicos especializados, además de ser insistentes con los pedidos de información a las direcciones regionales de salud y al propio Ministerio de Salud”, sostuvo Campos.
Las copeticionarias del caso Mamérita Mestanza, como son CLADEM, CEJIL, Centro de Derechos Reproductivos, DEMUS, APRODEH, así como el Grupo de reparaciones de esterilizaciones forzadas (GREF) de la CNDDHH, reconocen este hito de justicia como logro de las víctimas organizadas, las denunciantes y los movimientos feministas y de derechos humanos; y se reafirman en que se mantendrán vigilantes para que el juez a cargo actúe de forma imparcial y diligente.
Lima, 12 de noviembre de 2018